La tensa relación entre los gobiernos de Estados Unidos (EU) y México entró en un momento muy frágil esta semana, debido a la constante presión desde Washington para que México arreste y extradite a varios funcionarios, y actúe de manera mucho más eficaz en contra de los cárteles mexicanos. Los esfuerzos diplomáticos se han ido deteriorando con el paso del tiempo, ante el gran poder y riqueza que estas organizaciones han alcanzado bajo la protección de funcionarios y gobernantes corruptos.

Desde hace años, EU ha mandado un mensaje claro y contundente, en el sentido de que ya no está dispuesto a dejar que ningún grupo que afecte sus intereses —políticos o ideológicos— siga adquiriendo poder, riqueza y armas, especialmente si defiende intereses socialistas.

Sin pedirle permiso a nadie, la derecha norteamericana declaró terroristas a los cárteles mexicanos y, cuando quiere, mata o detiene a los líderes que la desafían, como a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, o al líder iraní Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses. El estilo de relación que prefiere el presidente oligárquico de EU con el mundo es la intimidación.

Recordemos que el expresidente izquierdista de Venezuela está encarcelado en EU, acusado —quizá injustamente— de ser uno de los líderes del Cártel del Sol, organización que no tenía ni la magnitud ni el alcance económico del Cártel de Sinaloa.

Ante el deterioro de la relación binacional por las tensiones, esta semana el embajador estadounidense Ronald Johnson visitó a la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Más allá de los reclamos de soberanía de la presidenta y su petición para no politizar el tema de los narcopolíticos, las narrativas de inseguridad y violencia en muchas partes del país siguen siendo constantes desde hace mucho tiempo. Esto —pienso yo— le facilita políticamente a la extrema derecha de EU justificar su intervencionismo, no solo ante los norteamericanos, sino también ante muchos mexicanos y latinoamericanos ya cansados de tanta corrupción y violencia. Muchos países de Latinoamérica, si analizamos, están polarizados políticamente entre la izquierda y la derecha, como observamos en las recientes elecciones de Colombia, que se irán a una segunda vuelta.

La semana pasada, en la mañanera, antes de la reunión diplomática, la presidenta se mostraba defensiva y escéptica ante la petición norteamericana para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de proteger a una facción del Cártel de Sinaloa. El gobernador Rocha es descrito en Google como académico, escritor, exsenador y político del partido Morena, y fue electo gobernador de Sinaloa en 2021. Este era su último año como mandatario antes de pedir licencia para trabajar en su defensa. Hoy se encuentra retirado de su cargo para preparar su defensa y bajo protección oficial.

Aunque no es oficial, se especula que, durante su visita, el embajador Johnson le presentó las pruebas que la presidenta pedía públicamente, ya que se le vio entrar con unos documentos y salir sin ellos.

Mediáticamente solo se han filtrado unas grabaciones indirectas que lo mencionan en tratos criminales, aunque no se escuchan ni se entienden del todo bien. Sin embargo, una jueza federal en Nueva York dijo que hay “pruebas abundantes” contra Rocha y otros funcionarios acusados de recibir pagos del cártel. Su exsecretario de Seguridad, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, se presentó en una audiencia federal en la ciudad de Nueva York. Lo llevaron encadenado a la audiencia, aunque se presume que está colaborando con las autoridades norteamericanas, ya que se entregó voluntariamente.

Después de todo esto, la presidenta ha bajado el tono de su discurso desafiante y patriótico en sus respuestas recientes sobre las acusaciones de EU, evitando responder directamente y echándole el peso del caso a la Procuraduría Federal.

Todo empezó, si recordamos, con el arresto de El Mayo Zambada durante la anterior administración. Este fue secuestrado por Los Chapitos y luego entregado a las autoridades norteamericanas en su territorio, en Santa Teresa, Nuevo México, donde aterrizó su avión proveniente de México.

Esto desató una guerra violenta entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa por Culiacán, que ha ocasionado muchas muertes en ese estado. Violencia que todavía no termina.

Pero todo este escándalo que ha salido a la luz sobre el gobernante de Sinaloa no es todo. Está el escándalo por huachicoleo, que todavía está siendo investigado a fondo. Fuentes fidedignas de EU auguran que vienen más acusaciones contra más funcionarios, algunos cercanos al círculo privado del expresidente Obrador; posiblemente existan investigaciones contra uno de sus hijos y contra un hermano, noticias que estallarán en una peor crisis política para Morena. AMLO quiso posicionarse como un líder importante de la izquierda latinoamericana. Además, es la figura patriarcal fundadora de Morena, y su legado está en peligro.

Tanto que salió de su retiro y escribió una carta pública enérgica criticando las políticas injerencistas de Trump. Es necesario recordar aquí los tiempos en que los conservadores estadounidenses se molestaron con su estrategia de “abrazos, no balazos”, que finalmente no le funcionó al país mucho que digamos.

La historia nos indica que, independientemente del color político que los gobernantes defiendan, siempre ha existido una colusión histórica entre redes criminales mexicanas y funcionarios de alto nivel del gobierno federal, militares, algunos gobernadores y sus mandos de seguridad, o alcaldes impuestos por facciones criminales mediante amenazas o corrupción, y que han llegado al poder desde diferentes partidos políticos. Ahora resulta que las cámaras mexicanas están legislando en ese sentido para evitar la candidatura de políticos con nexos criminales. Nos parece buena, pero algo tardía, esta iniciativa.

Recordemos que el secretario de Seguridad —y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, del PAN—, Genaro García Luna, fue sentenciado en octubre de 2024 a 28 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa, por una corte de EU.

La presión de Estados Unidos en temas de migración y seguridad hacia México siempre ha existido, pero ahora es mucho mayor. Especialmente ahora que la derecha domina y, en México, sucede lo contrario. También por la resiliencia de su presidente, quien no se anda por las ramas.

Actualmente, Trump está algo debilitado políticamente en su país por el alargamiento de la guerra contra Irán. Aunque falta mucho tiempo para las elecciones estadounidenses de medio término —son en noviembre—, el magnate buscará reafirmar su poder con acciones como el arresto de Rocha y de todos los que caigan de aquí a entonces. Quiere mostrarse ante su electorado como un presidente que obtiene resultados para beneficiar a su partido y recuperar su confianza.

Somos el socio principal de Estados Unidos actualmente, pero los mexicanos tenemos que dar mejores resultados en materia de seguridad y corrupción; eso es definitivo y necesario, aunque tenga que ser rindiéndole cuentas al socio mayor y abusón. Esto no es ser vendepatrias; es ser responsables e inteligentes. Tenemos que cuidar primero los intereses del país, escogiendo calidad, con argumentos y acciones positivas. Eso sí, un político o política de carrera no debería pedir ni quejarse para que no se politice un tema importante. Las reglas del juego son para todos sus actores.

“Derrotar a los cárteles requiere apuntar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, dijo Derek Maltz, exdirector de la DEA, quien les pidió a las autoridades mexicanas y a García Harfuch detener a los diez funcionarios acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos.

Jerry79912@yahoo.com