Hay preguntas que parecen chiste, pero terminan siendo un asunto de Estado. Esta es una de ellas: cuando millones de mexicanos acudieron disciplinadamente a registrar sus líneas telefónicas, ¿los extorsionadores también hicieron fila?
¿Los secuestradores llevaron identificación oficial? ¿Los estafadores aceptaron los términos y condiciones con la misma responsabilidad que el ciudadano que únicamente quiere conservar su número telefónico?
La escena resulta casi cinematográfica. Un defraudador esperando su turno, revisando que sus documentos estuvieran completos, preocupado porque no le rechazaran el trámite. Cuesta creerlo. Sin embargo, detrás del sarcasmo existe una preocupación legítima: las políticas públicas deben demostrar resultados, no únicamente buenas intenciones.
El argumento oficial ha sido claro: el registro de líneas busca fortalecer la identificación de los usuarios, cerrar espacios al anonimato y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual.
Tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como las autoridades federales han sostenido que contar con información confiable sobre los titulares de las líneas representa una herramienta para la procuración de justicia.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha impulsado el proceso como parte de una estrategia de ordenamiento del padrón de usuarios.
La lógica parece impecable, porque mientras millones de ciudadanos cumplen con cada requisito administrativo, las llamadas de fraude y extorsión siguen llegando con una puntualidad admirable.
Las cifras oficiales muestran que la extorsión continúa siendo uno de los delitos de mayor crecimiento y con una enorme cifra negra, pues la mayoría de los casos nunca se denuncia.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta miles de carpetas de investigación cada año, mientras las fiscalías estatales mantienen campañas permanentes para advertir a la población sobre llamadas fraudulentas, secuestros virtuales y engaños telefónicos. Aquí aparece la gran contradicción.
El ciudadano honesto proporciona datos personales, actualiza registros y cumple con los requisitos legales. El delincuente, por definición, vive precisamente de ignorar la ley. Pensar que quien dedica su vida al fraude tendrá escrúpulos para registrar correctamente una línea telefónica resulta, cuando menos, optimista.
México ya experimentó con padrones similares que terminaron siendo cuestionados por problemas de protección de datos personales, eficacia limitada y riesgos para la privacidad. La experiencia dejó una enseñanza sencilla: acumular bases de datos no garantiza reducir el delito si no existen capacidades suficientes de investigación, inteligencia y persecución criminal.
Nadie discute que las autoridades necesiten herramientas para investigar. Lo cuestionable es convertir al ciudadano cumplido en el principal protagonista del esfuerzo administrativo, mientras quienes viven fuera de la ley continúan operando mediante teléfonos desechables, chips adquiridos irregularmente, plataformas de internet o incluso números internacionales o números que dejaron de usarse por titulares que jamás los dieron de baja.
La ironía alcanza niveles difíciles de superar. El adulto mayor que apenas sabe usar su celular debe completar procedimientos para conservar su línea. En cambio, el estafador cambia de número con la facilidad con la que cambia de víctima.
La seguridad pública no puede descansar únicamente sobre registros. Requiere inteligencia financiera, investigación tecnológica, coordinación entre fiscalías, operadores telefónicos y autoridades de telecomunicaciones, así como una persecución efectiva de las organizaciones criminales que operan estos esquemas.
De poco sirve saber perfectamente quién paga una línea utilizada para hablar con sus nietos, si quienes realizan miles de llamadas de extorsión encuentran caminos alternativos para permanecer ocultos.
El verdadero reto consiste en responder una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo instrumentos para combatir a los delincuentes o únicamente para facilitar el control administrativo de quienes siempre cumplen la ley?
Si después de registrar millones de teléfonos las familias continúan recibiendo llamadas donde supuestos sobrinos necesitan dinero urgente, falsos empleados bancarios solicitan claves de acceso o imaginarios integrantes del crimen organizado intentan sembrar miedo para obtener depósitos, entonces la ciudadanía tiene derecho a preguntar dónde está el beneficio prometido.
Porque mientras el mexicano honesto registra obedientemente su teléfono, el verdadero desafío sigue siendo encontrar al que nunca tuvo intención de registrarlo. O peor aún, al que continúa llamando todos los días como si el registro jamás hubiera existido. Al tiempo.