-Crece malestar en Facultad de Derecho

-Los postores de paja en licitaciones

-La lupa debe estar en los inspectores

Está de no creerse, pero a poco más un mes de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) admitió a trámite la denuncia del PRI en contra de la morenista alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, es hora de que no le ha notificado el procedimiento sancionador ordinario iniciado en su contra.

Resulta que la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, solicitó a la 42 Zona Militar, con sede en Parral, acompañamiento para que sus notificadores puedan ir a buscar a la presidenta municipal y a su jefe de Comunicación Social, Hugo Corral Valenzuela, a fin de avisarles de la queja por la entrega de despensas, sin pudor alguno, con la imagen de González Ábrego.

El reclamo es por demás conocido, ya que la alcaldesa usó programas sociales propios para promoverse políticamente con todo el descaro del mundo, dándole un uso político-electoral al presupuesto social municipal.

Hay evidencia de sobra que los tricolores presentaron a la autoridad electoral, a pesar de que, tras la metida de pata, la gente de la alcaldesa se puso a borrar todo de las redes sociales donde había publicitado tan indecoroso comportamiento político.

La denuncia presentada por el PRI fue admitida el 15 de julio y hasta ayer no había sido notificada a las autoridades de Guadalupe y Calvo, por presuntas advertencias anónimas que pondrían en riesgo a los empleados públicos del IEE que deben realizar esa labor.

Lo increíble e inadmisible no es la imposibilidad de la autoridad electoral para hacer su trabajo, porque no tiene policías a sus órdenes, sino que no haya otra autoridad, estatal, municipal o federal, capaz de darle garantías para cumplir con esa misión.

De qué tamaño serán los intereses criminales si ni siquiera la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que presume tener un despliegue importante en aquella región serrana, ni la Fiscalía General del Estado, pueden auxiliar a una autoridad administrativa-electoral, con una de las tareas más sencillas de cualquier procedimiento.

Fuera del asunto electoral, el Ejército y la Guardia Nacional, pero también las autoridades estatales de seguridad, deben tomar cartas en el asunto por el imperante desgobierno en un municipio, en un territorio casi soberano del crimen, otro agujero negro de la geopolítica estatal.

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En la Facultad de Derecho de la UACh el ambiente ya se calentó; y eso que apenas ayer comenzó la segunda semana de trabajo después de las vacaciones.

Las quejas por falta de grupos, altas y bajas de materias y respuestas que no convencen llegaron al punto de que consejeros técnicos, universitarios y representantes estudiantiles tuvieron que pedir formalmente explicaciones de lo que ocurre en una de las unidades académicas de mayor demanda de la máxima casa de estudios.

Aunque la Dirección reconoce que tuvo que abrir grupos adicionales y ampliar plazos, la receta parece seguir siendo la misma: explicar mucho, resolver poco y repartir responsabilidades hacia afuera, sin admitir que hay errores tan evidentes como graves.

El director, César Gutiérrez, enfrenta una inconformidad estudiantil como hacía tiempo no se veía. Hay alumnos que aseguran haber solicitado varias veces grupos que aparecían disponibles y recibir siempre un “no hay”; inaudito que no haya certeza en una escuela de leyes.

Pero el ruido no termina con los horarios. Dentro de la comunidad también existen señalamientos sobre maestras y maestros que habrían sido separados o removidos bajo criterios que algunos atribuyen más a intereses políticos internos que a razones académicas.

Si todo tiene una justificación institucional, quizá sea momento de explicarla con absoluta transparencia, porque negar o minimizar las inconformidades solamente alimenta las dudas y hace que crezcan , que seguro serán mayores conforme avance el veloz semestre universitario.

El asunto ya escaló. Los estudiantes están molestos, esa es una realidad. Gutiérrez debería tomar nota de que cuando alumnos, consejeros y docentes comienzan a hacer las mismas preguntas, tal vez el problema ya no esté en quiénes se quejan, sino en la oficina que sigue sin encontrar respuestas.

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Los integrantes de los comités de compras de los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, andan preocupados por la insistencia de la Auditoría Superior del Estado de una reforma que considere falta grave la simulación de precios a través de estudios de mercado manipulados.

La iniciativa ataca directamente la coraza con la que históricamente se han validado contrataciones millonarias bajo un esquema de aparente legalidad.

