En el artículo de la semana pasada hablamos de cómo se puede combatir la corrupción en Vialidad y en las oficinas municipales, para lo cual es necesaria la participación de la sociedad civil, que coadyuve en su supervisión.

Por eso, en este artículo hablaremos de cuál es la manera en que debería participar la ciudadanía para combatir la corrupción en los tres niveles de gobierno, que tienen a nuestro estado en el cuarto lugar nacional en cuanto a corrupción se refiere, según la última encuesta del INEGI de 2025.

Esto surge a raíz del hartazgo cada vez mayor de las y los chihuahuenses, quienes ya no toleran estas malas prácticas normalizadas en el servicio público y en donde, en muchas oficinas, esta práctica de corrupción es sistemática.

Lo que ha resultado, como lo vimos cuando Chihuahua ocupaba los primeros lugares de violencia a nivel nacional, es que los ciudadanos y líderes sociales coadyuven en la supervisión de la labor del servicio público y sean un puente entre los chihuahuenses y la administración pública federal, estatal y municipal, para poder inhibir, documentar e incluso denunciar la corrupción en el servicio público.

Fue de esta manera como, en Chihuahua, la inseguridad se vio reducida considerablemente con las mesas de participación ciudadana, donde líderes sociales revisaban de manera periódica lo que la autoridad estaba realizando, supervisando, pero también aportando propuestas. Esto contribuyó a reducir considerablemente los índices de inseguridad.

Sólo así, colaborando sociedad y gobierno, es como se puede mejorar el funcionamiento de nuestras oficinas y servicios públicos. Esta debe ser la tónica que se siga para mejorar toda la administración pública y no circunscribirse únicamente al tema de seguridad.

Recordemos que el ciudadano tiene, en todo momento, el derecho de supervisar las labores de sus funcionarios públicos, y más aún aquellas en las que se gasta el dinero de las y los chihuahuenses, para garantizar que los recursos se utilicen de manera responsable y en lo que más se necesita.

Esa es la vía y debería ser la tónica de los próximos gobiernos que están por comenzar en 2027, cuando se renovarán todas las presidencias municipales y la gubernatura de nuestro estado.

Una buena manera de empezar sería que los órganos fiscalizadores del Gobierno, como las auditorías y sindicaturas, e incluso las contralorías, se abrieran a la ciudadanía para coadyuvar en esta labor.

Existen ya organizaciones dedicadas a la revisión de la administración pública, pero ninguna de ellas está dedicada a la supervisión de manera activa y, menos aún, a la participación, interviniendo o, por lo menos, solicitando intervenir en la revisión de las cuentas públicas y de la actividad gubernamental, que es lo que más se necesita hoy en día para evitar ascender en los niveles de corrupción a nivel nacional.

Porque las y los chihuahuenses no merecemos el lugar en que estamos en el índice de percepción de la corrupción, donde uno de cada cinco chihuahuenses ha sido víctima de uno o más actos de corrupción.

Somos más los chihuahuenses honestos y quienes sentimos que las prácticas de corrupción, donde se normalizan el famoso diezmo para obras, las mordidas para trámites y el soborno, son prácticas que deben quedar en el pasado.

A fin de cuentas, nosotros tenemos el poder de elegir y quitar gobernantes, y esa debería ser la exigencia y el parámetro: elegir a aquellos gobernantes y partidos que permitan al ciudadano supervisar su labor para prevenir la corrupción.

Tenemos una gran oportunidad en 2027. Ojalá nos demos cuenta del poder que, como ciudadanos, tenemos, cuya muestra ya se vio en 2018, cuando se eligió por primera vez a un partido diferente al PRIAN.

Elijamos, participemos y castiguemos, por una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país, para nosotros y nuestros hijos e hijas.