Justo la semana pasada hablábamos del tema de “la citación a Maru y su fiscal Jáuregui al Senado”, que debió haber ocurrido este martes 28 de abril, cita a la cual no acudió. Tan solo cinco días después, la noticia ya es otra: la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, acusado de nexos con el narcotráfico.

Por lo anterior, propios y extraños —tanto simpatizantes de la 4T como opositores— no dejan de relacionar ambos temas, a partir de que se llamó a la gobernadora al Senado para que explicara la presencia de agentes de Estados Unidos (que la prensa norteamericana ha identificado como pertenecientes a la CIA).

Todo parecía indicar que el caso se le complicaba a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, pues tuvo que crear una comisión investigadora a cargo de la fiscal de la Mujer, Wendy Chávez, y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia. Incluso, este lunes 27 de abril, justo un día antes de que debía ocurrir la comparecencia de Maru en el Senado, el tema de la mañanera fue la renuncia del fiscal de Chihuahua y la investigación que ya había iniciado la FGR.

La presidenta de la República incluso señaló que esa comisión creada por Maru Campos no detendría la investigación federal a cargo de la FGR, que sería la instancia encargada de indagar sobre la presencia de los agentes norteamericanos.

Pasó el martes y la gobernadora de Chihuahua no asistió al Senado, como su propio partido había afirmado que lo haría. Ella declaró que no tenía por qué rendir cuentas ante el Senado, pues se debía únicamente a los chihuahuenses. Al día siguiente, la noticia que corrió como reguero de pólvora fue que Estados Unidos estaba solicitando la extradición del gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Lo extraño de esta petición de extradición es que, contrario a lo que ocurre normalmente —donde estas solicitudes son información reservada—, el propio gobierno de Estados Unidos lo hizo público.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República, instancia encargada de ejecutar las solicitudes de extradición, emitió un comunicado informando que no había pruebas suficientes para proceder con la solicitud de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa.

Por supuesto, la oposición y diversos medios informativos críticos de la 4T montaron rápidamente la narrativa: la 4T protege a delincuentes y narcotraficantes. Surgió entonces la campaña: Maru Campos combate al narco y la 4T los protege.

La propia gobernadora Maru Campos declaró el jueves que ahí estaban, con ficha roja de Estados Unidos, quienes querían que ella acudiera a declarar al Senado. El tema provocó un acalorado debate en el Senado, donde panistas y miembros de la oposición la presentaban como heroína, mientras calificaban como delincuentes a integrantes de la 4T.

Paralelamente, en medios de comunicación, incluso entre comunicadores críticos del gobierno, se comenzó a relacionar la solicitud de extradición y la acusación pública con la reacción del Gobierno mexicano ante el descubrimiento de la presencia de agentes norteamericanos en el país, pasando por la citación a Maru Campos.

En la mañanera de este jueves 30 de abril, todos esperaban la postura de la presidenta respecto a la petición de extradición del gobernador de Sinaloa y la respuesta de la FGR sobre la imposibilidad de proceder por falta de pruebas.

La respuesta fue clara: no existen pruebas contra el gobernador de Sinaloa para atender la solicitud de extradición. Incluso se mostraron los elementos en los que se basa Estados Unidos: un pedazo de papel con nombres y montos escritos a mano, supuestamente relacionados con pagos del crimen organizado.

La presidenta reafirmó su compromiso de colaborar, pero siempre con pruebas y con respeto a la soberanía mexicana. Por ello, se espera la respuesta del gobierno norteamericano, así como su reacción. Algunos temen que Donald Trump pueda ordenar el despliegue de agentes armados en México para detener a los acusados, incluyendo a un senador del estado de Sinaloa que colaboró en el gobierno de Rubén Rocha Moya.

¿Usted qué considera que debería hacer la presidenta? ¿Debería acceder a la petición de Estados Unidos aun sin pruebas, o debería investigar la existencia de dichos vínculos y, de confirmarse, proceder a retirarle el fuero al gobernador y extraditarlo como lo solicita Estados Unidos?

Se trata de una situación compleja para la presidenta Claudia, quien el mismo jueves señaló en la mañanera que aún no se aclaraba lo ocurrido en Chihuahua respecto a la presencia de agentes norteamericanos, como si sugiriera —sin afirmarlo directamente— que ambos eventos podrían estar relacionados.