Durante meses, mi familia —como muchas otras en Chihuahua— enfrentó un fenómeno tan absurdo como costoso: consumos de agua desmesurados, sin correlación alguna con el uso doméstico real. El incremento no era marginal; era un salto que desafiaba toda lógica. La única certeza era que algo, fuera de nuestro control, estaba inflando artificialmente los registros del medidor. La revisión técnica reveló lo que muchos usuarios sospechan desde hace años: el aire que viaja por las líneas de abastecimiento municipal se contabiliza como si fuera agua. Tras sustituir la válvula de desahogo de aire en la entrada de nuestra vivienda, el consumo registrado cayó 55%. No hubo cambios en hábitos, riego o número de habitantes. Solo se eliminó el aire que la red municipal inyecta —por diseño o por deterioro— en el flujo hidráulico.
Este dato, por sí solo, debería encender alarmas institucionales. Pero para comprender la magnitud del problema, es necesario explicar brevemente cómo funciona el sistema de distribución de agua potable en Chihuahua.
Cómo fluye el agua… y cómo entra el aire
La ciudad depende casi por completo de pozos profundos, donde el bombeo constante y las variaciones de presión generan cavitación: pequeñas burbujas que viajan con el agua. A ello se suman uniones defectuosas, válvulas de purga envejecidas y fluctuaciones en los equipos de impulsión que alimentan la red primaria.
Después del tratamiento, el agua se inyecta a la red de distribución mediante bombas de refuerzo y tanques elevados. Cada arranque de bomba provoca microburbujas y golpes de ariete. Si las válvulas de expulsión de aire —responsabilidad exclusiva de la autoridad— no funcionan correctamente, ese aire no se libera en la red primaria: llega directamente a los domicilios.
Y aquí ocurre la anomalía central: el medidor registra volumen desplazado, no distingue entre agua y aire. El resultado es un cobro indebido, sistemático y silencioso.
Lo que el lector debe entender sobre la cavitación y otros eventos que inyectan aire
Para dimensionar el problema, conviene explicar con mayor precisión qué significa “cavitación”, uno de los fenómenos más frecuentes en los sistemas de bombeo profundo. La cavitación ocurre cuando la presión del agua desciende por debajo de su presión de vapor, formando burbujas microscópicas que colapsan al desplazarse por la tubería. Aunque invisibles para el ojo humano, estas burbujas viajan con el flujo y terminan acumulándose en los tramos donde la presión cambia bruscamente. No es un defecto menor: es un síntoma de estrés hidráulico que acompaña a los pozos sobreexplotados o a los equipos de bombeo que operan al límite de su capacidad.
A ello se suman otros eventos que favorecen la entrada de aire. Las variaciones súbitas de presión —provocadas por arranques y paros de bombas, fallas eléctricas o maniobras operativas— generan vacíos momentáneos en la red que succionan aire a través de uniones debilitadas o válvulas envejecidas. También están las válvulas de purga instaladas en la red primaria, diseñadas para expulsar aire, pero que, cuando pierden hermeticidad, permiten el ingreso del mismo fenómeno que deberían evitar. En zonas altas de la ciudad, donde la presión es naturalmente más baja, estas entradas de aire son aún más frecuentes. Otro factor es el golpe de ariete, una onda de presión que se produce cuando el flujo se detiene o se reinicia abruptamente. Este fenómeno empuja bolsas de aire a lo largo de la red, desplazándolas hasta los domicilios. Si las válvulas de expulsión de aire no funcionan —y muchas no funcionan— el aire no se libera en la red primaria: se acumula en las líneas secundarias y termina en los medidores domésticos.
Todos estos eventos tienen un denominador común: son previsibles, conocidos y técnicamente mitigables. No son accidentes inevitables ni misterios hidráulicos. Son el resultado de un sistema que opera con infraestructura envejecida, mantenimiento insuficiente y una supervisión que no ha priorizado la protección del “usuario” frente a los efectos económicos de estas fallas.
Una afectación desigual y regresiva
No todos los usuarios reciben la misma cantidad de aire. Las zonas altas, las colonias alejadas de los tanques de regulación y las viviendas cercanas a puntos de bombeo sufren más variaciones de presión y, por tanto, más aire en sus líneas. Esto significa que el fenómeno tiene un efecto regresivo: las familias de menores ingresos —que destinan una mayor proporción de su presupuesto al pago de servicios— son las más vulnerables a estos incrementos artificiales.
La autoridad conoce este fenómeno. Lo ha normalizado. Y, sin embargo, no ha implementado un programa sistemático para corregirlo.
El derecho al agua no admite aire
La Ley de Aguas denomina “usuarios” a quienes reciben el servicio, pero en realidad somos sujetos de derecho. El acceso al agua no es una concesión administrativa: es un derecho humano reconocido por la Constitución y por tratados internacionales.
Cobrar aire como si fuera agua vulnera ese derecho. Y lo hace de manera acumulativa, mes tras mes, recibo tras recibo. No se trata de un problema doméstico ni de una falla aislada. Es un fenómeno sistémico que exige una respuesta institucional clara: • diagnóstico público; • mantenimiento preventivo; • sustitución de válvulas de expulsión de aire; • protocolos de presión en la red; • y mecanismos de compensación cuando se demuestre afectación.
Lo que está en juego
El agua es un bien público. La confianza en las instituciones que la administran también. Si la Junta Municipal de Agua y Saneamiento permite que el aire viaje por las tuberías y se cobre como agua, está trasladando a los hogares un costo que no les corresponde. Está erosionando la legitimidad del sistema y afectando la economía de miles de familias. La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, corrección técnica y justicia tarifaria.
El aire no debe pagarse. El agua sí. Y la diferencia es responsabilidad de la autoridad.
