En Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua estamos viendo algo que no se puede maquillar: el crimen organizado dejó de ser extorsionador para convertirse en empresario armado, y lo está haciendo justo en los sectores que sostienen la economía de estas cuatro entidades: combustibles, bosques… y ahora, la minería.

Y mientras esto ocurre, los municipios perdieron los recursos del Fondo Minero, los estados cargan con la responsabilidad de proteger la productividad y las empresas operan en un entorno cada vez más asfixiante.

Chihuahua es uno de los gigantes mineros del país, al aportar más del 6 % del PIB minero nacional. Genera más de 20 mil empleos directos y cerca de 100 mil indirectos, muchos con salarios 40 % superiores al promedio estatal.

Es líder en oro, plata, plomo y zinc, y pieza clave en la cadena de minerales estratégicos. Además, su clúster minero integra más de 150 empresas proveedoras, desde metalmecánica y transporte hasta laboratorios, energía, construcción y servicios especializados.

Cada mina activa decenas de ramas productivas, al igual que cada mina amenazada o paralizada golpea a toda la economía regional, desde Ocampo y Urique hasta Parral y Guadalupe y Calvo.

Durante años, las bandas criminales han operado como depredadores externos, cobrando cuotas a los gerentes, quienes, para evitar mayores problemas, no presentan denuncia; les otorgan combustibles para sus vehículos y, en ocasiones, les brindan atención médica a sus integrantes. También los utilizan para evitar demandas laborales.

Era y es violencia, sí, pero no buscaban controlar la cadena productiva.

Hoy, con la presencia de narcopolíticos y autoridades capturadas en varias regiones del país, el crimen dio un gran salto.

Ya no perforan ductos y extraen combustibles para venderlos en las carreteras; ahora roban petróleo, lo llevan a Estados Unidos y lo regresan a México como gasolina o diésel, con documentos de aditivos, sin pagar impuestos. Se calcula que esta práctica, durante toda la administración de López Obrador, generó pérdidas al fisco por más de un billón de pesos, pero les redituó una cantidad similar en ganancias.

Ya no solo venden droga: controlan secuestro, extorsión, cobro de piso y tala ilegal. En entidades de Chihuahua y Durango, ellos deciden dónde cortar, a quién vender y a qué precio.

Mientras que, en minería, ya no van solo por el cobro de cuotas: se están convirtiendo en propietarios de minas e instalando sus propias plantas de beneficio para vender sus concentrados.

Esto ya no es delincuencia común.

Esto es captura económica; es el crimen intentando sustituir al Estado y desplazar a la empresa formal.

Antes de la reforma minera de 2023, los municipios recibían recursos frescos de las empresas. Con ese dinero se financiaban caminos, clínicas, escuelas, agua y electrificación.

Las comunidades veían beneficios tangibles.

Los gobiernos locales tenían incentivos para proteger la actividad minera.

Después de la reforma a la Ley Minera, los recursos dejaron de llegar a los municipios; los estados quedaron con la responsabilidad de proteger la productividad, pero sin presupuesto. Las comunidades dejaron de recibir obra pública y las empresas mineras quedaron aisladas, encontrando el crimen un suelo fértil: menos Estado, menos inversión, más vulnerabilidad.

En Chihuahua, esto se siente especialmente en municipios mineros que hoy enfrentan presión criminal sin recursos para defenderse.

La desaparición de 10 profesionistas mineros en la comunidad de Concordia, Sinaloa, no es un hecho aislado.

Es la consecuencia directa de un ecosistema donde el Estado perdió presencia, los municipios perdieron recursos, las empresas perdieron protección y el crimen ganó territorio.

Hoy, nuestro país necesita algo más que discursos: necesita coordinación real, recursos reales y presencia efectiva del Estado en los territorios productivos.

Porque, si el crimen controla combustibles, bosques y ahora quiere controlar oro y plata, entonces no estamos ante un problema únicamente de seguridad…

Estamos ante un intento de captura del futuro económico del país.

La tragedia se profundizó esta semana. La Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos humanos pertenecientes a uno de los diez mineros secuestrados, localizados durante operativos de búsqueda en la zona serrana. La identificación preliminar ya fue notificada a la familia correspondiente, mientras continúan los trabajos para localizar al resto de los trabajadores desaparecidos.

El hallazgo no solo duele: evidencia el nivel de riesgo que enfrentan quienes sostienen la economía de estas regiones.

La exigencia es clara: justicia para las víctimas, protección para quienes trabajan y un Estado que recupere el territorio que nunca debió perder.