-Policías en pleito y ‘Los Esquivel’ felices

-Lideresa sindical con hijos jefes de división

-Expedidas cédulas de Loya el mismo día

Este viernes, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua dará un paso enfrente rumbo a las elecciones del próximo año. La dirigencia blanquiazul nacional hará oficial lo que desde hace semanas se sabe: Marco Bonilla candidato a gobernador; y Daniela Álvarez candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez.

Serán convertidos en los primeros perfiles adelantados dentro de las definiciones rumbo a 2027.

El anuncio no será menor. La presencia de Santiago Taboada, secretario de Acción Política, del Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul, confirma que no se trata solamente de un movimiento local, sino de una decisión que tiene el respaldo y la atención de la estructura nacional del partido.

Así, el PAN comienza a ordenar sus piezas formalmente. Durante los últimos meses, las filas de la unidad panista se han ido cerrando alrededor de ambas figuras.

Bonilla y Álvarez, cada uno desde su respectivo territorio, han venido construyendo presencia, resultados y cercanía, pero también han sabido respetar los tiempos y las formas que marca su partido.

En el caso de Bonilla, su gestión al frente de la capital ha servido como plataforma natural para proyectar un perfil que ya no solamente habla de Chihuahua capital, sino de una visión estatal.

La evaluación de su gobierno, su exposición pública y la construcción de relaciones políticas dentro y fuera de la ciudad lo han colocado, desde hace tiempo, en la conversación sucesoria.

Del otro lado, Daniela Álvarez representa una carta con la que Acción Nacional busca fortalecer su presencia en Ciudad Juárez, donde la competencia electoral tendrá, sin duda, una importancia estratégica para cualquier proyecto estatal.

Este viernes, más que presentar formalmente dos nombres, el PAN estará enviando un mensaje de certeza hacia dentro y hacia fuera de sus filas. La contienda de 2027 todavía está lejos, pero para los partidos políticos el calendario ya comenzó.

Y mientras los morenos siguen discutiendo cuándo será el momento adecuado para mover sus piezas, Acción Nacional parece decidido a dejar claro que sus primeras cartas ya están sobre la mesa.

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Tenía que salir y salió el peine en el conflicto entre policías municipales de Chihuahua y de Santa Eulalia, registrado en el contexto de una persecución contra presuntos sicarios que comenzó en los límites de la capital y siguió hasta el vecino Aquiles Serdán.

Resulta que hay un pequeño grupo criminal identificado como “Los Esquivel”, por el apellido que comparten los líderes del mismo, padre e hijo, con operaciones en las colonias de la periferia de ambas localidades vecinas.

De esa célula, según reportes de inteligencia, serían los atacantes que dispararon el miércoles al mediodía en contra de policías encubiertos de Chihuahua, cerca de un autolavado ubicado en las cercanías del Cereso de Aquiles Serdán, lo que derivó en una persecución de la cual dimos cuenta ayer en este mismo espacio.

Pues bien, ese operativo de la Policía Municipal fue obstruido, al parecer deliberadamente, por los policías de Santa Eulalia, con el pretexto de que las patrullas de la capital no estaban rotuladas.

Los presuntos sicarios que atacaron a los agentes capitalinos, gracias a la oportuna y brillante intervención de sus compañeros aquilenses, pudieron huir.

“Los Esquivel” seguramente se pusieron felices de la vida al tener ese apoyo de los municipales de su terruño, quienes, después se supo, tuvieron un enfrentamiento a empujones y golpes con los de Chihuahua, en las calles de las orillas de Vistas de San Guillermo, según un video captado desde alguna casa o local comercial, el cual circuló en redes sociales (y de eso dimos cuenta ayer en nuestra edición digital).

De ese tamaño el espectáculo: crimen bien organizado y policías desorganizados, por decir lo mínimo. Porque si en la capital dicen que los agentes de Aquiles Serdán trabajan para la delincuencia, allá aseguran lo mismo de los municipales de Chihuahua, a algunos de los cuales les gusta mucho “jugar” en los límites de la ciudad al lado de Gente Nueva u otras facciones de las varias existentes aquí del Cártel de Sinaloa.

El caso es que, para fines prácticos, una agresión a balazos contra policías de Chihuahua, por fortuna sin víctimas, acabó en la impunidad de los agresores, gracias a que otros agentes se pasaron de torpes... o de vivos.

