Según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del INEGI, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en incidencia de corrupción, incluso por encima de entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, que tradicionalmente son percibidas como las más corruptas en materia de trámites gubernamentales.

De acuerdo con dicha encuesta, en Chihuahua existe una incidencia de corrupción de 18 mil 420 personas por cada 100 mil habitantes que han sido víctimas de al menos un acto de corrupción, cifra muy cercana a la del primer lugar, ocupado por Hidalgo, con 21 mil 452. El segundo lugar corresponde a Oaxaca y el tercero a Sinaloa.

Además, el 87 por ciento de la población de Chihuahua percibe corrupción en el gobierno, no necesariamente en el estatal, sino en el ámbito gubernamental de su entidad. Esto nos lleva a concluir que la ciudadanía considera que la corrupción es un problema presente en la burocracia, principalmente en los gobiernos estatal y municipales, ya que es en los servicios públicos donde la población mantiene un contacto más frecuente.

Resulta oportuno señalarlo en estos momentos, cuando vemos a diversos políticos proyectándose como aspirantes de los principales partidos con presencia en Chihuahua, el PAN y Morena. Sin embargo, en ninguno de ellos observamos una agenda clara que promueva el combate a la corrupción y, con ello, la mejora de los servicios públicos.

La misma encuesta revela que, a nivel nacional —y Chihuahua no es la excepción—, la ciudadanía percibe como las instituciones y servidores públicos más corruptos a los policías y a los partidos políticos, que ocupan el primero y segundo lugar, respectivamente. Pese a ello, no hemos visto que las campañas políticas, ni las pasadas ni las recientes, incorporen una agenda seria de combate a la corrupción.

Por ello será importante conocer si las figuras con mayores posibilidades de triunfo, tanto del PAN como de Morena, que aspiran a la gubernatura y a las presidencias municipales de Chihuahua y Ciudad Juárez, cuentan con propuestas concretas para enfrentar este problema.

En lo personal, como exservidor público estatal y federal, con 17 años de trayectoria en instituciones de seguridad y desempeñando altas responsabilidades, puedo asegurar que la corrupción no es un fenómeno presente en todos ni en todo. Es un problema controlable e incluso erradicable, siempre que exista voluntad política por parte de quienes encabezan las administraciones gubernamentales.

El caso más revelador lo tenemos en Chihuahua con el cambio de modelo en la investigación y procuración de justicia. Pasamos de un sistema opaco, donde prácticamente todo se hacía en lo oscuro, a un modelo mucho más transparente, en el que el servicio se encuentra bajo el escrutinio público. Los abogados pudimos constatar, con satisfacción y sorpresa, que la corrupción disminuyó de manera muy considerable.

De tener instituciones donde no era posible obtener unas copias o acceder al servicio de procuración y administración de justicia que merecemos todas y todos los ciudadanos sin dar para "la soda", como popularmente se conocía al soborno, o para el llamado "impulso procesal", eufemismo con el que elegantemente se disfrazaba la corrupción, pasamos a un sistema donde se brinda atención y se entregan las copias necesarias sin exigir dinero de por medio.

Este cambio tiene una explicación muy clara: la transparencia. El sistema se volvió completamente visible para el ojo público. No me refiero únicamente a las oficinas de cristal, sino también a que las audiencias son videograbadas y, con las excepciones previstas por la ley, cualquier persona puede observarlas mientras se desarrollan. El servicio público y la actuación de los servidores públicos quedaron expuestos al escrutinio ciudadano.

Por supuesto que sigue existiendo corrupción, pero hoy se presenta de manera aislada y es atribuible a muy pocos servidores públicos; ya no constituye una práctica generalizada.

Por ello creo firmemente que la mejor manera de combatir la corrupción consiste en transparentar el servicio público y la información, hacer visible la actuación de los servidores públicos, el destino de los recursos públicos y las decisiones que toman. Hacia ese modelo debemos avanzar.

Estoy convencido de que muchos políticos y servidores públicos incurren en actos de corrupción porque saben que difícilmente serán descubiertos. Esa conducta cambia cuando existe la posibilidad real de ser exhibidos públicamente mediante un video, una grabación o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Lo mismo ocurre con algunos policías y agentes de vialidad que extorsionan o cometen actos de corrupción porque consideran que nadie se enterará. Esta misma semana, el director de una importante revista de Ciudad Juárez denunció cómo agentes de vialidad acechan a los conductores que salen de una plaza comercial con restaurantes y bares, una situación que difícilmente ocurriría si toda la actuación de estos elementos fuera videograbada.

Avancemos, pues, hacia un servicio público transparente, con información disponible y accesible para toda la ciudadanía, como la mejor herramienta para inhibir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Porque muchos funcionarios hacen y deshacen simplemente porque se los permitimos; si supieran que sus actos serían exhibidos y ventilados públicamente, pensarían dos veces antes de cometerlos.