"El campesino sabe que para recibir primero hay que entregar: enterrar la semilla en la oscuridad para que pueda nacer la luz."

Jodorowsky

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es la dependencia del Gobierno de México encargada de diseñar y coordinar políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda. Su objetivo principal es asegurar un crecimiento planificado, sostenible y equitativo en todo el país, incluido el estado de Chihuahua.

Su referente histórico fue la Secretaría de la Reforma Agraria, que no solo atendía los conflictos agrarios del país, sino que también formaba parte del engranaje político del PRI. Los campesinos eran representados por la Confederación Nacional Campesina (CNC). Para los gobiernos del PAN y de Morena, esta dependencia ha perdido el protagonismo que tuvo durante décadas. Desde la óptica del ejercicio del poder, incluso llegó a ser denominada la "Secretaría de Gobernación del Campo", debido a la enorme cantidad de agremiados cuya organización representaba un importante capital político.

Basta señalar que la crisis del Registro Agrario Nacional (RAN) se manifiesta principalmente en una severa parálisis operativa, cuellos de botella burocráticos y un profundo rezago de trámites que mantiene en la incertidumbre jurídica a más de 5.6 millones de ejidatarios y comuneros. Como órgano desconcentrado de la SEDATU, el RAN resguarda la seguridad jurídica de aproximadamente la mitad del territorio nacional; sin embargo, hoy enfrenta un colapso en su capacidad de atención.

En el caso del estado de Chihuahua, su titular, Joaquín Solorio Urrutia, no ha logrado generar un margen mínimo para resolver los conflictos existentes. Es cierto que el Congreso de la Unión se ha olvidado de dependencias como la Procuraduría Agraria y la propia SEDATU; sin embargo, ello no constituye un pretexto para dejar de ejercer liderazgo en lo esencial: enfrentar los problemas ante las oficinas centrales y proponer soluciones. Al parecer, eso no ocurre. ¿Será falta de experiencia o de conocimiento sobre la atención a los campesinos?

El encargado de la oficina del Registro Agrario Nacional en Chihuahua, sin contar con las atribuciones que establece la normatividad, emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual informó la suspensión de labores, argumentando que se encuentran en proceso de reinstalación en otras instalaciones. Es decir, mientras les cambian de oficinas, se suspende temporalmente la atención a los campesinos.

¿No existirá un poco de imaginación para resolver este conflicto, al menos de manera provisional? En la historia del Registro Agrario Nacional se han realizado diversos cambios de sede, pero nunca se había paralizado por completo una delegación federal por ese motivo.

El titular del RAN en Chihuahua carece de atribuciones para emitir dicho acuerdo. Incluso, ni la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ni el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional delegaron esa facultad. Colocaron, literalmente, al encargado de la oficina en Chihuahua en una posible situación de responsabilidad por una eventual usurpación de funciones públicas.

Todo indica que los mandos superiores no quieren asumir responsabilidades. Pareciera que temen las resoluciones de los Tribunales Agrarios y de los órganos de control constitucional. Sin embargo, esa actitud no evitará las multas que ya se les están imponiendo por la falta de atención a ejidatarios y comuneros.

¿La gobernadora del estado de Chihuahua tendrá conocimiento de este conflicto? ¿No existe la capacidad de tocar la puerta del Gobierno del Estado y exponer la problemática que enfrentan? Con una adecuada coordinación podrían encontrarse soluciones, aunque fueran parciales. Eso sí: "no somos como los anteriores".

Insisto: a los campesinos no les importan los colores de los partidos políticos; necesitan soluciones. Si con las oficinas abiertas apenas reciben la atención mínima, ahora, sin oficinas, la situación será todavía peor.

En este punto reitero que, si existiera una verdadera coordinación entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, los municipios y las dependencias federales relacionadas con el sector agrario, podrían encontrarse soluciones concretas para atender los conflictos existentes. Actuando de manera aislada, simplemente no podrán.

