Es evidente la necesidad de una reforma electoral que realmente garantice la representación política de la población y deje atrás la simulación en la que cayeron los partidos tras avanzar en el proceso democratizador del país, producto de la presión social surgida décadas atrás.

El análisis actual de las diputaciones federales de Chihuahua es muy claro: Morena, con la mayor cantidad de votos obtenidos en las elecciones de 2024, alrededor de 700 mil sufragios, tiene solo tres curules propias en San Lázaro; el Partido del Trabajo tiene otras tres y el Partido Verde una, para sumar siete en el bloque de la 4T.

Los únicos diputados federales morenistas del estado son Armando Cabada, Daniel Murguía y Mayté Vargas Meraz, el primero de lista y los otros ganadores en elección directa; en alianza fueron postulados Alejandro Pérez Cuéllar por el Verde Ecologista, así como Lilia Aguilar y Roberto “Nono” Corral por el PT. La otra plurinominal de este bloque fue para otra petista, Greycy Durán Alarcón.

Mientras tanto, el PRI, con la peor votación de la historia -menos de 150 mil votos- tiene cinco asientos en la Cámara de Diputados: Noel Chávez, Alejandro Domínguez y Tony Meléndez, por los distritos noveno, octavo y quinto, respectivamente, todos en elección directa, pero en alianza con el PAN.

Se suman a la bancada tricolor dos pluris, Graciela “Chela” Ortiz y Paloma Domínguez Ugarte, que nadie votó por ellas; la primera es una posición negociada de "Alito" Moreno como líder supremo del PRI y la segunda llegó por mero accidente, como suplente de Silvana Beltrones. Nadie votó por ellas.

El PAN, segundo lugar en sufragios, con alrededor de 400 mil votos levantados en general, apenas se quedó con dos curules, la de Carmen Rocío González Alonso y la de María Angélica “Manque” Granados, exalcaldesa interina de la capital; la primera fue en la lista pluri y la segunda por el distrito sexto, el más panista del país.

Completa el cuadro de las diputaciones federales del estado otro plurinominal apestado hasta dentro de su partido, Alfredo “El Caballo” Lozoya, apuntado en la lista de Movimiento Ciudadano porque, como es conocido, es el arrendatario de las siglas del parásito naranja.

En suma, de los 15 diputados federales del estado, apenas tres son de Morena, a pesar de ser el partido más votado; cinco del PRI, la mayoría en un bloque, a pesar de ser el menos votado; y dos del PAN, el segundo lugar en la contienda. Los demás corresponden a la chiquillada, bastante bien engordada por la partidocracia.

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Que “Chela” Ortiz o su chalán Alejandro Domínguez estén decididos a copiar el negocio familiar a los Aguilar del PT es detalle menor; igual si “El Caballo” decide que es mejor “invertir” (¿el que paga para llegar, llega para robar?) en espacios para él y su gerente estatal, Francisco “Pancho” Sánchez, que en negocios legítimos.

Lo terriblemente grave es que los partidos parasitarios son un mal estructural que, vía plurinominales o alianzas -que antes hasta les daban trasfusiones directas de votos como si fueran sangre para sus organismos llenos de patologías-, ha corrompido el sistema democrático del país hasta tener lo que tenemos. Y el acomodo actual de las diputaciones federales del estado es un retrato de la situación nacional.

Esta situación puede justificar la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, pese a las advertencias y posturas del Partido Verde y el PT, sus aliados, de que no habrían de acompañar a Morena en este cambio constitucional.

La iniciativa fue largamente cocinada con anuncios para presentarla como técnica, basada en la austeridad, la simplificación y la eficiencia del sistema electoral, aunque tiene implicaciones más profundas. No es la reforma radical que intentó Andrés Manuel López Obrador en 2022. Es más específica y calculada, a pesar de ciertas similitudes con la anterior.

Ahora no gira sobre el eje de desaparecer instituciones, más bien apunta a reordenarlas de forma que le convengan al poder. Porque cuando el poder busca reformarse es para tener más poder. No hay de otra.

El golpe a los plurinominales para un nuevo modelo de repartición les restaría margen a esos partidos pequeños parasitarios, que se han aliado tanto con Morena como con el PAN y el PRI; sumaría presión a las coaliciones y redefiniría quién entra y quién se queda fuera, con mucha mayor incertidumbre que la actual, cuando las cúpulas de los partidos hacen sus listas de privilegiados, cada vez más desprestigiados.

