Si alguien espera sorpresas a partir de mañana, cuando inician formalmente las inscripciones de las “corcholatas” estatales en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deberá esperar sentado. Lo que se puede observar es que dejarán correr a quien quiera entrarle; ya habrá tiempo, a través de su fórmula democrática de encuestas, de aterrizar a los acelerados y levantarle la mano a los elegidos.

El martes acudirán puntuales a la cita Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, entre quienes no se ha podido concretar algún acuerdo. Para darle sabor al caldo también se registrará Martín Chaparro. La única sorpresa podría venir de Lilia Aguilar, por el PT, y de Octavio Borunda, por el PVEM; no necesariamente porque ellos se registren, sino porque pudieran presentar alguna carta para participar en este proceso de selección. En pocas palabras, validar y preparar la negociación.

Queda claro que nadie está dispuesto a ceder su espacio. Solo algunos ya entendieron que es mejor hacerse a un lado, como es el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien quisiera que su fuero se extendiera eternamente, pues no se ve cómo pueda librarse del proceso que enfrenta en Estados Unidos.

La renovación de gubernaturas en 2027 representa mucho más que una simple selección de candidatos. Se trata de la primera gran prueba política del partido gobernante en la era posterior al liderazgo electoral de Andrés Manuel López Obrador y bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La intención es replicar el modelo utilizado en 2023 para elegir la candidatura presidencial: registros abiertos, filtros internos y encuestas como mecanismo final de decisión.

Sin embargo, detrás del discurso de unidad existe una realidad más compleja. Morena enfrenta una intensa competencia interna, con más de 50 aspirantes distribuidos en las 17 entidades donde habrá elecciones, lo que ha obligado a la dirigencia nacional a establecer reglas para evitar fracturas, campañas adelantadas y confrontaciones entre grupos políticos.

Lo que está ocurriendo en Morena no es únicamente la selección de candidatos para 2027. Es una disputa por la definición de los liderazgos que conducirán el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación durante la próxima década.

Por cantidad de votantes y número de distritos federales, Chihuahua no es una de las entidades más importantes; sin embargo, sí ocupa un lugar estratégico. Es uno de los pocos estados del norte del país donde Morena no ha logrado conquistar la gubernatura.

La relevancia de Chihuahua radica en que representa uno de los últimos símbolos de resistencia al avance territorial del movimiento. Mientras Morena gobierna la mayoría de los estados del país, la administración estatal continúa en manos del PAN bajo el liderazgo de María Eugenia Campos Galván.

Por ello, la definición del defensor estatal de la 4T en Chihuahua tiene una importancia nacional. No se trata únicamente de ganar una elección local; se trata de completar el mapa político del norte y demostrar que Morena puede triunfar incluso en territorios históricamente adversos.

El gran problema para Morena es que esta contienda no se convierta en el inicio de una fractura que le quite la posibilidad de ganar la elección constitucional, ya que la disputa interna entre Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuéllar amenaza con provocar fuertes rompimientos, no solo en la entidad, sino también en la cúpula del partido.

Andrea Chávez es una candidata competitiva para Morena en Chihuahua, pero la pregunta central ya no es si tiene posicionamiento político, sino cuánto daño electoral puede causarle la asociación con los escándalos que rodean a su principal padrino político, Adán Augusto López Hernández.

Hay que reconocer que existe una diferencia entre ser una candidata fuerte y ser una candidata sin vulnerabilidades. Y, por supuesto, el principal problema para Chávez es que el caso de “La Barredora” ha dejado de ser un asunto exclusivamente tabasqueño.

El riesgo para Andrea Chávez es más reputacional que legal. Carga con un costo político visible derivado de una crisis que no generó directamente.

De cara a la definición del defensor estatal de la 4T, este factor podría beneficiar indirectamente a Cruz Pérez Cuéllar. Si la dirigencia nacional concluye que la elección en Chihuahua será altamente competitiva y que la oposición centrará su campaña en los vínculos políticos de Chávez con Adán Augusto, podría valorar que Cruz tiene menos desgaste nacional y menor exposición a esa controversia.

Por eso, la viabilidad de Andrea Chávez no dependerá únicamente de su popularidad. Dependerá de si Morena logra cerrar políticamente el capítulo de Adán Augusto antes de que arranque formalmente la sucesión en Chihuahua. Si ese tema continúa creciendo, podría transformarse de una ventaja interna en un pasivo electoral.

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar encarna la experiencia territorial y la capacidad de movilización electoral. Desde Ciudad Juárez ha gobernado el municipio más poblado del estado y controla una estructura política que ha demostrado eficacia en las urnas. Su fortaleza radica menos en la narrativa ideológica y más en la operación política.

La decisión final dependerá de las encuestas internas, pero también de una variable fundamental: quién ofrece mayores posibilidades de derrotar al eventual candidato del bloque opositor encabezado por el PAN.

En Chihuahua, la contienda entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar refleja dos visiones distintas de cómo debe construirse el poder político: una basada en la renovación generacional y el posicionamiento nacional; otra sustentada en la estructura territorial y la experiencia electoral.

Pero el desafío más importante para Morena no será decidir quién gana las encuestas. Será demostrar que puede mantener la unidad interna, evitar rupturas y garantizar que sus candidatos lleguen a la boleta sin cuestionamientos que comprometan la narrativa de legalidad y transformación que constituye el principal activo político del movimiento.

La verdadera prueba para Morena en 2027 no será únicamente conquistar Chihuahua o retener los estados que ya gobierna. Será convencer al electorado de que el partido sigue siendo capaz de seleccionar a sus candidatos con base en competitividad, legitimidad y probidad, y no solamente en la fuerza política interna.