La revelación publicada por un medio de comunicación estadounidense, titulada “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump” a estas alturas a nadie debería sorprender, porque desde que arreció la presión del gobierno de los Estados Unidos a la presidencia de Claudia Sheinbaum por la entrega de políticos ligados al crimen organizado muchos buscan su tabla de salvación.

Esta publicación representa un desafío político y discursivo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más allá de la veracidad de cada caso, el impacto radica en la contradicción que genera frente a la narrativa de soberanía nacional que ha caracterizado al movimiento de la llamada Cuarta Transformación desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum. Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas”… publicó The New York Times.

No es la primera noticia que se tiene sobre este tema, días antes el diario Los Ángeles Times informó que las investigaciones de autoridades norteamericanas contra políticos mexicanos se han ampliado más allá de Sinaloa, no sólo señalaron al gobernador Rubén Rocha, sino que también son supuestamente investigados Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, y hasta el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal de origen priista.

Y no se diga de la conversación difundida de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien intenta aclarar su situación con autoridades migratorias de Estados Unidos para recuperar la visa que le fue revocada hace más de un año por investigaciones que se llevan a cabo en torno a su exmarido.

El discurso oficial desde la captura del “Mayo” Zambada ha sostenido que las agencias estadounidenses operan bajo restricciones más estrictas en México y que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y no intervención.

Sin embargo, si gobernadores, legisladores o dirigentes de Morena efectivamente decidieron colaborar de manera directa con autoridades estadounidenses, se abre una paradoja política difícil de ignorar.

Por un lado, el gobierno federal denuncia cualquier acción que considere una intromisión extranjera; por otro, actores relevantes del propio movimiento habrían encontrado en las agencias estadounidenses una vía para protegerse políticamente, negociar información o incluso construir mecanismos alternativos de interlocución con Washington.

Así que mientras públicamente se reivindica la soberanía, en privado muchos actores políticos reconocen que el poder de investigación, inteligencia y presión judicial de Estados Unidos continúa siendo un factor determinante en la vida pública nacional; la diferencia es que ahora esa contradicción ya no afectaría exclusivamente a partidos opositores o a gobiernos estatales ajenos a Morena, sino al propio grupo político que construyó buena parte de su legitimidad cuestionando precisamente esa dependencia.

Claro que el tema obliga a revisar la reacción que diversos sectores de Morena han tenido frente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ya que durante varias semanas, la mandataria estatal ha enfrentado fuertes cuestionamientos por la supuesta participación de dos agentes de la CIA en operativos desarrollados en territorio mexicano, acusando de violación a la soberanía nacional.

Aunque es complicado confirmar que figuras vinculadas a Morena mantuvieron relaciones mucho más profundas con agencias estadounidenses, la discusión adquiere una dimensión distinta: resulta políticamente inconsistente condenar la presencia de agentes extranjeros en un operativo específico mientras se minimizan o justifican colaboraciones individuales de funcionarios mexicanos con organismos de inteligencia o procuración de justicia de otro país.

No se puede desechar que esta investigación periodística llega en un momento particularmente delicado para la relación bilateral, con la presión estadounidense sobre temas de narcotráfico, migración y seguridad ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Washington enfrenta una crisis interna por el tráfico de fentanilo y exige resultados cada vez más visibles a México, así que cualquier indicio de que políticos mexicanos estén colaborando directamente con agencias estadounidenses puede interpretarse como una señal de desconfianza hacia las instituciones nacionales encargadas de investigar y sancionar delitos.

Así las cosas, lo que está en juego es la credibilidad de una narrativa política que durante años ha presentado la defensa de la soberanía como un principio absoluto, ya que si las acusaciones resultan ciertas, la discusión pública dejará de centrarse en la intervención extranjera y comenzará a enfocarse en una pregunta más incómoda para el oficialismo: cuantos y quienes están involucrados con el crimen organizado y hasta que nivel llegarán las investigaciones de los Estados Unidos.