Se acabó el tiempo. Esta semana, sí o sí, deberá presentarse el paquete de reformas en materia electoral si se pretende que sea aplicado para la elección de 2027. El resultado, hasta el momento, es una grave implosión en el partido en el poder; veremos en los próximos días quién gana: los duros seguidores de AMLO o los técnicos con Claudia Sheinbaum.

El retraso en su presentación no tiene otro motivo que el de presentar un documento consensuado, pero no con los partidos paleros de Morena, es decir, el Verde y el del Trabajo, quienes al final solo negociarán su permanencia en la Cuarta Transformación… lo importante es quién se impone.

Junto a la presentación de estas reformas, casi de inmediato, en los primeros días del mes de marzo, habrá de realizarse la reunión del Consejo Nacional de Morena, donde será el segundo round entre los duros y los técnicos. Será el momento de definir las reglas internas para las elecciones de 2027, donde los duros pretenden imponerse y provocar definiciones muy tempranas que no ayudan a quien detenta el poder en este momento.

Los tiempos fatales son muy claros: para que la reforma sea válida en las elecciones de 2027, debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en mayo de 2026. Ya la Cámara de Diputados ha delineado un calendario para evitar riesgos de inconstitucionalidad: mediados de marzo de 2026, fecha estimada para la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso; junio de 2026, mes límite para concluir los cambios a leyes secundarias y que el nuevo diseño electoral quede definido.

Las reformas electorales se han presentado en un contexto de consolidación de la llamada Cuarta Transformación, ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, que ha revivido el debate sobre una reforma electoral profunda; pero todo parece indicar que no quedará más que un maquillaje cosmético.

Hay que ser muy claros: si la iniciativa se queda solo en reducir costos operativos del Instituto Nacional Electoral, reestructurar sus órganos y ajustar el financiamiento a partidos, con argumentos centrados en austeridad y mayor eficiencia democrática, no será para nada un cambio profundo, para avanzar o retroceder… aunque algunos críticos insistan en que se trata de un intento de centralizar el poder y debilitar la autonomía electoral.

Hay que recordar que la propuesta original de AMLO, presentada en abril de 2022, buscaba una transformación radical del sistema electoral para “abaratar costos” y “democratizar” instituciones. Incluía la desaparición del INE, reemplazado por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con siete consejeros electos por voto popular, reducción de plurinominales, eliminación de organismos locales electorales y un recorte presupuestal.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador argumentaba que el INE era un aparato burocrático costoso controlado por élites. El “Plan B” aprobado en 2023 recortó fondos al INE, pero fue parcialmente invalidado por la Suprema Corte, destacando tensiones entre Ejecutivo y Judicial.

Esto fue parte del paquete amplio de cambios constitucionales del último tramo de su gobierno, incluyendo también la reforma judicial que derivó en la elección popular de jueces, además de generar tensiones con órganos autónomos y partidos opositores, así como demandas de legalidad y competencia parlamentaria.

La reforma electoral ha sido uno de los temas de mayor importancia para Morena; desde 2018 ha logrado reformas parciales como la reducción de prerrogativas partidistas y mayor énfasis en consultas populares.

La reforma “Sheinbaum”, hasta el momento comentada por la misma presidenta, se centra solo en recortes al INE, conversión de estructuras permanentes a temporales y límites salariales para consejeros, mientras que ha dejado de lado la discusión sobre la eliminación de las diputaciones plurinominales, que son el principal punto de inflexión con los aliados.

Nadie puede ocultar que México ha transitado de un sistema hegemónico, con el PRI hasta el año 2000, a uno pluralista, con reformas electorales clave: 1996, autonomía del IFE, ahora INE; 2007, restricciones a propaganda y equidad en medios; y 2014, centralización en el INE para mayor uniformidad.

Según algunos analistas, estas reformas han permitido una mayor participación ciudadana, reducir fraudes y consolidar alternancias; pero persisten desafíos como la polarización, ataques a instituciones y, desde luego, el alto costo de esta democracia construida.

No se puede dejar de lado que las reformas que se lleven a cabo deben estar acordes a los acuerdos y tratados internacionales que México ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para garantizar elecciones libres, plurales y la no regresividad en derechos políticos.

Estamos, pues, a horas de conocer la reforma electoral de Sheinbaum, que si bien algunos quieren que sea la heredada de AMLO, en su promesa de austeridad esperemos que no sea de regresividad al debilitar el INE y la democracia representativa en la forma de designar plurinominales.