¿Quién protege el negocio de los vapeadores?

Que no es campaña ni es para niños, dice Olson

Una multa que le saldrá cara a Brighite

El levantón del director de Seguridad y Protección Civil de Carichí, Isidro Anchondo Martínez, así como dos empleadas de la administración municipal, ocurrió en plena plaza pública y ni la vigilancia Centinela de acceso y salida del pueblo sirvió para investigar qué pasó con ellos, antes de aparecer muertos.

Presumiblemente, ni la luz ni la señal de internet o para llamadas celulares son constantes en la población ubicada a escasos kilómetros de Cuauhtémoc, la zona urbana más cercana, por donde los captores de las víctimas debieron pasar antes de quitarles la vida y arrojar sus cadáveres en la carretera a Chihuahua, entre Santa Isabel y Palomas, a pocos minutos de la capital.

Parte del contexto político es relevante: el alcalde priista de la comunidad, Alejandro Gutiérrez, andaba de gira por México dándole vuelo a la viaticada, casualmente, casi al mismo tiempo en que Anchondo, Karla Yaneth Lerma Tecla y Brenda Jaqueline Madrid Vázquez, sus colaboradores, eran sentenciados a muerte.

En redes sociales, el presidente municipal presumió su “gira de trabajo” por la capital del país, para reuniones con dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI y nombramientos partidistas, así como, para justificar la vuelta, supuestas gestiones ante fundaciones privadas y la incierta promesa de la instalación futura de un espacio para vender artesanías de Carichí en un mercadito sobre avenida Insurgentes.

Todo ello acompañado de las tradicionales fotografías y del discurso optimista sobre las "muy buenas noticias" para el municipio. Nada malo tendría, por supuesto, gestionar recursos o tocar puertas, para eso fue electo. Lo que resulta difícil de digerir y hasta insultante es la desconexión entre el discurso y la realidad de la tragedia.

Y el contexto criminal no es aparte, porque la región la pelean grupos del Cártel de Sinaloa, en pugnas internas por pequeños territorios, con células de Durango y Chihuahua; además de que, cada que puede, el Cártel de Juárez-La Línea-La Empresa mete mano para alentar el debilitamiento de sus rivales.

Así, sobre Carichí pesa el mismo infierno que localidades de Cuauhtémoc, General Trías, Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Nonoava y Guachochi, ante autoridades municipales, estatales y federales que nomás existen en el papel o están pintadas; nomás cobran cada quincena, religiosamente.

El que un grupo criminal pueda entrar a un municipio, privar de la libertad en plena plaza a empleados o jefes de la administración pública, desaparecerlos por días y finalmente abandonar sus cadáveres a unos metros de una transitada carretera, habla un brutal descaro y del alto nivel de impunidad del que gozan los delincuentes; ya no actúan escondidos, lo hacen con la tranquilidad de quien se sabe dueño del territorio.

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Si algo dejó en evidencia el aseguramiento de más de seis mil vapeadores por la Secretaría de Seguridad Pública no es la eficacia de una estrategia contra ese mercado ilegal, sino una pregunta más profunda: ¿cómo es posible que un negocio prohibido opere con tanta normalidad y a plena vista de todos?

La versión oficial cuenta que policías detectaron un Peugeot cargado con cajas de gran tamaño en la Panamericana, le marcaron el alto, realizaron una “entrevista preventiva” y el conductor confesó que traía miles de cigarros electrónicos. Casi dos millones de pesos en mercancía, según el cálculo de las autoridades.

A la historia nomás le faltó un final feliz de cuento de hadas, pero lejos de generar tranquilidad, causa extrañeza que la detención no haya sido resultado de una investigación.

Al parecer fue una mera casualidad, si creemos eso de que cualquiera puede ser detenido para una “entrevista preventiva”. Pero no hubo una operación especial ni una carpeta de investigación ministerial estatal o federal, derivada de labores de inteligencia; ni cateos, ni seguimiento previo a una red de distribución.

Fue, según el propio comunicado, un hallazgo fortuito durante un recorrido de vigilancia. Es decir, la casualidad terminó por hacer el trabajo que debería formar parte de una política permanente de combate, principalmente de autoridades federales de salud y seguridad.

Porque alguien debió importar la mercancía por alguna aduana martítima o terrestre, alguien más la almacenó, la distribuyó y la vendió, nomás que esta carga no alcanzó a llegar a miles de consumidores que los compran todos los días.

Los vapeadores están en plazas comerciales, en pequeños locales, en puestos improvisados, en redes sociales y hasta mediante servicios de entrega a domicilio. El comercio se realiza con una naturalidad que raya en el descaro, pese a las restricciones federales existentes.

Si todo mundo sabe dónde se venden, ¿por qué nadie parece saberlo oficialmente? ¿Dónde están los operativos sistemáticos? ¿Dónde los aseguramientos semanales? ¿Dónde las investigaciones para desmantelar las cadenas de suministro? ¿Dónde las sanciones para quienes mantienen abierto ese negocio?

Si es mercancía ilegal, no se ve acción alguna de la autoridad federal y mucho menos la necesaria coordinación con la estatal para atajar el problema. ¿Quién protege ese negocio?

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Dábamos cuenta ayer de las críticas contra el diputado Carlos Olson, por el uso de fotografías de niños y niñas en carteles promocionales de unas charlas que el legislador realiza en escuelas públicas, debido a que está prohibido el uso de imágenes de menores de edad en la propaganda política.

Pues bien, el panista reporta que no es campaña para promocionarse como aspirante del PAN para la candidatura a presidente municipal y tampoco son eventos con niños los que anuncia.

Como puede verse en uno de los posters (que dejamos de nuevo en la versión digital de esta columna), el diputado promueve pláticas a padres y madres de familia. Lo que busca es impulsar que protejan a sus hijos de las influencias nocivas de las redes sociales, así como reformas legales en ese sentido.

Por eso, le pareció pesado el título de la entrega pasada de GPS: “Hay que cuidar (de Olson) a niños y niñas”, pero la referencia clara fue a la necesidad de proteger los derechos de las infancias de los actores políticos, que deben conocer bien el marco legal, el cual privilegia la protección integral de niños y niñas, para que no sean usados en la propaganda.

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Igual tiene un camino muy difícil Brighite Granados, la dirigente estatal de Morena, si es que se le cree que el retiro de la visa ocurrió por una simple multa de conducción de vehículos.

Si ese fuera el caso, que tampoco es descabellado, deberá acudir a la Corte que la sancionó por dejar pasar tiempo sin atender la mentada multa.

¿Por qué a la Corte? Porque si es cierto lo que dice, sobre ella pesa una orden de arresto por desacato, lo que se conoce como “warrant”.

Ante los ojos del departamento de Estado, Brighite pasó a ser considerada prófugo con un problema penal activo. Entonces ya no le basta con ir y pagar la multa, sino que debe comparecer y pedir perdón.

Además, cuando quiera recuperar la visa, tendrá que confesar que tiene antecedentes penales y no mentir, específicamente en el formato DS-160.

A la pregunta, ¿ha sido arrestado o convicto por alguna ofensa o delito?, deberá marcar sí, quedando a merced del oficial que la atienda, quien decidirá si es candidata, por ejemplo, a un perdón de no inmigrante.

Complicada por donde se le vea la situación de Brighite. No se diga si esa no es la razón y si lo es alguna otra consideración, como las deslizadas por su homóloga del PAN, Daniela Álvarez.