“Lejos de ser un problema del pasado, las estadísticas demuestran que este mercado negro vuelve a mostrar una preocupante tendencia al alza. Durante el primer trimestre de este 2026, se registraron 2,563 tomas clandestinas en ductos de gasolina y diésel, una cifra que equivale a una perforación ilegal cada 51 minutos con 27 segundos”

El huachicol es la estafa maestra que el poder se niega a castigar. Un negocio multimillonario que opera bajo el amparo de la complicidad institucional. Las perforaciones a los ductos de Pemex exigen mapas tecnológicos, herramientas industriales y precisión horaria, lo que evidencia que el verdadero despojo no ocurre en la clandestinidad del campo, sino en la comodidad de oficinas corporativas y refinerías. En este esquema, la impunidad actúa como el motor principal: el combustible robado se factura y comercializa legalmente en gasolineras establecidas gracias a la falsificación de documentos y a la deliberada ceguera de los reguladores.

Lejos de ser un problema del pasado, las estadísticas demuestran que este mercado negro vuelve a mostrar una preocupante tendencia al alza. Durante el primer trimestre de este 2026, se registraron 2,563 tomas clandestinas en ductos de gasolina y diésel, una cifra que equivale a una perforación ilegal cada 51 minutos con 27 segundos.

Este repunte, atribuido por los especialistas a un menor resguardo y a un cambio de prioridades en la estrategia de seguridad, representa un incremento del 8.6% frente al cierre del trimestre previo. La maquinaria no se detiene: con un acumulado mensual que inició en enero con 897 tomas, disminuyendo levemente en febrero a 771 y volviendo a repuntar en marzo a 895, queda claro que el subsuelo mexicano sigue sangrando bajo el cobijo de la omisión oficial.

Este desangre no es pacífico; se sostiene mediante una violenta red de asesinatos, desapariciones, traiciones y contratos bajo sospecha, cobijada por una compleja red de protección institucional. Pero el verdadero salto evolutivo de este delito trasciende el ámbito rural, a diferencia de la rudimentaria ordeña física en los campos, la versión corporativa del negocio opera con facturas membretadas, agentes aduanales coludidos y despachos ejecutivos que logran legalizar la ilegalidad desde las aduanas y las fronteras del país.

El llamado huachicol consiste en perforaciones ilegales en los ductos utilizados para transportar combustibles, como gasolinas y diésel, con el fin de extraerlos y comercializarlos de manera ilícita. Sin embargo, el destino del combustible robado va más allá de su venta en carreteras o mercados informales; abastece vehículos utilizados por grupos criminales y constituye una fuente adicional de financiamiento para las organizaciones delictivas, una actividad que incluso el gobierno de Estados Unidos ha identificado como una de sus principales líneas de negocio.

El último informe revela que este saqueo se concentra en 18 de las 32 entidades del país, e Hidalgo encabeza nuevamente la lista con 731 tomas clandestinas: un incremento del 19.8% frente a las 610 registradas en el mismo periodo del año anterior. Esto significa que —en promedio— el estado registra una perforación ilegal cada tres horas. Detrás de Hidalgo se despliega un mapa de complicidades que avanza con fuerza por Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Morelos y Nayarit.

Toda esta maquinaria criminal no nació ayer; el problema del huachicol arrastra más de una década de historia. Lo cierto es que, según la evidencia técnica y estadística, la tendencia se multiplicó descaradamente al inicio de la era de la 4T. Los reflectores parecen enfocarse de manera exclusiva en figuras de la oposición, como el reciente caso del exgobernador Ruffo Appel. Ante este escenario, la pregunta salta por sí sola: ¿y los personajes del color oficial para cuándo? En un verdadero Estado de derecho no cabe la justicia selectiva. Si la lucha contra el huachicol fiscal va en serio, el castigo debe alcanzar a los cómplices de todas las banderas, sin distinciones ni protecciones desde el poder. Como dijo el periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano: “La corrupción y la impunidad son las dos caras de la misma moneda”. Sumemos Voces.