El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, consumado el viernes tras 112 días de una opaca licencia temporal, es repliegue estratégico frente a necesidades de blindaje político.

Al reasumir el cargo de manera intempestiva, simplemente presentándose en el Palacio de Gobierno previo aviso a la legislatura, el mandatario de 77 años, recupera el fuero constitucional, e introduce una peligrosa cuña en la relación bilateral con Estados Unidos con fractura -al menos mediática- en la narrativa de honestidad del movimiento.

El argumento central esgrimido por Rocha Moya para justificar su reinstalación es que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos mínimos para imputarlo. Sin embargo, esa ausencia de claridad se explica en que no hubo la mínima transparencia para demostrar que no existen elementos para inculpar a Rocha Moya.

Pasó la FGR de Ernestina Godoy por alto el estatus del expediente estadounidense abierto el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde ya cantan como jilgueros algunos excolaboradores del gobierno sinaloense. Dicen que hay investigaciones, expedientes abiertos, pero sin mostrarlos.

La puerta para el regreso fue abierta desde hace tiempo, cuestionando la inexistencia de pruebas desde un inicio. Pruebas, pruebas, pruebas. Pero, en el marco del tratado de extradición existente con los EE.UU., cuando se realiza una solicitud de detención provisional, no se presentan las pruebas por el gobierno extranjero.

Estas probanzas son suministradas al momento de solicitar formalmente la extradición, que es cuando las pruebas son mostradas. Así ocurrió históricamente con los gobernadores Duarte y así ocurre en todos los casos de extradición.

La inacción de la FGR durante los 112 días de licencia no es sólo un deslinde judicial, sino un calculado desinterés por avanzar, con retorno cubierto desde el principio, a pesar de las graves imputaciones por conspiración para importar fentanilo, heroína y metanfetaminas, con agregado de sobornos de "Los Chapitos".

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La crisis sinaloense no es un fenómeno espontáneo. Su inicio se remonta a la campaña electoral de junio de 2021, cuando Rocha Moya obtuvo el triunfo bajo señalamientos de que la facción de "Los Chapitos" intervino activamente coaccionando el voto, intimidando adversarios y secuestrando operadores políticos.

La debacle institucional alcanzó su punto de quiebre el 25 de julio de 2024 con dos hechos paralelos, la captura de Ismael "El Mayo" Zambada García y de Joaquín Guzmán López en Texas y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo.

El 10 de agosto de 2024, el abogado de "El Mayo", Frank Pérez, difundió una carta firmada por el capo donde reveló que su cliente fue secuestrado al asistir a una supuesta reunión política en la finca "Huertos del Pedregal", convocada para mediar en la disputa entre Rocha Moya y Cuén Ojeda por el control de la UAS.

Cuén Ojeda habría sido asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde a él lo secuestraron.

La FGE de Rocha Moya presentó públicamente un video que muestra una ejecución en una gasolinera, donde habría sido herido de muerte Cuén, pero la FGR atrajo la investigación federal y desestimó dicha probanza, al hallar indicios hemáticos del exrector en "Huertos del Pedregal".

Fueron encontradas inconsistencias en la necropsia e integración del expediente. El cuerpo del diputado federal electo fue incinerado apresuradamente, fuera de todo protocolo.

La FGR develó el montaje local, forzando la renuncia de la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez, el 16 de agosto de 2024, en cuyo lugar fue designada Zulema Sánchez 12 días después, bajo propuesta del propio mandatario.

El 29 de abril de 2026 Estados Unidos emitió la acusación penal formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete más, ante lo cual el gobernador solicitó licencia el 1 de mayo de 2026.

Mientras el gobernador se mantenía en la sombra, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas -es desconocido si esta medida continúa- y la FGR clasificó toda la información del caso como "seguridad nacional", reservando su expediente y declaración por cinco años, hasta el 2031, reserva que alcanzó también el contenido de las comunicaciones diplomáticas con EEUU.

El 19 de agosto de 2026, la FGR arrestó a Fausto Corrales Rodríguez —chofer de Cuén y testigo clave que sostuvo la versión falsa— dictándole prisión preventiva, mientras un miembro de Los Chapitos reveló cómo dicho detenido fue tomado como rehén y obligado a fingir el asalto en la gasolinera.

Ese es el contexto sucio en que regresa Rocha Moya para recuperar su fuero protector.

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Tras reasumir el cargo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y la dirigencia de Morena se apresuraron a emitir comunicados deslindándose de la acción, calificándola como una "decisión personal" de la cual no tuvieron conocimiento previo.

En la realidad de la política mexicana, no es posible pensar que regresó Rocha Moya a contrapelo de la Presidencia de la República, partiendo de la premisa básica —escrita con letras de oro en las mañaneras por AMLO— de que el presidente está enterado de todo lo que ocurre y nada le es desconocido.

Resulta inverosímil creer que un gobernador acusado de narcotráfico tome posesión de su cargo de manera unilateral. Debe haber, necesariamente, al menos un mínimo de asentimiento, una rendija de autorización.

Para alimentar aún más la especulación sobre la toma de decisiones y riesgos, la presidenta Claudia Sheinbaum se ausentó por primera vez de la Mañanera el viernes por motivos de salud, reportándose enferma con fiebre por una fuerte gripe.

Convenientemente, la Mañanera fue conducida por Rosa Icela Rodríguez, cercanísima a López Obrador, en una sesión donde no hubo una sola pregunta sobre el retorno de Rocha Moya, porque aún era desconocido públicamente el hecho.

La solicitud de licencia entró al Congreso poco antes de las ocho de la mañana; a las 8:46 lo anunció Rocha en red social X, hora de Sinaloa, 9:46 de la Ciudad de México.

La mañanera concluyó a las 9:16 minutos hora del centro. Un cuarto de hora en que con seguridad Rosa Icela ya tenía conocimiento, sino es que obligada y forzosamente desde antes.

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Rubén Rocha Moya regresa a un Sinaloa sumido en un conflicto armado que lleva dos años con casi tres mil 600 homicidios y cuatro mil desaparecidos.

Su llegada al Palacio estuvo marcada por la protesta de madres buscadoras de Navolato y por el enérgico llamado de la Coparmex local, que calificó de "indignante" que el gobierno se use para cuidar las espaldas de unos cuantos, convocando a manifestación ciudadana mañana lunes.

El retorno, bajo acusaciones graves, da un arsenal inmejorable a los partidos de oposición (PAN, PRI y MC), que lo han desconocido y continúan denunciando la existencia de un "narco gobierno", pese a la prohibición del INE.

La impunidad concedida a Rocha Moya arrastra la credibilidad de todo el movimiento, cereza del pastel para las críticas, junto con Américo Villarreal en Tamaulipas o Marina del Pilar Ávila de Baja California, ambos con acusaciones de similar índole delictiva.

¿Quién se impuso dentro o fuera del equipo de Claudia Sheinbaum? Por dónde pasó esta operación de nado sincronizado; o bien, si se trató de una decisión suprema tomada desde los árboles tropicales de Palenque, irá develándose poco a poco, entre ocultamientos, impunidades y sonajas distractoras.

¿Acaso es agandalle del obradorismo para exigir su pastel de gubernaturas y diputaciones en 2027?