En esta problemática también salen raspados los titulares de la Procuraduría Agraria y de la SEDATU en Chihuahua, el doctor Rolando Ernesto Herrera y Saldaña y Beatriz Anselma Meza Peñuelas, respectivamente, quienes, al parecer, tampoco han participado para enfrentar siquiera los problemas más elementales de los campesinos. Si ni siquiera pueden coordinar un cambio de oficinas, ¿qué podemos esperar?

Factores detonantes de la parálisis del Registro Agrario Nacional

Presupuesto insuficiente y crisis de sedes. Los recortes al gasto operativo provocaron que delegaciones estatales se quedaran sin recursos para pagar el alquiler de oficinas. Esto obligó al personal a buscar sedes temporales gratuitas, muchas veces ubicadas en zonas de difícil acceso y sin infraestructura básica.

Suspensión de trámites por mudanzas y actualización de sistemas. El RAN ha decretado cierres prolongados. En enero de 2026 suspendió totalmente sus actividades por el cambio de domicilio y, posteriormente, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación pausó la recepción de documentos provenientes de juzgados y tribunales agrarios para actualizar sus sistemas informáticos.

Escasez de personal. El despido y la falta de renovación de plazas dejaron a las ventanillas sin el personal suficiente para procesar el flujo diario de solicitudes.

Mala atención y un sistema de citas ineficiente. Se entregan muy pocas fichas de atención cada día, obligando a los ejidatarios a hacer largas filas o recorrer grandes distancias sin la certeza de ser atendidos.

Consecuencias para los núcleos agrarios

Rezagos de meses e incluso años. Trámites esenciales, como la expedición de títulos parcelarios, certificados ejidales, listas de sucesión o el registro de actas de asamblea, permanecen congelados de manera indefinida.

Costos económicos para los ejidatarios. Los campesinos deben absorber los gastos de múltiples traslados, copias y viáticos para acudir a las capitales de los estados.

Freno a la inversión y al acceso al crédito. Al no contar con documentos de propiedad debidamente registrados, los productores no pueden acceder a créditos bancarios, celebrar contratos comerciales formales ni obtener apoyos productivos.

Incremento de los conflictos internos. La falta de resoluciones oportunas propicia invasiones de tierras, despojos y prolongadas disputas legales entre ejidatarios.

Como resultado de esta situación, la actuación de la SEDATU y, de manera directa, del Registro Agrario Nacional contribuye a profundizar la crisis del sector agrario en México, caracterizada por una combinación de altos costos de producción, caída de los precios internacionales, sequías recurrentes y una creciente pérdida de soberanía alimentaria.

Actualmente, el país produce apenas una parte de los granos básicos que consume, lo que incrementa la dependencia de las importaciones. A ello se suma la falta de eficiencia en la regularización de la tenencia de la tierra. En este escenario, el RAN aporta su propia cuota al problema al dejar sin atención a miles de campesinos.

Estos graves problemas son consecuencia, en buena medida, de la falta de coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales, convirtiendo en letra muerta disposiciones fundamentales para el adecuado funcionamiento del país.

Se nos olvida que el sector primario constituye el eslabón más importante de la cadena alimentaria de cualquier nación. El gobierno tiene que intervenir. Señores del poder: vuelvan la mirada al campo y no se olviden de los campesinos de México.

Como referente nacional, en Chihuahua se constituyó el Colegio de Abogadas y Abogados Agrarios, integrado por aproximadamente veinte especialistas en la tenencia de la tierra. Se trata de la primera organización de esta naturaleza constituida en México.

Su objetivo es brindar capacitación profesional, generar espacios de investigación académica, fungir como contrapeso institucional frente a las deficiencias gubernamentales y, principalmente, garantizar la defensa social y jurídica de la clase campesina en el estado.

Con el paso del tiempo, este Colegio podrá convertirse en una pieza importante para la solución de los conflictos agrarios.

Salud y larga vida.

Profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

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