1. Un país partido por la informalidad. La informalidad laboral en México no es un fenómeno marginal ni un simple rezago económico: es un componente estructural del pacto fiscal y del pacto político que sostiene al país. Según la ENOE del primer trimestre de 2026, 54.8% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, pero el promedio nacional oculta una fractura territorial que se ha vuelto crónica. Mientras estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California mantienen una Tasa de Informalidad Laboral (TIL) cercana al 30–35%, entidades como Chiapas y Oaxaca rebasan el 75%, y Guerrero se mantiene en niveles similares. Esta disparidad no es solo estadística: define dos modelos de país conviviendo bajo un mismo marco fiscal, con obligaciones fiscales similares, pero capacidades económicas profundamente desiguales.
La informalidad no es solo la ausencia de registro ante el SAT o el IMSS. Es la ausencia de contrato, de seguridad social, de estabilidad y de mecanismos institucionales de defensa. Es un mercado laboral que opera al margen de la ley, pero no al margen del Estado: depende de él para sobrevivir. Y esa dependencia tiene consecuencias económicas, sociales y políticas.
2. Quién financia al país y quién depende del financiamiento. Los estados con menor informalidad —los más industrializados, con mayor densidad empresarial y productividad por trabajador— aportan la mayor parte del ISR, del IVA y de las cuotas de seguridad social. Son, en términos prácticos, los que sostienen el ingreso fiscal federalizable. Chihuahua, por ejemplo, con una TIL de 34.9%, aporta más por trabajador formal que estados con el doble de informalidad. La ecuación es simple: a mayor formalidad, mayor recaudación; a mayor recaudación, mayor contribución al gasto nacional. En contraste, los estados con mayor informalidad aportan menos a la recaudación y reciben proporcionalmente más recursos vía participaciones y aportaciones. El federalismo fiscal mexicano redistribuye, sí, pero lo hace sin corregir las causas estructurales de la informalidad. Es un sistema que compensa sin transformar, que estabiliza sin desarrollar y que perpetúa la desigualdad territorial. La informalidad, lejos de ser un fenómeno neutral, se convierte en un lastre fiscal que recae con mayor peso sobre los estados que sí han logrado construir mercados laborales más formales. Esta asimetría no es nueva, pero se ha profundizado. La brecha entre entidades con TIL baja y TIL alta no se ha reducido en dos décadas. Y mientras la economía nacional depende cada vez más de sectores formales altamente productivos —manufactura, exportaciones, servicios especializados—, el gasto social se concentra en regiones donde la informalidad es dominante. El resultado es un país donde la productividad se genera en unos territorios y la carga fiscal se distribuye en otros, sin que exista un mecanismo que incentive la transición hacia la formalidad.
3. El costo político de no corregir la informalidad. El punto más delicado no es fiscal, sino político. La informalidad no ha disminuido de manera significativa en décadas, y el Ejecutivo Federal no ha mostrado interés real en abatirla. Esta inacción no puede entenderse solo como omisión técnica: tiene un valor político. En un país donde más de la mitad de la población ocupada carece de seguridad social, contrato o estabilidad, las transferencias directas se convierten en la principal red de protección. Para millones de personas, el Estado no es un garante de derechos, sino un proveedor de apoyos en numerario. En ese contexto, la informalidad funciona como un reservorio político. Es un universo de trabajadores cuya vulnerabilidad los hace más dependientes de los programas asistenciales y menos capaces de exigir instituciones sólidas. No se organizan en sindicatos formales, no presionan por reformas laborales, no demandan seguridad social. Su relación con el Estado es vertical, no ciudadana. La informalidad, así entendida, no es solo un problema económico: es un activo político que alimenta un electorado dependiente y reduce la presión por construir ciudadanía plena.
La política social basada en transferencias directas tiene efectos inmediatos y visibles, pero no transforma las condiciones estructurales que generan informalidad. No crea empleos formales, no fortalece la seguridad social, no incentiva la productividad. En cambio, consolida una relación de dependencia que resulta políticamente rentable. La informalidad, al no exigir derechos, tampoco exige rendición de cuentas. Y esa ausencia de exigencia es funcional para un modelo político que privilegia la lealtad sobre la institucionalidad.
4. Ciudadanía debilitada y productividad estancada. El costo democrático es profundo. Un trabajador informal no es un ciudadano pleno; es un sujeto sin derechos laborales efectivos, sin estabilidad y sin mecanismos institucionales de defensa. Su vínculo con el Estado se construye desde la necesidad, no desde la ley. Mientras la informalidad siga siendo mayoritaria, la política asistencialista seguirá siendo rentable. Y el país seguirá atrapado en un círculo donde los estados más productivos financian un modelo que no incentiva la formalidad, donde la recaudación se estanca y donde la ciudadanía se debilita.
La TIL, vista así, no es un indicador técnico: es el espejo de un pacto político que premia la dependencia y castiga la productividad. La pregunta no es si podemos reducir la informalidad, sino si existe voluntad para hacerlo, aun cuando ello implique transformar la relación entre el Estado y millones de personas que hoy dependen de él para sobrevivir. Mientras esa voluntad no exista, la informalidad seguirá siendo el gran obstáculo para la construcción de un país más productivo, más equitativo y más ciudadano.