La verdad siempre nos hace libres. Por ello, ninguna sociedad puede deliberar, corregirse o gobernarse a sí misma cuando las condiciones para el debate público comienzan a restringirse o, peor todavía, cuando el acceso a la verdad depende de un solo poder.
La iniciativa impulsada por el gobierno federal en los últimos días bajo el argumento de proteger los llamados "derechos de las audiencias" es sumamente preocupante. Porque más allá de su denominación, la discusión de fondo es si el poder político puede convertirse en árbitro privilegiado de aquello que los ciudadanos deben considerar verdadero, falso o aceptable.
Soy una convencida de que toda democracia descansa sobre un principio elemental: ningún poder debe concentrar simultáneamente el ejercicio del gobierno y la facultad de determinar cuáles voces son legítimas y cuáles deben ser sancionadas o censuradas; en otras palabras, el gobierno no puede ser protagonista, juez y parte del debate público.
Hoy hay quienes olvidan que las democracias liberales nacieron precisamente para evitar esa concentración. El riesgo que no quieren que veamos consiste en que el gobierno en turno se convierta en el intérprete oficial de nuestra realidad. Porque cuando una autoridad pretende definir el perímetro de la verdad, el pluralismo comienza a retroceder y, con él, la libertad de todos.
El más reciente informe del Latinobarómetro ha mostrado que la confianza en las instituciones continúa debilitándose y que la simpatía por gobiernos autoritarios va en aumento. Este diagnóstico nos recuerda que la democracia no sobrevive únicamente por la celebración de elecciones; necesita ciudadanos libres, instituciones independientes y una conversación pública abierta.
Una prensa libre y una ciudadanía crítica son condiciones que hacen posible la vida democrática, no su amenaza. Y el Estado debe defender dichas condiciones, no administrarlas a su criterio.
Durante los últimos años la vida pública mexicana ha estado marcada por la polarización permanente y por la descalificación sistemática de quienes piensan distinto. Todos los días vemos cómo en tribunas oficiales se señala al que piensa distinto: periodistas, analistas, jueces, organizaciones civiles y ciudadanos críticos son descalificados moralmente y convertidos en adversarios del régimen, en traidores de la patria.
Al mismo tiempo, observamos una preocupante indulgencia frente a hechos que deberían exigir toda la fuerza del Estado. Gobernadores emanados del partido oficial que enfrentan señalamientos públicos e investigaciones de gravedad sin que ello implique un deslinde político proporcional.
Esta contradicción resulta especialmente delicada en un país donde ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo. México permanece entre los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, y organismos internacionales advierten reiteradamente que la violencia, la impunidad y las presiones contra periodistas continúan deteriorando las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
En resumen, durante años disentir ha sido y sigue siendo presentado como una forma de traición. Y hoy estamos a punto de que esta práctica encuentre respaldo institucional mediante mecanismos que permitan al propio poder influir sobre los límites del debate público, sobre lo que es verdadero y lo que es opinable.
Hace más de medio siglo, don Manuel Gómez Morín advirtió que México atravesaba una profunda deserción de la vida pública. Frente a ese deterioro, él propuso reconstruir un recto concepto de la persona, del Estado, de la autoridad y de la nación. De esa convicción nació el humanismo político que orgullosamente representamos en Chihuahua, una tradición que comprende muy bien que la autoridad sólo encuentra legitimidad cuando está al servicio de la persona y nunca por encima de ella.
Hoy nos encontramos nuevamente frente a una disputa por el sentido de la vida pública. Las inclinaciones autoritarias reaparecen bajo nuevos lenguajes y con nuevas justificaciones.
Defender la libertad de expresión significa impedir que el poder sustituya el juicio de los ciudadanos. Significa preservar el espacio donde cada persona pueda buscar libremente la verdad, contrastarla y deliberar sobre ella. Como escribió el propio Gómez Morín, la tarea permanente consiste en garantizar "la infatigable supervivencia de la verdad" y, con ello, permitir que cada mexicano vuelva a tomar en sus manos "su propio destino, intransferible e inexpropiable".
Es importante recordar que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Más bien, retroceden lentamente: cuando las instituciones pierden autonomía, cuando la crítica comienza a incomodar más que la realidad, cuando el poder deja de aceptar límites y cuando la verdad comienza a depender de quien gobierna.
Desde Chihuahua seguiremos defendiendo otra manera de hacer política. Una política que no le teme a la verdad porque comprende que la verdad fortalece a las instituciones. Una política que no necesita censurar para convencer ni desacreditar para gobernar. Una política que no convierte a sus ciudadanos, por críticos que sean, en sus enemigos.
Una patria verdaderamente libre y democrática es aquella donde la verdad puede buscarse sin miedo, donde las diferencias pueden expresarse sin censura y donde ninguna autoridad es más grande que la dignidad de las personas. Esa es la patria que debemos defender. Y esa es, también, la patria que vale la pena heredar.