-¿Gasera de Aldama con protección de Bienestar?

-Golpe al Congreso por 150-200 millones de pesos

En esa permanente bomba de tiempo que son las cárceles estatales, al comienzo de esta semana la Secretaría de Seguridad Pública informó del traslado voluntario de reos del Cereso de Aquiles Serdán a la vieja Penitenciaría de la avenida 20 de Noviembre.

Fueron 72 las personas privadas de su libertad las que cambiaron de sitio de reclusión, supuestamente después del pase riguroso de evaluaciones para determinar los avances que tienen en el proceso de reinserción social y tras el acuerdo con ellos mismos.

Oficialmente, el cambio fue planteado como una estrategia que permite equilibrar la capacidad instalada entre los distintos Ceresos, reducir riesgos asociados al hacinamiento, mejorar la gobernabilidad interna y optimizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, trabajo y programas de reinserción.

Sin embargo, durante y después del traslado que concretaron entre unos cuantos guardias de las prisiones, han surgido señalamientos de que hubo arreglos monetarios de presos de alto perfil para cambiar de residencia.

Imposible saber quiénes fueron los reos beneficiados con el movimiento de una prisión a otra porque la lista ha sido manejada bajo estrictas reservas, al fin que la transparencia no es algo que les preocupe a los responsables de la seguridad. Ello fortalece la idea de que el traslado habría sido en realidad un tra$lado.

No son descabelladas las versiones porque la Peni vieja es un hotel de lujo en comparación con las demás cárceles. Además de la flexibilidad existente en esa prisión, las visitas son más ágiles y los costos asociados mucho más accesibles.

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Si el surgimiento de señalamientos de que todo -incluidos los cambios entre prisiones- tiene un precio en los Ceresos, no preocupa al subsecretario del Sistema Penitenciario, el general Ricardo Fernández Acosta, hay otros focos rojos en los penales que muestran de nuevo algunas debilidades en la gobernabilidad interna.

La tarde del jueves pasado, una riña casi le cuesta la vida a un reo, atacado con arma blanca dentro del Cereso de Aquiles Serdán, la misma prisión que apenas días antes había sido “revisada” en operativo especial, encontrándose 23 puntas hechizas, cuatro pipas, bocinas, relojes, tijeras, audífonos y una memoria flash. Inexplicablemente ya había otra vez navajas que salieron a relucir en la pelea de esta semana, por la cual hubo movilización importante de unidades.

Esto pasa aquí en la capital. En Juárez, donde el desgobierno de los penales estatales es peor, en los últimos días ha sido encontrada una mujer muerta en su celda del Cereso Femenil (supuestamente un suicidio) y en el Cereso 3 fue asesinada otra mujer que acudió a la visita conyugal, presuntamente a manos de su propia pareja.

Demasiada sangre, incidentes y alertas de posible corrupción en unos cuantos días, en áreas donde el gobierno debería tener el control absoluto de todo cuanto se mueve.

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El nombre del exalcalde de Aldama, Miguel Rubio Castillo, expriista, expanalista y ahora morenista, salió a relucir en el caso de la gasera irregular incendiada el fin de semana pasado, hecho por el que más de tres mil personas debieron dejar sus casas de madrugada ante el peligro de una explosión mayor.

Desde hace meses, los vecinos de los fraccionamientos Los Álamos habían denunciado la operación de esa terminal a menos de 100 metros de sus viviendas, lo que resultaba inexplicable, igual que la tolerante actitud de autoridades municipales, estatales y sobre todo federales.

Ya que murió el niño y ahora todos buscan tapar el pozo, salieron las explicaciones. Rubio Castillo, tres veces alcalde de Aldama, es desde el año pasado delegado regional de Bienestar para ese municipio, cargo que posiblemente le sirve también para los negocios.

El predio donde opera la gasera, con la que también tiene nexos empresariales, es de su propiedad, adquirido a precio de ganga (55 mil pesos por dos mil 200 metros cuadrados) en 2020 y ahora envuelto en las llamaradas de una empresa con múltiples irregularidades.

El exalcalde y hoy funcionario federal se vio obligado a dar la cara sobre la propiedad del inmueble y la legalidad de la empresa gasera, esa que sigue sin dar señales de vida después del peligro en el que puso a miles de personas hace una semana.

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Los que de inmediato comenzaron a echar números, tras el anuncio del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum para una eventual reforma electoral, fueron algunos de los diputados locales, que ven en peligro muchos millones de pesos de su presupuesto actual.

Tras la exhibida mañanera del pasado jueves, cuando la jefa del Ejecutivo le puso más de seis ceros al costo de cada diputado local en el país, sin criterio presupuestal o técnico alguno, en la torre legislativa sacaron calculadora algunos integrantes de las bancadas que coordinan Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez.

Coinciden en las bancadas, independientemente del partido político, que no es novedad que el Congreso del Estado está lejos de ser austero y que los diputados locales salen más caros que los federales.

El Legislativo de Chihuahua tiene un gasto de 803 millones de pesos al año, lo que equivale a 24.3 millones de pesos por cada uno de los 33 diputados locales. Para dimensionarlo, un diputado federal cuesta en promedio 19.2 millones de pesos al año.

Es decir, un legislador estatal cuesta cinco millones más que uno federal, aunque tenga menos responsabilidades nacionales, menos estructura y menor alcance político.

Si la comparación escala al Senado, el asunto también resulta revelador, pues cada uno cuesta casi 40 millones al año, pero al menos se trata de la Cámara Alta del país.

Así, el Congreso estatal de Chihuahua se ubica entre los más caros del país, el séptimo lugar, para ser exactos; y ahora está en la mira presidencial porque -según el diagnóstico de Palacio Nacional– en los congresos locales persisten estructuras legislativas demasiado costosas.

La propuesta federal buscaría homologar el costo promedio de los legisladores en todo el país, tomando como referencia el gasto de los diputados federales. Si ese parámetro se aplicara en Chihuahua, el presupuesto del Congreso tendría que bajar de 803 a poco más de 600 millones de pesos. Números más, números menos, las tijeras rozarían entre los 150 y los 200 millones de pesos en el año. Casi nada.

Por lo pronto, el dato quedó sembrado. Y si el Plan B de Sheinbaum realmente busca recortar los costos legislativos del país, en Chihuahua la discusión apenas empieza.

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Por años, la política mexicana fue un terreno en el que las mujeres debieron abrirse paso a contracorriente, desde la lucha para el sufragio femenino y años después el ocupar espacios dentro de la Cámara de Diputados y en 1977 poder tener a la primera gobernadora en la historia de México.

En ese contexto el Cabildo de Mujeres toma relevancia porque es el resultado de una administración, la de Marco Bonilla, para ampliar los espacios de liderazgo femenino y colocar la agenda de igualdad en el centro.

La iniciativa del Cabildo de Mujeres, fue propuesta por la regidora Ana Lilia Orozco e impulsada por todo el Ayuntamiento, incluido el alcalde que en su mensaje fue claro al señalar que la participación de las mujeres no debe entenderse como un gesto de inclusión simbólica, sino como una condición indispensable para construir instituciones más fuertes.