La supuesta primera gran derrota legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum no llegó de la oposición sino de sus propios aliados, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que le rompieron una racha de 54 reformas constitucionales logradas en poco más de un año de administración.

La propuesta de reforma electoral llegó prácticamente muerta a la Cámara de Diputados y, sin intento alguno de negociación, fue dictaminada en caliente, para enfrentar el previsible juicio que la sepultaría en el pleno.

Los aliados de Morena mostraron que cuando una reforma amenaza la supervivencia política de los partidos, todo lo demás pasa a segundo plano. Por eso los partidos no aceptaron el suicidio como salida después de haber sido puestos entre la espada presidencial y la pared de los electores.

La iniciativa buscaba recortar financiamiento a partidos, modificar el sistema de representación proporcional y eliminar 32 senadores. Sobre el papel, básicamente se trataba de abaratar la democracia mexicana, que cuesta 15 dólares por ciudadano, cuando en otros países es de cinco, tres o apenas poco más de un dólar por votante.

Pero en la práctica, la reforma significaba alterar los equilibrios políticos que sostienen el sistema electoral nacional, el mismo que permitió una lenta transición democrática, con todos los asegunes que pueda tener. Por eso cayó, como estaba previsto que caería.

La derrota no terminó ahí. Al día siguiente del rechazo, la presidenta anunció lo que ya es una tradición cuando el Congreso frena cambios constitucionales: un Plan B que busque lo mismo, pero más barato.

Esta vez, sin embargo, el tiro cambió de dirección, al dejar el plano electoral federal y apuntar al de los estados, en una apuesta interesante por las lecciones que deja el episodio político y la realidad de que las bases de esos aliados de Morena, que acaban de dar un gran revés, también están en las entidades federativas.

La nueva propuesta pretende limitar el gasto de los congresos locales, establecer topes presupuestales y revisar la estructura de los ayuntamientos -especialmente el número y los ingresos de regidores y síndicos- bajo el argumento de reducir privilegios políticos.

El mismo sentido, pues, pero en diferente orden de aplicación, y con el ingrediente adicional, medio disimulado y con trampa, que podría poner a la presidenta Sheinbaum en las boletas de 2027, con la eventual votación para la revocación de mandato.

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Sería un error quedarse solo con el marcador de la votación de una propuesta que nació muerta. Los 259 votos a favor y 234 en contra sirven para aproximarse a lo ocurrido, pero hay lecciones que aprender del proceso.

El papel de los legisladores federales chihuahuenses fue básicamente testimonial. No obstante, vale la pena entender cada sufragio de los cinco que avalaron el proyecto presidencial y los 10 que le dieron la espalda.

A favor de la reforma votaron los morenistas Armando Cabada, Daniel Murguía y Mayté Vargas, sumándose a ellos Alejandro Pérez Cuéllar, oficialmente del Verde, pero con el apellido apostado en Morena; y Roberto “Nono” Corral, del Partido del Trabajo, pero del establo guinda de la senadora Andrea Chávez.

En contra fueron todos los demás: Noel Chávez, Alejandro Domínguez, Paloma Domínguez, Graciela Ortiz y Tony Meléndez, de la inexplicable y turbia mayoría chihuahuense priista en San Lázaro; Carmen Rocío González y “Manque” Granados, de la pobre minoría panista que quedó tras su amasiato con el PRI; además del naranja Alfredo “Caballo” Lozoya, casi irrelevante en el panorama político estatal.

Sin embargo, los votos en contra de mayor peso en la 4T no fueron los de los opositores sistemáticos, sino los de los aliados. Lilia Aguilar y Greycy Durán votaron en contra de la propuesta presidencial, en medio de debates y ataques que mostraron el bajo nivel moral de la clase política.

Así, lo ocurrido en la Cámara de Diputados dejó algo más interesante que una iniciativa presidencial caída. Dejó una serie de lecciones sobre el funcionamiento del sistema político, que explican por qué no pasó la reforma, pero también cómo empieza a reacomodarse el poder rumbo a las elecciones de 2027.

El sistema democrático dio muestra de que funciona, pero en él mandan los partidos políticos. Sus cúpulas, particularmente. El sistema funciona porque el Ejecutivo propuso y el Legislativo dispuso, como dice la teoría republicana, pero el detalle está en quién tomó la decisión final, que no fueron los votantes, ni siquiera la oposición, sino las dirigencias de los mini partidos aliados, por si le faltara surrealismo a la política nacional.

