Luego de casi mes y medio de una guerra sin cuartel entre las dos fuerzas mandonas en Chihuahua, la 4T y el PAN, ya se pueden perfilar los saldos.
No pueden estar muy satisfechos los morenistas, en el choque de ‘narrativas’ es más evidente que la desplegada por el panismo permeó más. Le sacó ventaja a la de Morena y su presidenta, consistente en señalar a la mandataria chihuahuense como ‘traidora a la patria’, frente a la desplegada por su contraparte que logró —y no solo con el gran público local— que se identificara a los gobiernos de la 4T con el narcotráfico. La ofensiva presidencial, en apariencia, era la defensa de la soberanía. Tenía como fondo el aprovechamiento electoral. En muchos momentos, en las redes sociales, el morenaje calificó a los panistas de aliados del presidente Trump. Los de enfrente intentaron, y lograron avances importantes, por tratar de ubicar, en la narrativa popular, que quieres ahora gobiernan son, no solo aliados, sino integrantes del crimenorganizado. Los indudables errores en la comunicación del Gobierno de Chihuahua, en el manejo del descubrimiento del narco laboratorio en la sierra, permitieron que inicialmente el tema fuera tratado, sí con severidad por parte de la Presidenta. Logró que permeara la idea de que Maru Campos y el fiscal César Jáuregui estaban al tanto del operativo y la participación de agentes norteamericanos en él. Todo cambió radicalmente a partir de la solicitud de orden de detención provisional, con fines de extradición, de Rocha y sus socios. La confrontación política llegó a niveles no conocidos hasta ahora, entre el PAN y Morena. Hoy todo forma parte del pasado. Siguen en el aire las explicaciones del por qué la 4T declinó sus banderas que tan a la ofensiva había desplegado, hasta con la participación de sus nuevos principales dirigentes nacionales, Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán y su estrepitoso fracaso en la convocatoria a la marcha. Días después, la ofensiva contra Maru logró lo que no se había alcanzado al interior del panismo prácticamente desde el año 2006, que los expresidentes Fox y Calderón participaran juntos en un acto público. La ofensiva presidencial los había unido. En la marcha de Morena en Chihuahua, ocurrió una cosa semejante en ese partido. Salieron unidos en esa movilización y le dieron a la confrontación interna por la candidatura al Gobierno del Estado una pausa. Queda pendiente como un saldo gigantesco, la explicación del cambio tan radical de la presidenta de México en el episodio de El Pinal. ¿Qué hizo cambiar el criterio de la presidenta, que transitó de acusar a Maru Campos de traidora a la Nación y que los agentes norteamericanos, pasaran a ser, en la visión de la presidenta, de posibles integrantes de una de las agencias norteamericanas, especialmente de la CIA, para transformarse, en el discurso presidencial, primero en visitantes, y luego en ‘ubicadores’ del narco laboratorio? En esta última versión coincide con la primera información otorgada por el ex fiscal César Jáuregui, porque éste dijo que los agentes venían de participar en un ‘curso de instrucción’en manejo de drones. Para ubicar un narcolaboratorio, seguramente una de las herramientas usadas fueron, precisamente, los drones que los norteamericanos manejan. Digo, mal pensado que es uno. ¿Cómo salen libradas las dos fuerzas principales en Chihuahua después de estos avatares? En la percepción ciudadana y en los primeros sondeos y encuestas publicados hasta hoy se aprecia que las preferencias por el panismo lograron avanzar, que la ventaja de Morena, que se presumía irremontable hasta antes de todo este episodio, rumbo a las elecciones del próximo año, ya no lo es. Pero deberá recalcarse que es por el momento, que el discurso de Maru Campos sí logró prender en una parte importante de la ciudadanía, que la defensa de Rocha era en realidad la explicación y el origen de la ofensiva presidencial y no la supuesta traición a la patria que tanto le achacaron. El problema para el panismo será lograr que esa percepción se mantenga, por lo menos, hasta el inicio formal de la campaña electoral del próximo año. Seguramente que en el ánimo presidencial pesó mucho la disminución de las simpatías hacia su persona y hacia su movimiento, lo que puede convertirse en una baja en las preferencias electorales para el próximo año, indudablemente, pero aún falta un año y en el curso de este tiempo, esa percepción puede regresar a la anterior al episodio del narco laboratorio. Sin duda este factor debe haber pesado en el ánimo presidencial, pero, presumiblemente, puede haber incidido un factor aún más importante que ese, el de que a trasmano, en lo oscurito, el gobierno de Sheinbaum tiene acuerdos de colaboración con las agencias y el gobierno norteamericano, más allá de lo que ella quisiera que la opinión pública supiese. Pero falta un año, de tal manera que si hubo un aumento de las simpatías por el PAN en el estado de Chihuahua y no hay certeza de que sea un fenómeno duradero, entonces podrían intentar alargarlo, hasta el extremo de