Si escandaliza el derroche de dinero que se gasta con la instalación de carteleras por todo el estado, sería conveniente observar la gran cantidad de recursos que se despilfarra en el “manejo” de las redes sociales.

Es cierto que la legislación electoral mantiene calendarios, límites, topes de gasto y reglas para evitar que las campañas comiencen antes de tiempo, mientras que las redes sociales permiten a los aspirantes hacer política electoral prácticamente todos los días del año, y pareciera que nadie los puede auditar… pero están muy equivocados.

Nomás para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, en la red social TikTok Andrea Chávez tiene 892.1 mil seguidores; Marco Bonilla 43.4 mil y Cruz Pérez Cuellar 37.5 mil; y en Facebook las cosas son muy parecidas: Andrea Chávez con 866 mil, Marco Bonilla 242 mil y Cruz Pérez Cuellar 199 mil seguidores.

¿Cómo le hicieron para llegar a esos niveles de “influencers”, para tener esa aceptación y seguimiento tan elevados?

No es ningún secreto, es más es más transparente de lo que los mismos políticos quisieran, y sólo se puede lograr con una adecuada promoción, ya sea directa o a través de terceros, pero siempre es posible rastrear el dinero.

En las últimas semanas se puede comprobar que la “inversión” que están realizando ronda entre los 35 mil y los 70 mil pesos, ¡por publicación!, imagine usted lo que se está gastando mensualmente, todo por aparentar ser los más populares.

El problema no es que los políticos utilicen Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube o cualquier otra plataforma. Las redes sociales son hoy herramientas legítimas e indispensables de comunicación política.

El problema aparece cuando la comunicación política se convierte en promoción personalizada, propaganda encubierta, contratación de pauta, posicionamiento anticipado o una campaña electoral disfrazada de actividad partidista o de ejercicio de un cargo público.

El INE, de hecho, ya cuenta con mecanismos para monitorear propaganda en internet y contrastarla con los gastos reportados por partidos, aspirantes, precandidatos y candidatos sería lo más adecuado; claro que el problema es que aún no empieza el proceso electoral.

La legislación electoral mexicana parte de una lógica relativamente sencilla: hay un periodo para competir y otro para gobernar, informar, hacer política y organizarse internamente.

Las redes, en cambio, funcionan 24 horas, 365 días al año.

Los aspirantes publican fotografías o videos recorriendo una colonia, reuniones con ciudadanos, participación en eventos, y en las campañas modernas ya no necesita pedir explícitamente el voto, se busca posicionar el nombre, reconocimiento de imagen, percepción de liderazgo; asociación con determinadas causas, identificación emocional, presencia territorial, seguidores, comunidades digitales, tendencias y una narrativa favorable.

Así que cuando llegue oficialmente la campaña, el candidato que hizo ese trabajo durante un año ya no parte de cero.

El político tradicional necesitaba contratar espectaculares, desplegar brigadas, organizar mítines y comprar espacios en medios; hoy el político digital puede hacer algo mucho más sofisticado: comprar atención.

La publicidad digital tiene además una característica que resulta especialmente problemática para la fiscalización: es mucho más difícil para el ciudadano saber quién pagó, cuánto pagó, a quién se dirigió y cuál fue su alcance real.

Los aspirantes, y asesores han sofisticado sus tácticas digitales para esquivar las sanciones del árbitro electoral; desde la desviación vía "Páginas Satélite”, que es la creación de decenas de nodos informativos que compran pauta publicitaria masiva para ensalzar a un aspirante o golpear mediante "guerra sucia" al rival, sin que el gasto se cargue formalmente a la contabilidad del candidato; redes de “influencers y astroturfing”, que es la simulación de apoyo orgánico mediante la contratación de creadores de contenido o redes de cuentas automatizadas (bots) para inflar tendencias, manipular la percepción pública y crear una falsa sensación de consenso popular y, el uso no regulado de Inteligencia Artificial, con la generación de piezas publicitarias alteradas (audio y video) para manipular discursos o desinformar sobre el rival.

Así las cosas, el uso de redes sociales en la política mexicana ha evolucionado de ser una herramienta complementaria de comunicación a constituir el epicentro de la estrategia de posicionamiento electoral.

Rumbo al proceso del 2027, donde se está jugando la gubernatura de Chihuahua, la delgada línea entre la libertad de expresión, la promoción personalizada y los actos anticipados de precampaña se ha vuelto cada vez más difusa.

Este fenómeno expone una seria tensión entre las lagunas legales del marco electoral y las realidades tecnológicas del “microtargeting”, la pauta encubierta y la generación de contenido sintético.

Claro, a los políticos les debe quedar muy claro, un like no es un voto.