Imposible sustraerse a la oleada de júbilo, más allá de la afición futbolera y que por encima de las diferencias de clase, ha invadido al país con motivo de la celebración del campeonato mundial de futbol.
El júbilo, sobre todo de los jóvenes, colmó todos los distintos escenarios.
En ellos, las manifestaciones de rechazo a Morena y a la presidenta Sheinbaum, tanto en el estadio Azteca, como en las calles y en el metro de la CdMx, además de los escenarios en Guadalajara y en menor medida en Monterrey, provinieron no solamente de quienes pudieron acceder a los estadios, los que, por sus condiciones económicas, era más esperable que así se presentaran.
No fue así, jóvenes de todas las clases sociales, por momentos y en algunos escenarios, lanzaron serios denuestos a la presidenta.
No fue lo único destacable del mundial en México.
La subordinación del gobierno de la república a la FIFA, a sus directrices hasta en materia de protección civil, que le ordenó los aforos permitidos en los espacios públicos, autorizados por la FIFA.
En medio de esa catarsis, cuya explicación podría ser que la mayoría de la población está ahíta de obtener oportunidades y motivos, no sólo para identificarse en la masa, sino para encontrar un respiro frente al escenario cada vez más violento del país.
En medio de ello, un equipo, al que se le auguraba una actuación menos que modesta y al que algunos especialistas en la materia le auguraban —el escribano también, sin serlo— una de las peores actuaciones en estas competencias, dio la sorpresa.
Desde antes del primer partido ya contaba con un escenario y una recepción popular sorpresivamente elevada, que no fue disminuido por el anuncio de las movilizaciones de diversos sectores sociales, que aprovecharon el escenario para presionar al gobierno y difundir sus demandas, especialmente el magisterio agrupado en la CNTE y los colectivos de las madres buscadoras.
Ambos lo lograron, no sin poner en graves aprietos al gobierno de la República.
Llama más atención que los gritos y las porras de rechazo y de repudio al partido gubernamental, Morena, y/o a la presidenta, Claudia Sheinbaum, los emitieran mayoritariamente los jóvenes, que sí debieron prender las luces de alerta de la 4T y que a ojos de muchos explicaría el porqué de la ausencia de la presidenta, tanto a la inauguración del campeonato mundial, como a los otros dos juegos celebrados hasta hoy por la selección mexicana.
Más criticable fue su conducta, extremadamente representativa de su incongruencia.
Primero arguyó que eran muy altos los costos de los boletos para acceder a los juegos del mundial, razón por la que, dijo, no asistiría.
Pero en la noche anterior a la inauguración no tuvo mayor empacho en asistir, como invitada, a la cena ofrecida por la FIFA, en el castillo de Chapultepec y a la que asistieron, tanto los jerarcas del futbol, como la cúpula empresarial de México, con el añadido de que el gobierno de la República cometió una ilegalidad al rentar el Castillo, violentando todas las normas existentes, que sólo permiten eventos de carácter cultural.
Todo lo anterior no obstaculizó, de ninguna manera, la jubilosa celebración de los mexicanos en estadios, calles, restaurantes, bares, plazas y colonias; fiebre que llegó hasta plazas en las cuales el futbol no es el deporte más popular y que abarcara hasta aquellos que no son seguidores de este deporte.
Las ganas de celebrar algo, de alegrarse, de bailar, de encontrarse con los demás, fueron ejemplares.
Suscitaron el reconocimiento mundial y que contrasta grandemente con las más de 130 mil desapariciones, con las más de 600 mil personas ejecutadas; con extensas zonas del país bajo el control del crimen organizado y la extendida colusión de autoridades, de todos los niveles.
Todo lo anterior en medio del inicio más escabroso de todos los procesos electorales de los últimos años, en la que los partidos del gobierno lo hacen violando todo el marco legal electoral y que los partidos de oposición, seguramente, los imitarán para no quedarse atrás en la contienda.