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Entre otras lecciones que deja el primer fracaso legislativo presidencial, hemos confirmado que el verdadero poder no está en la oposición. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN están pintados, ni de adorno parecen servir.

Eso significa que, en términos legislativos, los partidos pequeños del bloque oficialista hoy pesan más que toda la oposición junta. Y no porque tengan más votos populares, sino porque tienen las curules decisivas para imponerse, para dejar pasar o bloquear.

No obstante, pese a perder la votación, la presidenta Claudia Sheinbaum les ganó, a aliados y opositores tradicionales, la narrativa que recupera con el Plan B, en contra de los excesos, los privilegios y la intrínseca corrupción de la clase política.

Es decir, la presidenta perdió en el tablero legislativo, pero ganó en imagen pública; si bien en algunos círculos celebraron su derrota y posible debilidad política, a nivel de calle Sheinbaum se impuso en el debate con el argumento simple y contundente de que los partidos frenaron una reforma orientada a ahorrar recursos públicos.

Puede discutirse si la iniciativa lograba ese objetivo o no, pero el mensaje ya quedó instalado. Los partidos pelearon con uñas y dientes por el dinero que reciben y sus plurinominales por los que nadie vota, con la consecuencia política evidente de perder más en la percepción de lo que ganaron con la votación.

Porque, finalmente, esto es lo que explica por qué la reforma no pasó, después de la racha de medio centenar de cambios constitucionales que la mayoría de Morena y aliados le había dado a Sheinbaum.

Esta no pasó porque dinamitaba nervios sensibles para la partidocracia: el financiamiento público, los pluris y el reparto del botín legislativo, es decir, tocaba directamente el modelo que permite a muchos partidos-parásitos existir.

Entre las lecciones, además, hay que apuntar una duda que flota en el ambiente. ¿Y si el Plan B era en realidad la idea original de Sheinbaum? ¿Si mandó la reforma anterior para que sucumbiera y pudiera emplazar a sus aliados a que le aprueben la siguiente?

No es algo descabellado si, como es posible, la nueva propuesta de la siguiente semana también requiere de mayoría calificada y podría ser incluso más delicada, aunque no sea tan amplia como la que ya fracasó.

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La nueva iniciativa con la que ha generado expectativa la jefa del Ejecutivo ya no apunta al oneroso sistema electoral federal. Ahora va por algo políticamente más sensible, los congresos estatales y los ayuntamientos, en lo que ya comienza a generar reclamos de quienes se envuelven en la bandera federalista.

Sus objetivos son reducir el gasto legislativo local; limitar el número o los ingresos de regidores; y, sobre todo, abrir la puerta para que algunos temas electorales puedan someterse a consulta popular, incluida la posibilidad de mover la revocación de mandato al tercer año de gobierno.

Así, la presidenta podría llegar al proceso electoral intermedio de 2027 en la boleta de una eventual consulta, un plebiscito de su propio gobierno que la colocaría en campaña junto con la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas y congresos de los estados.

Aquí es donde explotaría la clase política de Chihuahua, porque el Congreso del Estado no sale bien parado. Sus 803 millones de pesos de presupuesto con 33 diputados vuelve a los legisladores más caros que los federales y los coloca en un brete que les puede representar un recorte de unos de 170 millones de pesos anuales; en el caso de los municipios, también hay unos que resaltan por el sobrecosto que representa el exceso de regidores.

Si el plan B avanza, muchos legisladores locales tendrán que explicar por qué cuestan más que un diputado federal. Y muchos ayuntamientos tendrán que justificar por qué necesitan tantos ediles, cuya función está limitada a darle control político a los alcaldes.

Por ello, la reforma electoral que no pasó en San Lázaro puede detonar, con la alternativa anunciada, otro debate mucho más peligroso para la clase política local.

Es lógico, un ajuste a la baja del gasto político no es tema menor y el argumento de reducir costos tiene un enorme respaldo popular, especialmente en comunidades donde los servicios públicos son deficientes y los gobernantes se despachan el presupuesto con cucharón menudero.

Con la oposición tradicional reducida al papel de espectadora, será el oficialismo de la 4T el que nuevamente tendrá el poder. La verdadera negociación política será dentro del propio bloque gobernante, frente a la misma disyuntiva que planteó la primera propuesta de reforma para la alianza Morena-PT-Verde.