postular a la gobernadora como candidata a diputada federal para que encabece la campaña electoral y apoyar la del más previsible candidato a gobernador, el alcalde Marco Bonilla. Por su lado, los dos actos celebrados por Morena en Chihuahua, el primero convocado por la dirigencia nacional y el del segundo aniversario del triunfo de Claudia Sheinbaum, dejaron la percepción de fracaso de la movilización en la ciudad de Chihuahua, en cuya organización, se supone, tenía mayor responsabilidad la senadora Andrea Chávez, y que la celebrada en Juárez (la del aniversario) en la que la mayor parte de la responsabilidad recayó en el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, constituyó un éxito, pues la asistencia fue notoriamente superior a la que habían alcanzado en Chihuahua. Imposible si eso constituya uno de los elementos determinantes en la definición de la candidatura. Los problemas los tiene el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Aún es temprano para saber si la información publicada por el periódico Los Angeles Times tiene sustento y son ciertas las supuestas investigaciones contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, y que ello se convierta en una presión, aún mayor que la que está sufriendo por la extradición de Rubén Rocha. Porque a los ojos de una parte del electorado resulta inexplicable que al mismo tiempo que se maneja como un principio en riesgo, el de la defensa de la soberanía de la nación, se nieguen a entregar a personajes con abundantes evidencias de estar coludidos con el crimen organizado. Eso puede convertirse en el gran error del actual gobierno de la República, porque llevará a que muchos ciudadanos percibirán una clara identificación entre el crimen organizado y la 4T. Más aún, si se libera la orden de extradición contra Alfonso Durazo, mostrará la profundidad de la colusión que han alcanzado los delincuentes con el gobierno, porque, de llegar a los EU, tendrán en sus prisiones al que fuera Jefe de la Sección Segunda militar, es decir, el encargado de inteligencia militar, que fuera secretario de Seguridad de Sinaloa —el Gral. Mérida— y al que fuera secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —Durazo— y que por esa calidad, estuvo al tanto de lo ocurrido en las elecciones en Sinaloa en el año 2021 y antes, en el primer culiacanazo, el de la frustrada detención de Ovidio Guzmán. Asombra que ninguno de los mencionados tenga una sola orden de aprehensión en nuestro país. Porque si en el gobierno le apuestan a que Donald Trump tenga un descalabro en las elecciones de noviembre próximo y pierda la mayoría en la Cámara de Representantes, eso no garantiza que los demócratas, convertidos en mayoría, pudieran frenar las acciones que hoy se lanzan en contra de la delincuencia organizada en México. Seguramente será todo lo contrario, basta recordar que quien ordenó la aprehensión la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue el demócrata, Joe Biden. Podrán cambiar algunas expresiones, pero el objetivo de detener a como dé lugar, porque ya fueron declarados terroristas, a la mayor parte de las cabezas de los cárteles y de todos los actores políticos, sociales y económicos, con relaciones económicas o de otro tipo con ellos, no cambiará. De ahí que se coincida con la presidenta, cuando dijo que primero van a venir por unos y luego por otros y que el Departamento de Justicia pretende convertirse en un elemento determinante en las elecciones mexicanas. El problema consiste en la respuesta que dé el gobierno. Si confunde la defensa de la soberanía nacional, con la defensa jurídica de varios de sus compañeros con evidentes ligas con el crimen realizado, es el peor de los errores. Si hay que confrontarse con el presidente de Estados Unidos, desde una extrema posición de debilidad y vulnerabilidad, debe ser bajo el irrestricto respeto al derecho internacional. Para exigirlo, la única herramienta a la mano, para el gobierno de México, es actuar congruentemente bajo los principios del derecho internacional. Eso significa respetar escrupulosamente los términos del tratado de extradición en el asunto de Rocha y compañía. En este tema, el gobierno de Trump ha actuado apegado a ese Tratado. Han habido, sí, exabruptos, amenazas y presiones verbales de los gobernantes norteamericanos, pero las instituciones de EEUU se han comportado adecuadamente. Si el Gobierno de Claudia Sheinbaum fuera congruente, ya habría detenido a todos los señalados, los hubiese puesto bajo la jurisdicción de los jueces federales, notificado al gobierno de los Estados Unidos de todo ello, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y los jueces mexicanos hubiesen pedido a la corte del sur de Nueva York los expedientes que contienen las pruebas y evidencias con las que sustentaron la petición de extradición. ¿Qué va a hacer si a lo anterior se le suma lo que se acumule en la semana? ¿Va a seguir defendiéndolos? ¿Sacará otra cartita López Obrador? ¿Cuántas más?asertodechihuahua@yahoo.com.mx
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