Citas “urgentes” para dentro de uno o dos años, desabasto de medicamentos, cancelación de cirugías cinco minutos antes, sistemas de urgencias colapsados, instalaciones ineficaces… todo eso y más es el sistema de salud en nuestro país, pero lo peor está por venir.

El programa del gobierno de la Cuarta Transformación ya está en marcha; la consolidación de los sistemas de salud en México avanza bajo la estrategia de IMSS-Bienestar y la meta es unificar el sistema de salud nacional para 2027.

El proyecto se ve muy atractivo: brindar atención gratuita y universal, y se concentra en la operación federalizada en 23 estados, el fortalecimiento de la infraestructura y el inicio del registro nacional de usuarios.

El gobierno ha proyectado que, a partir de enero de 2026, inicie el registro al “Sistema de Salud Nacional”, y aseguran que será para todos los mexicanos, independientemente de su afiliación, ya que se emitirá una credencial que permita compartir historiales médicos entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con el objetivo de lograr la libre atención en cualquier unidad pública a partir de 2027.

Pero, ¿dónde quedan los derechos de los trabajadores y de los mismos patrones que aportan grandes cantidades de dinero para tener un sistema de salud digno, y que ahora se pretende ofertar para cualquier persona?

Es cierto que los gobiernos tienen la obligación de lograr la cobertura sanitaria universal, garantizando el acceso equitativo a servicios de salud de calidad sin riesgos financieros, especialmente para poblaciones vulnerables.

Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social nació y se mantiene gracias a esos millones de trabajadores y sus empleadores; el ISSSTE fue creado por el gobierno para la atención de los empleados, tanto burócratas como maestros, y de igual manera los estados han generado sus propios sistemas de asistencia de salud y pensión, como es el caso de Chihuahua con Pensiones Civiles del Estado y el mismo Ichisal.

Nomás para darnos una idea de lo importantes que son estas aportaciones obrero-patronales: con base en los informes de recaudación y afiliación del IMSS, en 2024 se alcanzó una recaudación histórica de 499 mil millones de pesos, y los estados con mayor aportación son aquellos con los polos industriales y de servicios más grandes del país: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

Siendo Chihuahua el sexto estado que más aporta en estas contribuciones, ¿tiene realmente el sexto lugar en instalaciones y atención médica del país?… Desde luego que no.

Es importante reiterar que ningún mexicano debe estar exento de recibir atención médica de calidad, oportuna y preventiva, pero el problema es que esa atención global no debe afectar a quienes, de una manera u otra, aportan con su trabajo para tener esos beneficios.

En los últimos años, los indicadores de atención de la salud pública de nuestro país muestran signos claros de deterioro o estancamiento: mayor proporción de población sin acceso a servicios públicos; disminución de atenciones públicas y mayor derivación al sector privado; limitaciones estructurales en recursos humanos y cobertura de aseguramiento, y un desempeño inferior frente a estándares comparables en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que pertenece nuestro país.

En Chihuahua, manteniendo la decisión del gobierno de Javier Corral —quien justificó su incapacidad de brindar mejores programas de salud al no adherirse al IMSS-Bienestar por considerar un riesgo para el sistema de salud estatal—, el actual gobierno encabezado por Maru Campos desarrolla un sistema de atención en salud para la población sin seguridad social: MediChihuahua ha logrado una cobertura aproximada de 510 mil afiliados, el 12.5% de la población total del estado.

Lo anterior, aunque es una medida loable, ha comprometido el presupuesto de salud de otras instituciones estatales, como Ichisal y los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua.

En conjunto, ambas instituciones gestionarán cerca de 9,396 millones de pesos para servicios médicos, muchos de ellos relacionados con la implementación de MediChihuahua, pero la atención a los burócratas estatales que utilizan los mismos servicios se ha visto disminuida.

El sistema de salud, a lo largo de los últimos años, ha enfrentado desafíos estructurales como el subfinanciamiento crónico, el envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas.

En 2026, el gasto en salud representa aproximadamente el 2.6% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado por la OMS, lo que perpetúa desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios.

La descentralización del sector salud en México inició formalmente en la década de 1980 como respuesta a la crisis económica y a la necesidad de mejorar la eficiencia y cobertura, con lo que se transfirieron competencias a 14 entidades federativas inicialmente, enfocándose en la población no asegurada; la segunda fase completó la transferencia a todos los estados, con énfasis en paquetes básicos de intervenciones costo-efectivas y regulación.

Con la Cuarta Transformación, y señalando la desigualdad en la capacidad administrativa de los estados, la corrupción y la falta de coordinación llevaron a una recentralización, con reformas que devolvieron el control al gobierno federal, y hoy se impulsa la unificación de servicios bajo el IMSS-Bienestar, lo que reduce la autonomía estatal.

Otro programa que ha sangrado al sistema de salud es la incorporación de médicos cubanos en México, que ha tenido un costo superior a los dos mil millones de pesos entre 2022 y principios de 2026, según informes de IMSS-Bienestar, que cubren traslados, alojamiento, alimentación y salarios, los cuales son pagados al gobierno cubano, no a los médicos… pero ese es tema de un análisis independiente.

En fin, urge un mejor sistema de salud, y no se observa que destruyendo todo lo que hay se pueda erigir uno nuevo desde las cenizas, mucho menos que la población lo aguante.