Imposible limitar el hecho, de escándalo en ambas corporaciones, a una simple falla de coordinación, como fue la versión oficial; instancias superiores estatales y federales deben haber tomado nota de lo que existe de fondo, suponemos.

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Una financiera que mantiene con la bota en el cuello a los trabajadores y una empresa funeraria que vende paquetes gremiales aparecen como las patrocinadoras de la campaña con la que se reeligió Sofía Calzadillas como dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud.

Tras la elección del pasado 31 de julio, en la que se alzó con el triunfo la planilla de Calzadillas y Óscar Felipe Vázquez, no han cesado las quejas por acciones indebidas contra los más de tres mil empleados sindicalizados, quienes deberán aguantar una dirigencia hasta 2030.

El grupo dominante dejó en el camino de las urnas a la planilla naranja, integrada por Edgar Nevárez Martínez y María Martina Piñera; a la turquesa de Magda Flores Hernández y Mariel Salgueiro Payán; y a la amarilla, encabezada por Ever Osorio Gastélum y Rocío Núñez Castellanos.

El problema fueron las acciones previas: amenazas directas y veladas de pérdidas de beneficios, derechos o privilegios ganados, si no quedaba en la dirigencia el mismo grupo, que debe tener muchos intereses en esa financiera que da préstamos a empleados del Gobierno y esa funeraria que paga buenas comisiones por la venta a fuerzas de paquetes mortuorios para trabajadores y sus familiares.

Pero ahora la bronca actual son los reclamos contra una elección amañada y los indebidos privilegios que, como dirigente sindical eterna, ha logrado Calzadillas, como plazas de jefes de división para sus hijos, con suelditos que rebasan los 25 mil pesos quincenales, los más altos en el gremio de los trabajadores de la salud sindicalizados.

Por si fuera poco, los trabajadores del Ichisal reclaman que los mismos estatus de su sindicato prohíben de forma expresa la reelección de los cargos de secretario general, presidente de Vigilancia, delegado y subdelegado sindical, pero tal vez Calzadillas y su camarilla decidieron, al estilo de la película “La Ley de Herodes”, arrancarle esa hojita a su reglamento interno.

A ver en qué termina ese escándalo, otra joyita del insuperable charrismo sindical.

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La constancia de situación profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nombre de Gilberto Loya Chávez, actual secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, registra un desfase de diez años entre la fecha de titulación de su Licenciatura en Derecho y la expedición de la cédula profesional correspondiente.

De acuerdo con el documento con folio 005520899, Loya obtuvo el título de abogado por el Instituto Universitario Amerivent México el 22 de enero de 2016; sin embargo, la cédula profesional número 15744980 fue expedida el 3 de julio de 2026.

El mismo documento muestra que la cédula de la Maestría en Derecho Penal y de Amparo, grado en el que se tituló el 25 de enero de 2019 en la misma institución privada, fue liberada bajo el número 15744961 en la misma fecha exacta, el 3 de julio de 2026.

La emisión simultánea de ambas patentes profesionales evidencia en términos eufemísticos “una regularización extemporánea” en bloque ante la Dirección General de Profesiones.

Si bien la normativa de la SEP, como el Acuerdo 17/11/17 para instituciones con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), permite ingresar y cursar un posgrado mediante la presentación del título o acta de examen profesional, con cierta flexibilidad, sin exigencia previa de la cédula de licenciatura, la expedición de ambas en la misma fecha, podría implicar una irregularidad.

El título de la maestría estaría siendo expedido con antelación a la cédula de licenciatura, y la cédula de maestría es expedida en la misma fecha que ésta última.

La cronología del registro asienta que Loya Chávez concluyó la licenciatura en derecho en enero de 2016, meses antes de titularse como Ingeniero Electromecánico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez el 3 de junio de 2016.

La cédula de la ingeniería fue tramitada y expedida en un plazo ordinario el 5 de noviembre de 2018 con el número 11333876, mientras que los registros correspondientes al Instituto Universitario Amerivent permanecieron sin expedición formal durante una década.

Mínimo hay suspicacia y necesidad elemental de una revisión oficiosa de la manera en que fueron expedidos dichos títulos y posteriormente las cédulas. Quién sabe si pase una auditoría académica reglamentaria en forma.

Cualquier estudiante en una institución educativa seria sería rechazado para estudiar posgrado en estas condiciones de irregularidad aparente.

¿A poco así se presentará ante el Congreso del Estado como candidato a la Fiscalía General del Estado autónoma?