En cualquier democracia desarrollada del mundo, sobre todo en las europeas, cuando hay un asunto trascendental por resolver por las cámaras legislativas y está próxima la siguiente elección, se le deja a la siguiente legislatura, que es, en esencia, dejar en manos del electorado la resolución.

También es cierto que en una democracia sometida a un acoso autoritario, como lo está la mexicana, se puede caer en la tentación de emular los procedimientos y acciones de la fuerza política que pretende avasallar, copar —colonizar, se le denomina ahora— a todas las instituciones encargadas de ser los necesarios contrapesos que le impidan a esa fuerza política hacer pedazos a la incipiente democracia (electoral) que estábamos, poco a poco, construyendo.

De ahí que se deplore el intento —imposible saber si lo puedan concretar— de los grupos parlamentarios del PAN y de MC de aprobar, se supone que en modo fast track, la iniciativa mediante la cual se apruebe la autonomía de la fiscalía estatal, para que, en adelante, la designación de quien ocupe la titularidad de la misma, sea por el voto calificado (2/3) de los diputados presentes al momento de la votación.

A un mes y medio del inicio del proceso electoral local, en el que se elegirá, además de la gubernatura, a los integrantes del Poder Legislativo del Estado, del que emergerá, con toda seguridad, una distinta composición de las fuerzas parlamentarias en el Congreso local que, paradójicamente, podrá parecerse mucho a la actual, pero que podrá ser distinta por muy escaso margen, por aquello de los partidos minoritarios, que podrían ser diferentes, en sus porcentajes, a los de ahora.

Y si es así, obtener una mayoría calificada para la designación de los diversos funcionarios, de las dependencias e instituciones que así se requiriera, no se podrá lograr si continúa la tendencia que hasta ahora han mantenido las fuerzas mandonas en Chihuahua, la de no alcanzar consenso en prácticamente nada.

Todavía hasta antes de 2018, con muchos problemas y muchos asegunes, pero en los hechos y en la legislaciones se estableció que el nombramiento de funcionarios como el que ahora se comenta debiera ser por mayoría calificada; porque se buscaba, teóricamente, que la persona designada recibiera la aprobación de la mayor cantidad de fuerzas políticas posible, lo que garantizaría de mejor manera —eso se pensaba— que poseyera el mejor perfil para ese cargo.

Fruto de esa forma de pensar se establecieron mecanismos que buscaron una mayor participación de los sectores sociales, interesados y/o capacitados en la materia para que los candidatos pasaran por filtros que ayudaran a la designación de los mejores en los cargos.

De ahí que la designación del Fiscal General de la República pase por un proceso en el que los aspirantes se inscriben en el senado y éste elabora una lista, aprobada por mayoría calificada en ese órgano legislativo, de 10 aspirantes.

Esa lista se le envía al titular del Poder Ejecutivo, quien elabora una terna, de la cual el senado deberá elegir, también por mayoría calificada, al nuevo fiscal.

Lo que ahora proponen panistas y emecistas en el ámbito local es que sea el titular del Poder Ejecutivo quien proponga una terna, sin que los integrantes de ésta hubiesen pasado por filtro alguno.

En lo único que coincide esta propuesta con el método de designación a nivel federal es que la elección sea por mayoría calificada, pero adolece de la necesaria participación ciudadana.

Y si esto es de ese modo, por supuesto que las suspicacias están sustentadas, lo hacen porque ahora se tiene la posibilidad de alcanzar esa mayoría y que, quizá, en la próxima legislatura no suceda así.

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