Con silencio protege Corral a Inzunza

“¿En qué te ayudo?”, preguntaron a Jáuregui

En Santa Bárbara de Tutuaca, municipio de Belisario Domínguez, una emboscada-topón de presuntos criminales dejó cinco muertos el fin de semana, tres de ellos calcinados junto con algunos vehículos cerca de la carretera que conduce de Santa Isabel a Guachochi.

De entre las cenizas surgió una sospecha gravísima, pero la verdad nada sorprendente. En cuestión de horas comenzaron a circular versiones de que uno de los grupos armados habría recibido información privilegiada o incluso apoyo de policías estatales para colocarse en posición y tender una emboscada.

No hay pruebas públicas que sostengan esas acusaciones. Tampoco existe una investigación oficial que las confirme, pero la presencia reforzada del grupo “Gente Nueva de El Tigre (GNT)” del Cártel de Sinaloa y la cruenta pugna interna y con otros rivales no puede explicarse sin la complacencia oficial de todas las corporaciones de seguridad, desde la Guardia Nacional hasta las enclenques policías municipales.

En varias comunidades de la región que marca la transición de los pastizales a la zona serrana, ya no les importa quién disparó primero, sino qué niveles de perversidad alcanzará el juego de la seguridad.

Porque un día amanecen casas saqueadas, otro día roban vehículos en pueblos que han perdido la tranquilidad, a la siguiente semana los delincuentes se apoderan de maquinaria agrícola, tierras y bodegas... y luego aparecen convoyes de policías que en vez de perseguir a los criminales, les abren brecha para que operen con todo el margen y la impunidad necesaria.

En quiénes avisan, quiénes dejan pasar y quiénes voltean a otro lado, desde agentes de la ley hasta presidentes municipales, deberían centrarse las investigaciones, pero la realidad es que las autoridades no pasan de contar muertos y cartuchos percutidos.

Y así como caen víctimas de la narcoguerra por la violencia, esa desconfianza hacia las autoridades hace caer a las instituciones que no gobiernan, que no previenen, que no investigan ni detienen a criminales.

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De la Cámara de Senadores, donde encabeza la Comisión de Justicia el expanista Javier Corral Jurado, nos llega un dato pasado por alto en la última reunión de este órgano legislativo, en el cual reapareció, vía videoconferencia, el sinaloense Enrique Inzunza, acusado de vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos.

El encuentro, como es conocido, fue el jueves pasado y sirvió para que, tras dos meses de no acudir a sus funciones, el senador Inzunza se hiciera presente al menos de forma virtual.

La reunión fue ordinaria, para revisar iniciativas que ya tienen meses o hasta 10 años de atraso, así que lo noticioso no fue el debate en torno a ello, sino la forma en que se hizo presente el que hasta hace unas semanas era considerado casi seguro sucesor del gobernador Rubén Rocha Moya, también acusado por el país vecino de servir al narcotráfico.

Pero mientras en cualquier democracia madura un funcionario bajo acusaciones de esta dimensión estaría concentrado en limpiar su nombre y en facilitar las investigaciones, en México pareciera que basta con prender la cámara, aparecer unos minutos y actuar como si nada hubiera pasado.

A eso le ayudó Corral ahora, porque ni en el pase de lista mencionó a Inzunza, antes de asentar que había quórum y la comisión podría dictaminar en caso de ser necesario.

Por eso el problema de fondo no es solamente Inzunza, sino la doble moral aplicada por los morenistas, filas en las que ahora se encuentra el exgobernador, convertido en una pesada carga para la 4T, especialmente en Chihuahua, donde resulta repulsivo en todos los sectores políticos y sociales.

La idea de que la presunción de inocencia aplica para los aliados, pero la condena anticipada se reserva para los adversarios; o la idea de que el combate a la corrupción depende de quién sea el acusado, es lo que queda en evidencia con ese silencio protector para el senador de Sinaloa.

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Falta ver si hoy amanecen todavía con trabajo los que acudieron a la fiesta de cumpleaños del viernes pasado del exfiscal César Jáuregui, realizada en Los Encinos, pero luego del hitazo del fin de semana el panismo de la capital quedó más prendido que foco Led de las nuevas luminarias de la ciudad.

“¿En qué te ayudo?”, fue lo que más escuchó Jáuregui Moreno, tras las obligadas felicitaciones por parte de los más de mil que acudieron al festejo. Mil 200 dicen unos conservadores, pero otros más optimistas estimaron en mil 500 a los asistentes.

