Hace unos días, la Presidenta de la República defendió los avances de la estrategia nacional de seguridad y destacó la disminución de homicidios dolosos durante los primeros meses de su administración. La cifra merece reconocerse. Cada homicidio que se evita representa una vida que continúa, una familia que no pierde a uno de sus integrantes y un Estado que cumple, al menos parcialmente, con una de sus responsabilidades elementales.

Sin embargo, una política de seguridad seria no puede reducir la realidad al indicador que le resulta más favorable. El homicidio es uno de los delitos más graves y un parámetro indispensable para evaluar la violencia, pero no es el único. Una nación no puede declararse en paz mientras persistan otras expresiones de violencia que siguen limitando la libertad y deteriorando la vida cotidiana de millones de personas.

El homicidio suele ser el último eslabón de una cadena de problemas que comienza mucho antes. Antes de que una persona pierda la vida pueden existir la extorsión, la violencia familiar, la pérdida gradual del control territorial por parte del Estado o la presencia cotidiana de grupos criminales que condicionan la vida de comunidades enteras. Por ello, concentrar el debate en una estadística implica ignorar una parte sustancial del problema.

Los ejemplos abundan. En distintas regiones del país, comunidades enteras han abandonado sus hogares por amenazas y disputas entre grupos delictivos. Tan sólo en Chiapas, más de ocho mil personas fueron desplazadas de sus municipios entre 2023 y 2024. ¿Puede hablarse de paz cuando familias enteras tienen que dejar atrás su patrimonio, sus empleos y sus raíces para proteger su integridad?

Lo mismo ocurre con las desapariciones. Hoy, 135 mil personas están desaparecidas en nuestro país. De ellas, 20 mil corresponden a la actual administración. Lo que es más: estos casos han incrementado 50% desde enero de este año, pese a los discursos triunfalistas. Detrás de cada caso hay una familia que vive en la incertidumbre y una deuda institucional pendiente.

La seguridad tampoco puede desvincularse de la fortaleza de nuestras instituciones. Combatir al crimen organizado no consiste únicamente en detener delincuentes; también implica impedir que influyan en la vida pública y en los procesos electorales. Por eso resulta preocupante que recientemente una propuesta para incorporar a la Constitución de Chihuahua mecanismos que permitieran anular elecciones cuando se acreditara una intervención sistemática del crimen organizado no alcanzara la mayoría necesaria para ser aprobada.

La iniciativa establecía consecuencias claras frente a actos de violencia, intimidación o coacción que alteraran la voluntad ciudadana. Sin embargo, fue rechazada por Morena y sus aliados. Más allá de la discusión partidista, la decisión deja una pregunta inevitable: si todos coincidimos en que la delincuencia organizada representa una amenaza para la sociedad, ¿por qué oponerse a fortalecer los instrumentos legales para impedir su injerencia en las elecciones? ¿Qué razones o intereses se ocultan detrás de esta negativa?

Por eso la discusión nacional sobre seguridad no debe concentrarse únicamente en comparar cifras de un año con otro. La pregunta de fondo es cuánto territorio ha recuperado el Estado, cuánta libertad han recuperado los ciudadanos y qué tan capaces somos de prevenir las distintas formas de violencia antes de que se conviertan en tragedias.

Esta reflexión implica consecuencias directas para los gobiernos locales. Si aceptamos que la violencia tiene múltiples causas y manifestaciones, entonces la respuesta institucional también debe ser integral. Una estrategia moderna de seguridad no consiste únicamente en reaccionar ante una emergencia; implica anticiparse, conocer el territorio, identificar factores de riesgo, fortalecer instituciones y mantener una presencia cercana con la comunidad.

Esa ha sido la ruta que hemos seguido en la Ciudad de Chihuahua. En los últimos años hemos demostrado que reducir la violencia es posible cuando existe una inversión sostenida, una policía profesional y una estrategia basada en inteligencia y tecnología. Durante 2025 registramos 320 homicidios, la cifra más baja desde 2016 y una disminución de 26 por ciento respecto al año anterior. También se lograron reducciones importantes en otros delitos de alto impacto: el robo de vehículo disminuyó hasta 43 por ciento, el robo a casa habitación hasta 58 por ciento y el robo a negocio hasta 35 por ciento, dependiendo de la modalidad.

Estos resultados no son producto de la casualidad. En Chihuahua hemos decidido destinar una cuarta parte del presupuesto municipal a la seguridad pública, fortaleciendo nuestra corporación, ampliando capacidades operativas y apostando por herramientas tecnológicas que permitan prevenir y reaccionar mejor.

Pero también entendemos que la seguridad no es una meta que se alcanza definitivamente. Las ciudades crecen, cambian sus dinámicas y los fenómenos delictivos evolucionan. Por eso las instituciones deben transformarse constantemente.

Desde esa lógica presentamos recientemente el Distrito León, una nueva etapa de nuestra estrategia para la zona oriente de la ciudad. Su objetivo es acercar la policía a donde más se necesita, mejorar tiempos de respuesta y concentrar esfuerzos en delitos que afectan directamente la vida de las familias, particularmente violencia familiar y robo a casa habitación.

Los resultados de esta visión se reflejan en la percepción ciudadana. Mientras a nivel nacional 61.5 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad, en la Ciudad de Chihuahua esa cifra es de 47.5 por ciento, muy por debajo del promedio nacional y de otras urbes de nuestro estado, como Ciudad Juárez, donde 69.1 por ciento de las personas se sienten inseguras.

Así, la discusión sobre la seguridad en México no debe convertirse en una competencia por elegir la estadística más conveniente. Reducir los homicidios es indispensable, pero construir paz implica algo más complejo: recuperar comunidades, fortalecer instituciones, impedir la infiltración criminal en la vida pública y garantizar que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad.

Esa es la verdadera medida del éxito de una política de seguridad. No sólo contar los delitos que se redujeron, sino construir condiciones para que las personas vivan con la certeza de que sus gobiernos están ahí para protegerlas.