En medio del debate nacional sobre la Reforma Electoral y el llamado Plan B, es necesario recordar la reflexión del pastor bautista británico Charles Spurgeon: “Lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen; lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo aprueben”. Este pensamiento nos lleva a concluir que el desarrollo democrático nacional no puede permanecer sujeto a cálculos coyunturales ni a conveniencias político-partidistas.

Esto no se trata solo de una discusión técnica o legislativa, sino de una profunda convicción ética. Se trata de definir si seguimos manteniendo un sistema político-electoral costoso, burocrático y, sobre todo, alejado de la realidad popular o, por el contrario, avanzamos hacia un modelo menos oneroso y más congruente con el mandato democrático que se expresó en las urnas.

La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y respaldada por los diputados que estamos comprometidos con el movimiento, tiene como objetivo corregir los excesos y privilegios que durante años han beneficiado a las élites partidistas y que implican un elevado costo para la ciudadanía. Las instituciones que deben garantizar la democracia han acumulado privilegios administrativos que se materializan en estructuras organizacionales enormes y sobredimensionadas y, por supuesto, en salarios excesivos. La reforma planteaba una manera de resolver esos desequilibrios para que la democracia se fortaleciera y, al mismo tiempo, fuera menos costosa para el erario.

Debo aclarar que la postura de la oposición y de algunos compañeros que pertenecen a otros partidos del movimiento está en su derecho de votar en el sentido que consideren conveniente, aunque, como en este caso, haya sido en contra de la voluntad popular y de los programas que ellos mismos signaron cuando se integraron a la plataforma electoral de 2024.

En todas las democracias es válido que existan diferencias; sin embargo, también es necesario considerar que la política democrática debe mantener como brújula la voluntad popular. Los votos ciudadanos que respaldaron el proceso de transformación de México en 2018, 2021 y 2024 no se emitieron para mantener intactas las estructuras del pasado, sino para revisarlas y acercarlas al pueblo.

Como diputado de MORENA voté a favor de la reforma presentada por la presidenta Sheinbaum. Lo hice porque estoy convencido de que este proceso nos permite profundizar la transformación democrática del país; pero también porque he vivido en carne propia los desafíos que representan las condiciones electorales inequitativas y los altos costos de los procesos electorales actuales en México. La democracia mexicana no puede convertirse en refugio de privilegios para las élites partidistas mientras millones de mexicanos exigen un manejo más prudente y responsable de los recursos públicos.

Aunque el Plan B aún no ha sido publicado oficialmente como una iniciativa formal, sí se han delineado algunos puntos y ejes. Con esta reserva y con la debida prudencia, podemos advertir que no se presenta como un simple ajuste a las leyes secundarias, sino como una ruta completa para hacer más eficientes y menos costosos los procesos electorales. El propósito es mejorar la eficiencia operativa y garantizar que el sistema democrático tenga una mayor racionalidad administrativa.

El Plan B se trata de realizar los ajustes legales necesarios para preservar la integridad de los procesos electorales, al mismo tiempo que se eliminan prácticas burocráticas que, a lo largo de la historia reciente, han inflado el costo de la democracia y se han convertido en un lastre para los mexicanos.

En la vida pública, en muchas ocasiones resulta más sencillo que las personas y las organizaciones políticas opten por lo conveniente en lugar de lo correcto. La cita de Spurgeon nos recuerda que una decisión no se legitima por la cantidad de personas que están a favor o en contra, sino por la congruencia con los principios de justicia que se persiguen.

La democracia mexicana debe seguir siendo fuerte, confiable y plural; pero también debe ser austera, eficiente y responsable con el dinero de todos los ciudadanos. Ese es el sentido de transformar la vida electoral en México y por esa razón seguiremos impulsando los cambios necesarios para consolidar una democracia más cercana al pueblo.