La economía circular es en una de las grandes apuestas para enfrentar la crisis ambiental que vivimos. Gobiernos, empresas, organismos internacionales e incluso influencers o figuras públicas y políticas hablan cada vez más de reciclar, reutilizar y aprovechar mejor los recursos.

Pero hay una pregunta que sigue sin resolverse con claridad: ¿quién va a hacer posible todo eso? Ya que la sostenibilidad no puede medirse solo por la cantidad de residuos que se recuperan, sino también por la capacidad de generar oportunidades para todas las personas. La transición hacia una economía más verde promete nuevos empleos, innovación y crecimiento. Sin embargo, se minimiza si no se traduce en condiciones reales de inclusión.

La economía circular no puede entenderse solo como un cambio técnico o ambiental, sino también como un cambio social.

En este sentido, la investigadora Cristina Cortinas Durán señaló que la inclusión social debe asumirse como un eje transversal en las políticas públicas, los programas empresariales y las estrategias de desarrollo sostenible. No como un complemento, sino como parte central del modelo.

En ese sentido, se vuelve indispensable impulsar empleos inclusivos, eliminar barreras de acceso para personas con discapacidad, fortalecer capacidades y reconocer el papel de quienes ya participan en la recuperación de materiales, particularmente recicladores y trabajadores informales que durante años han sostenido gran parte de esta actividad sin suficiente reconocimiento.

También es necesario avanzar hacia nuevas formas de evaluación. No basta con medir cuántos residuos se reciclan o cuánto se reduce la contaminación. Es indispensable incorporar indicadores sociales que permitan saber si la transición está reduciendo desigualdades, ampliando la inclusión laboral y mejorando las condiciones de vida.

No es justo que buena parte de quienes sostienen en la práctica la recuperación de materiales sigan siendo invisibles para las políticas públicas. En muchos casos se trata de mujeres y trabajadores en condiciones precarias que realizan una labor esencial para el cuidado del medio ambiente, pero sin acceso a seguridad social, capacitación o estabilidad laboral.

Por eso, la inclusión social es una condición para que la economía circular sea realmente sostenible. De poco sirve reducir residuos o mejorar procesos productivos si los beneficios se concentran en unos cuantos mientras otros siguen al margen del desarrollo.

La transformación que se plantea no consiste únicamente en cambiar la forma en que producimos y consumimos, sino en replantear cómo se distribuyen las oportunidades. Una economía circular que excluye no es sostenible, aunque sea eficiente. El reto no es solo construir un planeta más limpio, sino una sociedad más justa. Y en esa tarea, nadie debería quedarse atrás.