En un procedimiento de licitación ordinario, el estudio de mercado tiene como objetivo prioritario fijar un Precio Estimado de Referencia real mediante la consulta a competidores abiertos, para diseñar bases equitativas y adjudicar el contrato a la propuesta técnica viable que ofrezca el menor costo.

Sin embargo, el patrón de simulación que busca erradicar el órgano fiscalizador opera mediante la manipulación deliberada de esa misma estructura legal.

El esquema comienza al solicitar cotizaciones a proveedores vinculados entre sí o con precios inflados para fijar un techo financiero artificialmente alto.

Posteriormente, se da paso a una competencia ficticia donde participan postores de paja con propuestas intencionalmente elevadas, logrando que la oferta predeterminada parezca ventajosa.

Finalmente, el contrato se adjudica con un sobreprecio sustancial, mientras el comité de compras respalda legalmente su fallo bajo el argumento de que el monto asignado no rebasó el precio estimado en el expediente original.

Hasta ahora, la ausencia de una tipificación explícita de este mecanismo como falta administrativa grave en la Ley de Responsabilidades permitía a los integrantes de los comités eludir sanciones directas, reduciendo la intervención de la auditoría a meras observaciones de desempeño o faltas de carácter formal.

Al clasificar la manipulación del precio de referencia como una falta grave, la sola detección de costos inflados obligará a la ASE y a los Órganos Internos de Control a abrir investigaciones directas.

Así alcanzarán a los funcionarios que estructuraron los estudios de mercado, y a los propios integrantes de los comités que validaron los fallos con su firma; y ya encarrerados, hasta a los mismos postores de paja, junto con el beneficiario del ilegal contrato.

De ahí el miedito que traen por la idea que trae entre ceja y ceja el auditor Héctor Acosta.

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La actuación de los inspectores de Gobernación en la feria de Santa Rita, durante la administración que tuvieron a su cargo Expo Parque Avalos SC y Servicios Funcionales Geicoo SA de CV, -con quienes ya no hay vínculo alguno- evidencia un ejercicio de autoridad selectivo y discriminatorio en la venta de alcohol.

Mientras que ciertos puestos eran objeto de decomisos y clausuras rigurosas, otros locales que comercializaban bebidas preparadas sin ningún tipo de medición operaron sin ser revisados ni sancionados.

Esta disparidad en la vigilancia tuvo como evidente trasfondo un favoritismo orquestado que permitió la libre operación de negocios irregulares bajo la omisión deliberada de los encargados de la supervisión estatal.

Son muchas las irregularidades sufridas. La gestión de los espacios destinados a la venta de cerveza careció de criterios logísticos básicos, afectando directamente la rentabilidad de los expositores.

Los organizadores permitieron que los vendedores de cerveza se instalaran uno junto al otro en lugar de distribuirlos estratégicamente, lo que diluyó el mercado y generó una competencia desleal.

Esta saturación de puntos de venta, sumada a cobros excesivos por el derecho de piso de hasta 65 mil pesos, provocó que algunos comerciantes no obtuvieran ganancias y apenas lograran cubrir el costo de su inversión.

La participación forzosa de los inspectores en este esquema de favoritismos refuerza las acusaciones de malos manejos. Una investigación completa debería llegar hasta ahí y las instancias que sean necesarias.

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En ecos de la jornada política panista de este fin de semana destaca la unidad que comienza a construirse en torno a Marco Bonilla, contrario a lo ocurrido en la historia panista reciente en procesos internos del PAN para definir candidato a la gubernatura, donde privó la confrontación, el desgaste y, en algunos casos, heridas que cobraron factura el día de la elección.

En 1998, Ramón Galindo, Enrique Terrazas y Eduardo Romero protagonizaron un intenso proceso interno que dejó lastimados a varios grupos teniendo como resultado que el PAN perdió la gubernatura.

Para 2010, la historia volvió a repetirse con Carlos Borruel y Juan Blanco, en desgaste que abrió la puerta para que el PRI recuperara el Gobierno del Estado; seis años después, varios perfiles levantaron la mano pero prevaleció la prudencia y el partido cerró filas en torno a Javier Corral, con la decepción ya conocida, con traición a militancia y principios que juraba representar.

En 2021, la sucesión volvió a estar marcada por la confrontación, en un escenario que alteró y convulsionó la elección, teniendo a Corral como el gran perdedor.

Por eso lo ocurrido este fin de semana tiene un significado distinto, con este contexto histórico, el panismo parece entender que llegar dividido a una elección estatal puede ser mucho más costoso que cualquier diferencia interna.