Morena está violando flagrantemente la ley electoral, apoyado y sustentado por las autoridades electorales federales, las que continuarán con la conducta permisiva iniciada en el proceso electoral del 2024, en el que le otorgaron, de manera fraudulenta, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Así se inició el proceso de registro de los aspirantes a coordinar los trabajos en defensa de la 4T, eufemismo con el que pretenden encubrir el proceso de designación de sus candidatos, en las 17 gubernaturas, mediante la celebración de encuestas para las cuales se requiere dar a conocer los ‘productos’, y eso sólo se podrá hacer si los aspirantes desarrollan actividades públicas que incidan en la opinión pública, para que ésta se refleje en las encuestas.
Para lograrlo, se requiere, por tanto, del uso de todos los instrumentos propagandísticos necesarios, lo que implica el uso de inmensos recursos económicos, además del origen incierto de los recursos económicos, empleados para propagandizarse, que podrán ser de origen público, pero, sobre todo, de actividades ilícitas.
Lo anterior no es una especulación, es una cruda realidad en Chihuahua.
Quien alcanzó notoriedad nacional fue la senadora con licencia, Andrea Chávez, con el uso de las denominadas ‘caravanas de la salud’, que eran trailers acondicionados para prestar servicios médicos, propiedad de un financiero empresario (Fernando Padilla Farfán), ligado al exgobernador, exsecretario de gobernación y ex aspirante presidencial, Adán Augusto lópez Hernández.
Cuando éste fue mandatario tabasqueño, Padilla fue beneficiado con contratos de varias centenas de millones de pesos y que, además, prestó esos mismos servicios a los gobiernos de Quintana Roo, Sinaloa y Baja California, entre otros.
Ahora bien, en el caso de Morena, las encuestas se realizarán, en julio y cuyos resultados se darán a conocer entre los meses de noviembre y diciembre.
Proceso semejante efectuarán tanto el PRI, como el PAN, pero estos tendrán en contra un factor nada desdeñable, que las autoridades electorales ya son de Morena, y que su imparcialidad está descartada.
Ante ese panorama, poco podrá agregarse al desaseado proceso de aprobación de la reforma electoral en Chihuahua.
Al igual que en el ámbito federal, se efectuaron reformas al 15 para las 12, sin el conocimiento previo de la sociedad o de los sectores de la sociedad interesados en ello, de la misma manera que se hace en el ámbito federal.
De lo aprobado, quizá lo único positivo fue el hecho de que el candidato perdedor a la alcaldía pudiera convertirse en regidor.
Me parece de alguna manera relevante este hecho, porque, hasta la fecha, la figura de síndico, que se pensó podría ser el principal fiscalizador del ejercicio del presupuesto municipal, de muy poco ha servido.
Al participar como regidor el principal candidato perdedor a la alcaldía, pudiera otorgarle otra dinámica a los cabildos con la existencia de una figura más revisora de la actuación de las autoridades municipales.
Y ello se refuerza por el hecho de que el síndico no tiene derecho a voto.
Finalmente, luego de los intercambios mediáticos entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum, en los que la primera exigió, en la práctica, que el gobierno de la República entregue a los extraditables de Sinaloa, la presidente insistió en que se está efectuando una investigación para determinar si se violó la ley de seguridad nacional.
Pero la Secretaria de Relaciones Exteriores informó que la respuesta de los EEUU a la nota diplomática del gobierno de México —en la que pidió información sobre los agentes norteamericanos— se había reservado durante cinco años, es decir, que la respuesta a los norteamericanos la conoceremos hasta el año 2031.
Mayor incongruencia no puede haber.
Ahora resulta que quién le exigía transparencia a los panistas en la actuación de los agentes norteamericanos en el narcopredio del municipio de Morelos, son los que resuelven ocultar la información del gobierno de los EEUU.
Con esta decisión, el gobierno en la República, lo que denota, cosa que preguntamos desde los primeros momentos en que se dio cuenta del operativo, es que el mismo estaba sujeto a acuerdos que ninguno de los dos gobiernos, el norteamericano y el mexicano, —y mucho menos el chihuahuense— estaban en condiciones de publicitarlo, porque forman parte de la estrategia común para enfrentar a las bandas criminales.
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