"Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador." António Guterres, Secretario General de la ONU
La crisis climática es la hipoteca del mañana. Cada tonelada de carbono que se emite hoy y cada ecosistema que se destruye es una deuda que le cargamos a las futuras generaciones, quienes tendrán que pagar los intereses en forma de escasez de agua, calor extremo y pérdida de biodiversidad,. En este escenario, la inacción de México no es solo un rezago administrativo; es firmar un pagaré ambiental que compromete por completo la habitabilidad de nuestro territorio.
La sustentabilidad en México no es una prioridad; es una deuda histórica que el Estado se niega a liquidar. La inacción gubernamental ya no es una mera percepción ciudadana, sino una realidad respaldada por datos: el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de la Universidad de Yale sitúa recurrentemente al país en la mitad inferior de la tabla global. Ubicarse en estos niveles evidencia, según especialistas, un estancamiento institucional alarmante. Bajo esta premisa, postergar la transición energética deja de ser una simple omisión administrativa para convertirse en una flagrante irresponsabilidad generacional.
Frente a este panorama, la presidenta envió formalmente al Congreso de la Unión la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. Este proyecto busca sustituir el andamiaje de la LGEEPA, un marco normativo vigente desde 1988 que hoy resulta insuficiente frente a los desafíos climáticos. En la exposición de motivos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destaca una reforma medular: obligar a que los megaproyectos se sometan a una evaluación ambiental integral antes de su ejecución. Con esto se pretende erradicar la vieja práctica sectorializada de fragmentar los análisis de impacto ambiental, un vacío legal que históricamente facilitó la evasión de responsabilidades ecológicas en las grandes obras de desarrollo.
Al abordar el espíritu de la normativa, la titular de la Semarnat dijo: “Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos, es decir, que aquellos que van a iniciar grandes proyectos hagan una evaluación estratégica ambiental previa al proyecto”. Al respecto, colectivos ambientales argumentan que dicha postura oficial es incongruente, pues contrapone los criterios de prevención promovidos en el papel con los procedimientos de excepción y las omisiones técnicas observadas en la ejecución de la infraestructura federal.
En términos prácticos, bajo esta cláusula legal quedarían comprendidas dos de las obras de infraestructura más emblemáticas de la 4T: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ambos proyectos han suscitado un intenso debate internacional debido a su impacto ambiental en el sureste de México; de hecho, comunidades locales y organizaciones ecologistas tipifican sus efectos como un ECOCIDIO, debido a la alteración irreversible de los ecosistemas de la región.
Además, estas obras enfrentan severos cuestionamientos y denuncias públicas por presuntos actos de corrupción, a la par de serias críticas sobre la seguridad estructural y laboral de los trabajos. El historial de incidentes acumulados incluye desde fallas operativas mayores, como el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en marzo de 2024, hasta una secuencia de accidentes fatales en los frentes de construcción que, a decir de especialistas y sindicatos, evidencian las consecuencias de la prisa y la falta de supervisión.
México necesita una estrategia ambiental urgente y real. El país debe dejar atrás los combustibles fósiles, prohibir por completo el "fracking" y frenar la tala ilegal aplicando la ley. Para que las normas ecológicas sirvan de algo, se requiere un presupuesto suficiente que permita hacer frente al cambio climático y castigar con cárcel a quienes destruyen la naturaleza y cometen actos de ecocidio en territorio nacional. Por un México verde y democrático, Sumemos Voces.