El jueves “aparecieron” al menos 4 espectaculares con la frase “Muerte y Morena es lo mismo” con la autorización de la autoridad electoral y claro que la dirigencia del Partido Acción Nacional de inmediato arreció con esta estrategia mediática como modelo de comunicación para posicionar su narrativa…

La ofensa no podía quedarse sin respuesta, y a las declaraciones del fin de semana seguramente en los próximos días vendrá toda una ofensiva oficial… es decir, una polarización extrema que puede acarrear consecuencias preocupantes.

Debe quedar en claro que la seguridad pública no puede convertirse en un campo de batalla electoral.

Cuando los gobiernos utilizan la violencia para golpear al adversario, o cuando la oposición convierte cada hecho delictivo en una herramienta de desgaste, el resultado no es mayor seguridad: es menor coordinación, más desconfianza institucional y, claro, mayor vulnerabilidad para los ciudadanos.

En México llevamos más de 25 años comprobando una verdad incómoda: ningún partido político ha encontrado la fórmula definitiva para resolver el problema de la inseguridad; han gobernado el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional; se han creado policías federales, desaparecido corporaciones, fortalecido al Ejército, creado la Guardia Nacional, modificado fiscalías, construido centros de inteligencia y desplegado miles de cámaras… sin embargo, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos.

El problema, por tanto, no puede reducirse a una cuestión de colores partidistas, y menos a ocurrencias que no ayudan en nada.

Porque tal vez a la presidenta del PAN Daniela Álvarez le pueda parecer un “contenido viral” el video que acompaña la estrategia en el que con inteligencia artificial señala a sus adversarios políticos como responsables de la violencia en la entidad, pero lo que ha logrado es entrar a un callejón sin salida, donde el “lodo” que esparce la puede manchar.

Están entrando a un callejón sin salida en uno de los mayores riesgos de convertir la seguridad en un arma política.

Durante los últimos 25 años, la falta de coordinación entre policías municipales, estatales y federales ha sido uno de los obstáculos estructurales para enfrentar al crimen organizado. No se trata solamente de falta de recursos. También existen rivalidades institucionales, diferencias políticas, celos por el control de información, cambios de mandos, investigaciones que no se comparten y estrategias que se modifican cada vez que cambia un gobierno… y claro, corrupción y alianzas con el crimen organizado.

En Chihuahua ya sabemos que sucede cuando los políticos prefieren lazarse la “bolita” a entrarle a solucionar los problemas.

Desde la crisis de seguridad que golpeó a la estado y principalmente a Ciudad Juárez, la entidad ha experimentado distintas fórmulas para enfrentar al crimen: operativos conjuntos, fortalecimiento de policías estatales y municipales, cooperación con fuerzas federales, inversión tecnológica y creación de sistemas de inteligencia, pero aún no se puede pensar en una solución de fondo, sigue siendo la frontera uno de los lugares con más homicidios y ahí la responsabilidad es de los tres órdenes de gobierno.

No hay duda que la coordinación tiene que ser permanente, institucional y acompañada de inteligencia, investigación y procuración de justicia.

La discusión que sube de tono en Chihuahua vuelve a colocar este asunto en el centro del debate político.

Maru Campos ha defendido su estrategia de seguridad, ha presumido inversiones importantes y ha sostenido que existen avances en determinados indicadores. Al mismo tiempo, desde sectores de oposición y desde distintos espacios políticos se ha cuestionado la situación de violencia y se ha exigido una mayor intervención federal.

Así han aparecido discursos que trasladan la discusión de los resultados de seguridad hacia la confrontación política entre el Gobierno estatal y la Federación. Ambas partes, PAN y Morena, o Gobierno Estatal y Federal, pueden tener argumentos políticos y estar equivocándose en la manera de abordar la seguridad.

Es claro que el Gobierno estatal tiene la obligación de rendir cuentas. No puede utilizar la coordinación como argumento para evitar críticas ni presentar cada cuestionamiento como un ataque político.

Pero el Gobierno federal tampoco debería utilizar los problemas de seguridad de Chihuahua como instrumento para debilitar políticamente a una administración de otro partido.

El caso Chihuahua adquiere todavía mayor complejidad por la cooperación con autoridades estadounidenses y por las controversias que se han generado alrededor de la participación de funcionarios extranjeros en operaciones contra el crimen organizado.

Ese episodio demostró que la seguridad ya no puede analizarse exclusivamente desde la lógica local. Chihuahua es estado fronterizo, territorio estratégico para el tráfico de drogas y una pieza fundamental en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.

La discusión sobre la presencia o participación de agentes extranjeros debe resolverse con transparencia, legalidad y responsabilidad institucional, no mediante acusaciones partidistas. La propia controversia generó cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación y autorización de este tipo de cooperación.

Así las cosas, se debe entender que la seguridad no pertenece al PAN, al PRI ni a Morena.