Las democracias no siempre mueren de golpe, a veces simplemente se van desgastando.

Las dictaduras casi nunca llegan de golpe. No aparecen con un anuncio dramático ni con la cancelación inmediata de elecciones, avanzan de manera silenciosa, empiezan cambiando las reglas poco a poco, debilitan instituciones y, cuando la gente se da cuenta, la confianza en el sistema ya empezó a desaparecer.

Quizá lo más inquietante es que el riesgo todavía pasa desapercibido para muchos ciudadanos. Para millones de mexicanos, la democracia no es una teoría política ni un concepto que se discute en seminarios universitarios, es algo mucho más simple y al mismo tiempo más importante, es la certeza de que su voto cuenta, que se respeta y que las reglas del juego no cambian dependiendo de quién esté en el poder.

Esa certeza no apareció de la nada. Se fue construyendo durante décadas, después de crisis políticas, fraudes electorales y reformas que intentaron darle al país algo que durante mucho tiempo parecía imposible, unas elecciones más confiables.

Por eso cada vez que se plantea modificar las reglas electorales, la discusión debería ser profunda y cuidadosa.

La reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se presenta como un intento por hacer la democracia más barata y más eficiente. En el discurso, la propuesta apela a valores difíciles de rechazar: austeridad, simplificación institucional y cercanía con la gente. El problema es que, detrás de esas palabras, también aparecen cambios que podrían alterar el equilibrio democrático construido durante décadas.

Pero detrás de esas palabras ha comenzado a surgir un debate que cada vez aparece con más frecuencia en columnas, análisis y conversaciones públicas.

El exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde ha señalado, por ejemplo, que el verdadero problema del sistema electoral mexicano no está en el dinero público que reciben los partidos, sino en el enorme volumen de financiamiento ilegal que circula por debajo de la mesa con dinero de contratistas, desvíos de recursos públicos e incluso, con recursos vinculados al crimen organizado. Reducir el financiamiento oficial puede sonar atractivo, pero difícilmente resolverá ese problema estructural.

Otros analistas han puesto el acento en distintos riesgos. El historiador y ensayista Enrique Krauze, ha advertido en distintas ocasiones que las democracias no suelen colapsar de manera abrupta, más bien comienzan a debilitarse cuando el poder político se vuelve cada vez menos tolerante a los contrapesos.

Desde otra trinchera ideológica, el periodista Héctor Aguilar Camín, también comento al respecto que uno de los grandes retos del país es preservar la credibilidad de las instituciones electorales que se construyeron durante décadas, precisamente para evitar que el poder inclinara la cancha a su favor.

Incluso, analistas como Leo Zuckermann han insistido en que el mayor activo de la democracia mexicana no es la perfección de sus instituciones, sino la confianza que los ciudadanos han depositado en ellas.

Son voces distintas, con trayectorias e ideas muy diferentes entre sí, pero que coinciden en algo fundamental: la democracia es frágil y su fortaleza depende, en gran medida, de la confianza de los ciudadanos.

La historia política está llena de ejemplos donde los cambios institucionales parecían razonables en el corto plazo, pero terminaron debilitando los equilibrios del sistema. Reducir recursos aquí, modificar reglas allá, ajustar instituciones en otro lado, el hecho es, cada decisión puede tener su lógica inmediata. El problema aparece cuando el conjunto empieza a alterar la relación entre el poder y sus contrapesos.

Al final, para el ciudadano común todo se reduce a una pregunta muy simple: ¿mi voto sigue teniendo el mismo valor que antes?

Si la respuesta comienza a volverse dudosa, la participación cae; el entusiasmo se enfría y la política empieza a sentirse lejana, ajena, diseñada para otros.

Al final, la democracia no se mide por la cantidad de reformas que se aprueban ni por la habilidad política de quienes gobiernan, se mide por algo mucho más simple: la confianza de los ciudadanos.

Cuando la gente cree en las reglas, participa; cuando deja de creer en ellas, se aleja.

Y lo que empieza a aparecer hoy en columnas políticas, análisis y conversaciones públicas, es precisamente esa inquietud: la de un sistema que podría comenzar a desgastarse sin que muchos actores políticos lo estén viendo con claridad.

Mientras el poder propone cambios que pueden alterar el equilibrio electoral, la oposición parece moverse entre la reacción tardía y la falta de estrategia.

Quizá lo más inquietante es que mientras el poder empuja cambios que pueden alterar las reglas del juego, ni siquiera la oposición parece advertir con claridad el tamaño del riesgo.

Lo que está en discusión no es sólo una reforma más. Lo que está en juego es el tipo de país que se está construyendo hacia adelante.

Y sorprende que muchos actores políticos no parezcan ver algo evidente y es el hecho de que las decisiones de hoy no sólo marcarán las próximas elecciones, sino el país que heredarán a sus propios hijos y a sus propios nietos.

Un país donde el poder pueda concentrarse cada vez más en el gobierno federal y donde los contrapesos que durante décadas se construyeron empiecen a debilitarse.

Parece que ya olvidaron que las democracias no desaparecen únicamente cuando dejan de celebrarse elecciones. A veces empiezan a perderse mucho antes, cuando los ciudadanos comienzan a dudar que su voto todavía puede cambiar algo y peor aún, parece que están olvidando que el cambio de las reglas del juego siempre favorece a quien está en el poder. O ¿usted qué opina estimado lector?