La cifra es lo de menos, porque el mensaje fue muy claro: trae el exfiscal estructura, convocatoria y, sobre todo, ánimo de competencia rumbo al 2027, todo ello aderezado con el reporte de que alrededor de un 80 por ciento de la asistencia fue de panistas con voz, voto e influencia.

Acompañaron a Jáuregui funcionarios estatales como el exalcalde Juan Blanco, de la Secretaría de Hacienda; los subsecretarios de la Secretaría de Gobierno, Pavel Aguilar y Óscar González Luna; el secretario de Turismo, Edibray Gómez y una gran parte de empleados estatales y municipales con el PAN tatuado en el pecho.

Y fue así a pesar de que en Palacio de Gobierno hay un número dos, Santiago de la Peña, que trata de tener control de una nómina pública estatal que no cede a presiones, chantajes ni inventos de que ya hay un elegido.

Del Congreso del Estado, donde hay otros tantos aspirantes a la candidatura que quiere Jáuregui (Alfredo Chávez, Jorge Soto y hasta Carlos Olson), la diputada Carla Rivas se hizo presente, con la representación del influyente grupo que lleva ese apellido; y del ayuntamiento pasaron lista los regidores Félix Martínez, Isaac Díaz Gurrola y Omar Márquez, casi nada.

La reunión también tuvo un marcado sabor institucional. Se dejaron ver personajes de la Fiscalía, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, además de liderazgos empresariales de la capital como Víctor Silva, de Visa del Norte, Alejandro Lazzarotto, de los comerciantes, y Alejandro Gramer, de los industriales, muy pegadito al despacho principal de Palacio de Gobierno.

La convocatoria trascendió a la capital porque también llegaron la alcaldesa de Aquiles Serdán, Teresa Erives; el alcalde de Saucillo, Fito Gardea y el presidente municipal de La Cruz, Sergio Luis Olvera Gallegos.

De la academia destacaron el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, César Gutiérrez y el doctor Luis Carlos Hinojos, titular de Posgrado de la máxima casa de estudios.

No hay que ser muy duchos para entender el mensaje de fondo de un encuentro que luce retador y desafiante para quienes pretendan retirar a Jáuregui de una carrera que, muy seguramente, a partir de ahora será reforzada con el testimonio de esos panistas que le dieron el espaldarazo para que lo que viene.

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Están regresando a los juzgados de distrito de todo el país, los amparos interpuestos contra el registro obligatorio de líneas telefónicas, que algunos jueces remitieron al especializado en telecomunicaciones.

La decisión de declinar la competencia es por motivo de que dichos amparos no son considerados de la materia de telecomunicaciones, sino del ámbito administrativo o general.

Así es de que deberán aplicarse los juzgados de distrito para resolver acerca de la constitucionalidad de que, a través de un reglamento, estén imponiéndose obligaciones a las personas, y que no aparecen en ley de acuerdo a los quejosos.

Por lo pronto los jueces tienen un respiro, por el aplazamiento de los términos para realizar dicho registro, con fechas fatales utilizando el último número del celular.

Es una situación que solo patea el bote, porque en el caso del 15 de agosto, estarían siendo canceladas 8 millones de líneas, partiendo de que aún faltan más de 80 millones y son diez las fechas generadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

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El alcalde de la capital, Marco Bonilla, se dio una vuelta por la sierra. La gente de Maguarichi le salió a recibir con todo.

Hubo salón lleno, pueblo completo, y una ovación que no dejó lugar a dudas sobre cómo es recibido en la región. Lo acompañaron el presidente municipal anfitrión, Francisco Manuel Campos Zamarrón, —de extracción PRI-PRD— y los recaudadores de toda la zona, una estampa que dice mucho sobre los puentes que se están tendiendo más allá de las siglas partidistas.

El dato que pocos tienen: con esta visita, Bonilla ya conoce personalmente 64 de los 67 municipios del estado. Sólo le faltan Moris, Uruachi y Batopilas.

Es un recorrido sistemático de quien está midiendo el terreno con seriedad.

Lo que pasó en Maguarichi también dejó ver otra cosa: la estructura ya entiende cómo se mueven las piezas. No hubo improvisación, no hubo dudas. Cada quien en su lugar, cada quien haciendo lo que toca.

Y es que a Bonilla la operación política no le es ajena. Entró al PAN a los 20 años y desde entonces ha coordinado campañas, la mayoría con resultado favorable.

Tiene historial ganando como coordinador y como candidato.