Duplicidad en auditorías por descoordinación

Bajo observación” pero “sostenible” la deuda de Chihuahua: SHCP

Claves en el mensaje oficial de Maru

Semanas antes del pasado informe de gobierno, Maru Campos apareció con la octava alza consecutiva en su nivel de aprobación, que la metió de nuevo en el top 10 de gobernadores de la encuestadora Consulta Mitofsky, la cual mide mes a mes las calificaciones estatales y federales.

El nivel de aprobación de la mandataria estatal, hasta enero que abarca la medición de la agencia dirigida por Roy Campos, era de 53.9 por ciento, el más alto desde el año pasado; antes, en abril de 2025, llegó a tener 49.1 por ciento, siempre con fluctuaciones que la colocaban entre el noveno y el doceavo lugar nacional.

En los días previos y posteriores a los informes, gracias a las campañas abiertas de posicionamiento, la evaluación debió mostrar mayores alzas. El impacto promocional seguramente deberá reflejarse en siguientes indicadores.

“En la comparación anual mejora su ubicación y se mantiene como una de las cinco gobernadoras mejor evaluadas del país. Es segunda en la región norte y también figura entre las mejor evaluadas rumbo a 2027, un avance que refleja recuperación y estabilidad en un estado clave por su dinámica fronteriza”, dice el conocido encuestador en una de las presentaciones habituales sobre los estados.

El dato cobra especial relevancia por el incremento observado el último año en su nivel de aprobación, en la antesala del arranque de la sucesión, cuando los principales partidos políticos, PAN y Morena, están por comenzar los procesos para elegir a sus candidatos para la gubernatura.

En este marco, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rebasa el nivel de aprobación estatal, con un 62.2 por ciento, pese a que la evaluación federal en Chihuahua está por debajo de su calificación nacional, que promedia el 70 por ciento.

Aunque ni Maru ni Sheinbaum irán en las boletas (a menos que algún sesgado proceso de revocación de mandato ponga a la presidenta a prueba, empalmándose con las elecciones del año próximo), sus evaluaciones son clave para conocer el terreno con el que podrían arrancar los aspirantes a gobernador (a).

A mayor aprobación estatal, menor la idea de que el estado puede ser entregado a Morena; a mayor nivel de aceptación, es también mayor el sentido de una de las expresiones, “esto no se ha terminado”, con las que Campos Galván cerró su informe del pasado domingo.

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Como no hay quien fiscalice a los fiscalizadores, en la revisión del ejercicio 2024 fueron empalmadas auditorías federales y estatales de unos 20 entes públicos en Chihuahua, situación que implica mayor gasto de recursos por mera falta de coordinación entre las instancias auditoras.

El dato lo reveló el propio auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, cuando recibió para su revisión, hace unos días, la Cuenta Pública 2025 del Gobierno del Estado, de manos del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

Acosta Félix explicó que la descoordinación operativa entre la ASE a su cargo y la Auditoría Superior de la Federación -de donde está por salir David Colmenares Páramo, aunque tiene posibilidad de reelección- llevó a duplicar el trabajo de fiscalización en muchos casos.

En auditorías de cumplimiento financiero cayeron auditores federales y estatales a 20 municipios, entre ellos a Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Casas Grandes, Guerrero, Guachochi y otros; y en materia de obra pública, fueron 16 casos duplicados, como en la capital del estado, la frontera y otros tantos más.

El sistema de fiscalización nacional exhibe así brechas y fallas que cuestan recursos públicos y, además, disminuyen las capacidades de revisión que podrían tener las instancias auditoras con una mayor coordinación a la existente.

O sea, no es solo el gasto duplicado en realizar un mismo trabajo, sino que podrían alcanzar a realizar más revisiones a más entes públicos si pueden evitar empalmarse.

A ver si el proceso de cambio de titular de la ASF, que está ahora en marcha y debe concluir en esta primera quincena de marzo, ayuda a mejorar la coordinación con las auditorías superiores estatales, que de por sí siguen enfrentándose a retos y obstáculos políticos y jurídicos de quienes prefieren no ser fiscalizados ni rendir cuentas.

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La inversión anunciada por la gobernadora para la capital no es menor.

Son seis obras de gran calado en materia de movilidad urbana que, sumadas a las tres que ya desarrolla el municipio, implican la construcción de nueve puentes vehiculares en un solo año. Una cifra sin precedentes recientes para Chihuahua capital.

Era de esperarse que Marco Bonilla no dudara en reconocer y agradecer el respaldo estatal.

Subrayó que se trata de proyectos estratégicos que permitirán eliminar semáforos en ejes clave como la salida a Ciudad Juárez y el corredor hacia el aeropuerto, mejorando de forma sustancial la fluidez vial.

Pero más allá del concreto, el mensaje político también es claro: hay coordinación y visión compartida. La gobernadora ha priorizado que estas obras queden concluidas antes de que termine su administración en 2027, lo que envía una señal de compromiso y responsabilidad.

En tiempos donde muchas inversiones se quedan en anuncio, apostar por infraestructura que transforme la ciudad merece reconocerse, pues con todo esto, Chihuahua no sólo ganará puentes, ganará movilidad y certidumbre.

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Ha informado Hacienda federal que las deudas de estados y municipios alcanzaron 717 mil 896.6 millones de pesos en 2025, y aunque todas son de un “endeudamiento sostenible” a Chihuahua la incluye en el rango de “bajo observación”, junto con Coahuila, Durango, Nuevo León y Sonora, porque los intereses de su deuda están vinculados a sus participaciones.

El sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mide el nivel de endeudamiento de las entidades públicas cuya fuente o garantía de pago sean ingresos de libre disposición, sobre todo de las participaciones federales.

Pero la misma dependencia informó que ninguna entidad presentaba un riesgo importante por su financiamiento, excepto Guerrero con una alerta media por obligaciones a corto plazo.

De acuerdo con el Registro Público Único Vigente, al cierre del año pasado, 686 mil 519 millones de pesos sumaron solamente la deuda de los estados y sus entes públicos, sin incluir a los municipios, y más de la mitad estaba contratada con la banca privada.

El saldo de los estados con los bancos fue de 360 mil 417 millones de pesos, y con la banca de desarrollo, de 266 mil 563 millones de pesos. Por emisiones bursátiles se obtuvieron 49 mil 724 millones de pesos y nueve mil 815 millones de otras fuentes.

En 2025, el 53.1 por ciento de las obligaciones locales provino de los recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios y que no vienen etiquetados.

Nada qué temer en el caso de Chihuahua, pero sí cuidar que no le saquen tarjeta amarilla antes de cerrar bien el último tramo.