El cambio en la fórmula alteraría el número real de diputados federales que representen al estado por la vía plurinominal, aunque no garantizaría un reparto final más justo ni límites a una sobrerrepresentación nacional como la actual, en la que Morena y aliados, todavía sin fracturarse formalmente, tienen una mayoría aplastante.

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Es ocioso abundar ahora sobre los demás cambios que plantea la reforma de Sheinbaum -fiscalización, bots, reducción del gasto electoral, entre otros- cuando todos sabemos que la propuesta no va a pasar, al menos no como está. Nació muerta.

Con la negativa del PT y el Verde, que dota de mayor surrealismo al sistema político mexicano, no hay forma de que sea aprobada por la mayoría calificada que requiere el cambio.

Eso abre la puerta a las especulaciones sobre la verdadera intención presidencial de plantearla tal cual, como evidenciar en cadena nacional a los partidos que se aferran a sus privilegios, el MCPRIAN por delante, pero también los aliados morenistas.

Algunos idealistas de Morena sostienen, con cierta ingenuidad, que el mensaje de Sheinbaum al enviar la propuesta es el de dar por terminada su alianza, siempre cuestionable, con las rémoras petistas y verdes, pero esa tesis resulta difícil de creer: sería un balazo en el pie de Morena y un suicidio aprobarla por parte de sus aliados.

Al partido de la presidenta no le resulta conveniente acabar con esa alianza porque, por un lado, tiene por sí mismo 236 legisladores y con el PT y el Verde alcanza 364, ciertamente con algunos cuadros morenistas injertados en esos partidos parásitos; por otro lado, el tope constitucional no tocado establece que un solo partido no puede tener más de 300 diputados por elección directa y asignación plurinominal.

Así, plantear la propuesta no pasaría de exhibir a sus aliados, igual que al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, tan voraces unos como otros. La reforma no pasaría o sería filtrada a tal grado de dejarla por completo descafeinada y reducida. Lo veremos en los siguientes días.

Ello implicaría para Morena, y para la presidenta, dejar de usar a esos aliados para garantizar gobernabilidad y hasta tener que evitarse el lujo bastante excéntrico de ignorar a las otras fuerzas políticas como lo hace hasta ahora, pues Jorge Romero del PAN, Dante Delgado de MC y “Alito” Moreno del PRI son tratados a patadas y portazos tanto en Palacio Nacional como en la Secretaría de Gobernación.

La idea de un plan B presidencial, que dejaría de lado la reforma constitucional y se iría a ponerles candados a los mini partidos mediante leyes secundarias, es factible técnicamente, pero también resultaría en el quiebre de una alianza que, si bien ha favorecido como nunca a partidos que estuvieron cerca de perder su registro, también le permitieron a Morena, en particular a López Obrador, crecer exponencialmente desde 2018 a la fecha.

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¿Para qué mandar una reforma que no pasará? ¿En qué habrá de quedar la apuesta presidencial que amenaza a sus parásitos aliados igual que a sus rivales? ¿Por qué pegarles a los “amigos” si ni siquiera hay necesidad de echarlos en el mismo costal del PRI, PAN y MC (esos se desprestigian solos)?

La necesidad de una reforma electoral es real, como vemos con la representación que existe actualmente, muy alejada del reclamo social y la demanda democrática.

Y si nos vamos a revisar a los senadores (que representan el territorio de la entidad federativa, no pobladores ni electores), salimos peor: Andrea Chávez y Juan Carlos Loera ganaron por Morena de forma arrasadora, mientras que el panista Mario Vázquez entró como mejor perdedor. ¿Y Javier Corral? Ese fue el pluri electo en la cúpula morenista, a pesar del daño que le ocasionó al estado.

Así, la intentona presidencial desconcierta porque la lógica indica que el régimen quiere más poder avasallador, pero ingenuamente es pintada su propuesta con un decálogo del que nadie, en su sano juicio, puede diferir; al mismo tiempo no ataca, al menos no con un planteamiento aterrizado a la factibilidad, la podredumbre existente en la clase política.

Los ejes de su iniciativa, como el control administrativo, la austeridad en el financiamiento y nuevas reglas de competencia que le resten poder de decisión a las cúpulas partidistas con los plurinominales, son, desde luego, avances hacia una democracia menos onerosa y más eficiente.

Pero el cuestionamiento es, otra vez, ¿para qué mandar una propuesta no factible de ser aprobada, con la amenaza velada de un plan B con normas secundarias, al estilo de Andrés Manuel? ¿Para qué una propuesta de reforma muerta?

Por eso conviene mirar la reforma con cuidado conforme avance su discusión. En política las reglas nunca cambian por casualidad y el poder político, por su naturaleza, siempre busca permanecer y expandirse.