El presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, el emecista Raúl González Martínez, está acusado de ordenar el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada el 2 de junio y encontrada muerta el 3 de julio. La fiscalía estatal pidió al Congreso estatal retirarle el fuero para procesarlo como presunto autor intelectual del crimen. Hasta hoy ya hay ocho personas presas, entre ellas policías municipales vinculados a un grupo criminal.
El 22 de julio, en San Pablo Etla, Oaxaca, mataron a tiros a Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión entre 2018 y 2019, y desde su columna El Zumbido del Moscardón criticaba al gobierno estatal y la inseguridad. Denunció amenazas de muerte desde 2025 y nadie lo protegió.
Estas y otras historias explican mejor lo que cuesta hoy ejercer el periodismo local en México. ARTICLE 19, la organización internacional independiente dedicada a defender la libertad de expresión y el derecho a la información, documenta ya 181 periodistas asesinados en México desde 2000. 25 ocurrieron con Vicente Fox, 48 con Felipe Calderón, 47 con Enrique Peña Nieto y otros 47 con Andrés Manuel López Obrador. Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum van, hasta ahora, 14. La cuenta no distingue colores partidistas.
2026 no ha terminado y ya son siete los periodistas asesinados en el año. Además de Leyva y Roxana Guzmán, la lista incluye a Josué Martínez Contreras en Puebla, Manuel Mora Serna en Guerrero, Carlos Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez en Veracruz, y Juan David Gámez en Nuevo León. La mayoría había alertado sobre amenazas antes de morir.
El dato que en realidad explica por qué ocurre todo lo anterior viene de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que reporta que entre julio de 2010 y septiembre de 2025 solo se han logrado nueve sentencias condenatorias por homicidio de periodistas, y cuatro más por tentativa. Nueve condenas contra 181 asesinatos desde el 2000 son la prueba de que, en México, matar a un periodista casi nunca cuesta nada.
Porque la impunidad no acompaña al crimen, lo sostiene. Un asesinato sin autor intelectual identificado ni sentencia firme cumple doble función para quien lo ordenó: silencia la voz incómoda y advierte a las que siguen con vida. En un municipio donde el Estado apenas existe, ese mensaje llega rápido a reporteros, fuentes y funcionarios que podrían filtrar un documento comprometedor.
Lo de Ixhuatlán del Sureste agrega una capa más incómoda. Cuando la fiscalía señala a un gobernante en funciones como autor intelectual del asesinato de una periodista, el asunto deja de ser solo libertad de prensa: se vuelve captura criminal de un gobierno municipal.
La presidenta Sheinbaum condenó el crimen, pero las condenas discursivas se acumulan mientras las sentencias judiciales casi no avanzan. Catorce periodistas asesinados en su gobierno ya no se explican solo como herencia del pasado y los gobernadores tampoco pueden esconderse detrás de la Federación cuando son sus propias policías y fiscalías las que investigan mal estos crímenes. Sin sentencias firmes, las condenas de la presidenta y los gobernadores no sirven de nada.
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