Hay problemas cuyos efectos tardan años en manifestarse. La educación es uno de ellos. Una mala decisión educativa no produce una crisis al día siguiente; produce una generación menos preparada una década después. Por eso, los retrocesos educativos suelen pasar desapercibidos al principio, pero terminan teniendo consecuencias graves sobre la productividad, la movilidad social, la competitividad y la calidad de vida de un país.

México atraviesa hoy una situación preocupante en esta materia. Los indicadores muestran un deterioro que debería encender las alarmas de todos. En los últimos años se ha registrado una caída en la cobertura educativa en distintos niveles, más de un millón de estudiantes han abandonado las aulas y desaparecieron las Escuelas de Tiempo Completo, que beneficiaban a millones de niñas y niños con más horas de aprendizaje y apoyo alimentario. A ello se suman cuestionamientos sobre la calidad de los contenidos educativos, recortes a la formación docente y resultados poco alentadores en las evaluaciones internacionales.

La prueba PISA, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubica a México entre los países con peores resultados de aprendizaje. Al mismo tiempo, diversos estudios advierten que una proporción importante de estudiantes no alcanza competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias. El problema ya no es educativo: es económico, social y de competitividad nacional.

La paradoja es evidente. Justo cuando México tiene frente a sí oportunidades históricas derivadas de la relocalización de inversiones, el desarrollo tecnológico y la transformación de las cadenas globales de producción, nuestro sistema educativo enfrenta enormes dificultades para formar el talento que esas oportunidades demandan. No basta con atraer empresas; también hay que preparar a las personas que trabajarán en ellas.

La educación básica corresponde al Gobierno Federal. Sin embargo, las consecuencias de una educación deficiente no se quedan en los escritorios de la burocracia nacional. Se reflejan en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en nuestras familias y en las oportunidades de nuestros jóvenes. Cuando un estudiante abandona las aulas, cuando una niña no desarrolla plenamente sus capacidades o cuando un adolescente ve limitado su futuro por falta de herramientas educativas, los efectos se sienten en nuestras comunidades.

Ante esa realidad, los municipios tienen dos opciones. La primera consiste en señalar que la educación no es su competencia y esperar a que otros resuelvan el problema. La segunda consiste en actuar. En la Ciudad de Chihuahua elegimos la segunda.

Lo hicimos porque entendemos que la educación es mucho más que una atribución administrativa. Es la principal herramienta de movilidad social. Es el mecanismo más efectivo para reducir desigualdades. Y es, probablemente, la mejor inversión que una sociedad puede realizar para construir prosperidad de largo plazo.

Por ello, entre 2022 y 2026, el Gobierno Municipal de Chihuahua habrá destinado más de 453 millones de pesos a programas educativos. Se trata de una inversión extraordinaria para un ámbito que no forma parte de las responsabilidades centrales de los gobiernos municipales, pero que consideramos fundamental para el futuro de nuestra ciudad.

Una parte importante de estos recursos se ha destinado al Programa de Becas Académicas, que incluye apoyos de excelencia, transporte, formación y competitividad. Entre 2022 y 2026 se habrán invertido 178 millones de pesos y se habrán entregado 69 mil 225 becas. Detrás de cada una de ellas hay una historia de permanencia escolar, de esfuerzo recompensado y de oportunidades que permanecen abiertas.

También hemos fortalecido la infraestructura educativa. Porque aprender en espacios adecuados sí importa. Aulas dignas, instalaciones seguras y entornos funcionales contribuyen de forma directa al aprovechamiento escolar. Por ello, hemos destinado 64.1 millones de pesos a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos, que se suman a los 103 millones de pesos aportados por gobierno del estado y FECHAC, en beneficio de 215 escuelas hasta 2025.

Y, por último, el programa Mi Bolsa Escolar, mediante el cual hemos invertido 211 millones de pesos entre 2023 y 2026 para apoyar a estudiantes de primaria, secundaria y media superior. Gracias a este esfuerzo, se habrán entregado más de 411 mil mochilas y paquetes escolares, ayudando a aliviar una carga económica que para muchas familias representa un desafío importante al inicio de cada ciclo escolar.

Estas acciones no pretenden sustituir las responsabilidades de otros órdenes de gobierno. Tampoco resolver por sí solas los desafíos estructurales de la educación mexicana. Lo que buscan es algo más sencillo y, al mismo tiempo, más importante: hacer nuestra parte.

Porque cuando está en juego el futuro de niñas, niños y jóvenes, la indiferencia nunca puede ser una opción. Porque detrás de cada estadística hay personas, familias y proyectos de vida. Y porque una ciudad que aspira a ser competitiva, segura y con oportunidades para todos debe comenzar por invertir en aquello que determina cualquier futuro posible: la educación.

México necesita una conversación seria sobre el rumbo de su sistema educativo. Necesita recuperar aprendizajes, fortalecer a sus docentes, mejorar la calidad de los contenidos y garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Mientras esa discusión continúa, en Chihuahua hemos decidido actuar.

No porque sea fácil. No porque nos corresponda. Sino porque es lo correcto.