Imagine que una mañana intenta entrar a su cuenta bancaria y el código de verificación nunca llega. Quiere llamar a un cliente, pero no puede. Necesita comunicarse con un familiar y descubre que su teléfono está suspendido.

No porque haya cometido un delito; no porque esté siendo investigado, simplemente porque no realizó un registro obligatorio.

Esa es la situación que comenzaron a enfrentar millones de usuarios de telefonía móvil en México.

La primera etapa del proceso ya dejó números interesantes. De las 14.7 millones de líneas terminadas en cero, 9 millones 675 mil 589 fueron vinculadas con la identidad de sus usuarios hasta el 19 de agosto. Es decir, 65.82 por ciento. El 34.18 por ciento restante, poco más de 5 millones de líneas, entró en proceso de suspensión, aunque posteriormente, 2 millones 353 mil 453 fueron reactivadas después de que sus usuarios realizaron el registro. La propia autoridad calcula que alrededor de 2.5 millones podrían corresponder a líneas en desuso.

Detrás de esos números hay una realidad que quizá no aparece en las estadísticas.

Hoy el número celular está ligado prácticamente a todo, a cuentas bancarias, códigos de seguridad, clientes, plataformas digitales, trámites, contactos familiares y buena parte de nuestra vida cotidiana.

La autoridad aclara que la línea no se pierde y puede reactivarse inmediatamente después de completar la vinculación. Incluso mantiene disponibles los números de emergencia y el acceso a la plataforma de registro. Técnicamente, no es una cancelación.

Pero para quien necesita trabajar, recibir un código bancario o comunicarse con alguien, la diferencia entre una línea «suspendida» y una «cancelada» puede ser poco relevante mientras permanece sin servicio.

El objetivo de la medida es combatir la delincuencia. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que el 80 por ciento de las extorsiones que se realizan mediante llamadas telefónicas no son identificadas las líneas, de ahí que buscan cerrar espacios al anonimato, a los fraudes y otros delitos. Es un problema real. Nadie puede estar en contra de combatirlo.

La pregunta es otra.

¿Es razonable afectar o condicionar el servicio de millones de personas para intentar impedir que una minoría utilice la telefonía para delinquir?

Como siempre, por unos pocos marchamos todos.

México ya tuvo una experiencia similar. En 2021 se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, con la misión de ubicar a los propietarios de las líneas. El padrón contemplaba además, datos biométricos de los usuarios de telefonías.

En 2022, la Suprema Corte invalidó ese sistema. Entre sus argumentos señaló que existían herramientas igualmente útiles para colaborar en la investigación de delitos, pero menos restrictivas para los derechos de privacidad y protección de datos, como la geolocalización, la entrega de datos conservados por los concesionarios y la intervención de comunicaciones bajo los procedimientos legales correspondientes.

El sistema actual no es idéntico al PANAUT. No contempla el mismo esquema de datos biométricos y la CRT sostiene que no se creará una base única gubernamental, sino que el registro estará a cargo de las compañías telefónicas.

Pero la pregunta de fondo otra vez sigue siendo válida.

Cada vez que se conoce un caso importante de delincuencia organizada, corrupción o algún delito de alto impacto, tarde o temprano aparecen llamadas, mensajes, audios, conversaciones o registros de comunicación que forman parte de las investigaciones.

Eso no significa que la autoridad pueda entrar libremente a la vida privada de cualquier ciudadano, pero es evidente que existen reglas y controles legales para ello.

Demuestra que, cuando existe una investigación concreta, las autoridades cuentan con herramientas para seguir las comunicaciones y obtener información relacionada con quienes están bajo investigación.

Entonces, ¿por qué para investigar a unos cuantos resulta necesario identificar previamente a todos?

Esa es la parte que esta política tendrá que demostrar con resultados.

Registrar millones de líneas no significa automáticamente que se haya combatido la delincuencia. La verdadera prueba será conocer si disminuyen las extorsiones, los fraudes y los delitos que justificaron la medida.

Y todavía queda una pregunta incómoda: ¿de verdad creemos que quien utiliza una línea para extorsionar o cometer delitos acudirá tranquilamente a registrarla con su nombre y su CURP?

El ciudadano que necesita conservar su número seguramente terminará haciéndolo. Los primeros datos lo demuestran: más de 2.35 millones de líneas que fueron suspendidas recuperaron el servicio después de completar la vinculación.

Pero los delincuentes, precisamente porque delinquen, no suelen caracterizarse por cumplir las reglas.

Combatir la inseguridad es una obligación del Estado. Lo que tenemos derecho a preguntar es si ésta es la estrategia más eficaz y si resulta justa y proporcional que, para perseguir a una minoría, millones de ciudadanos tengan que identificarse para conservar un servicio indispensable.

Porque una cosa es investigar a quien tiene razones para considerarlo sospechoso de un delito y otra muy distinta es establecer una obligación general para toda la población y suspenderle el servicio a quien no cumpla.

Tal vez la medida sea legal. Eso no significa automáticamente que sea necesaria, proporcional o justa.

Al final, la pregunta es bastante sencilla: ¿para combatir a unos cuantos delincuentes era necesario ponernos a marchar a todos?

Los delincuentes se ríen de todo esto…