-Nadie frena disputa violenta de “La Línea” y “GNT”

-Ariadna se fue por fortalecer las bases

Cuando parecía que tomaría bajada la reacción del gobierno federal por el tema de Morelos-CIA, salta la Fiscalía General de la República con la citación de 50 elementos estatales, que encenderá de nuevo la disputa nacional con el gobierno de Chihuahua.

El 19 de abril, en un tramo carretero del municipio de Morelos, murieron los agentes de la CIA, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.

La queja del gobierno federal fue el supuesto desconocimiento de la presencia de los agentes extranjeros en el operativo para desmantelar un mega laboratorio de metanfetamina.

Para buscar salida institucional, la gobernadora María Eugenia Campos Galván se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmando que desconocía la presencia de los agentes de la CIA.

El conflicto se reactivó ayer con el anuncio de Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, y segundo al mando en dicha dependencia, con la citación de 50 elementos que formaron parte de la acción policial.

Buscan meter aguja para sacar hebra; evidente la presión que será ejercida para encontrar la mínima contradicción, por ello la citación de medio centenar de agentes y ni uno solo de la Guardia Nacional, el ejército, etc. A ellos les dieron por bueno su deslinde, pero no a Chihuahua.

Evidente el trasfondo político, que prolonga la tensión con citaciones masivas, como para equilibrar la zarandeada que les dio el gobierno norteamericano, y que orilló a la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, hoy más protegido que nadie con escoltas federales día y noche, no se les vaya a ir del otro lado del charco.

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Desde el sábado y hasta ayer, en la cabecera municipal de Gran Morelos se han reportado constantes ataques a balazos, tanto a instalaciones oficiales como a viviendas, presuntamente relacionadas con las familias Gutiérrez y Montes, que años antes habían tenido influencia y control político en la región.

Los hechos recientes, aseguran los pobladores, están relacionados con algunas incursiones de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, tras las cuales, los grupos criminales han actuado en contra de los agentes de la Policía Municipal y habitantes vinculados familiarmente con el poder político.

Aunque nadie lo dice de forma abierta, de fondo lo que existe es una batalla regional entre “La Línea” y la “Gente Nueva de El Tigre (GNT)”, que luchan con balazos, drones y sus respectivos ejércitos por tener dominio de los territorios que van desde Santa Isabel hasta Guachochi.

En esa escalada de violencia, han quedado entre las patas de los caballos los habitantes de San Nicolás de Carretas (Gran Morelos), Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Nonoava, con extensas comunidades rurales que vilmente han sido tomadas por el crimen.

Por ahora, los dos ataques recientes podrían obedecer a intervenciones policiacas superficiales, sin resultado alguno contra los criminales, tras las cuales alguno de los dos grupos, o ambos, se desquitan con más oleadas de terror contra la población.

“La Línea” buscaría “calentar la plaza” a sus rivales, para desplazarlos de la región con el apoyo posterior y reactivo que llega tarde por parte de las autoridades; el otro grupo pretendería reforzar su presencia que ha mantenido por años de forma férrea, debilitada por la fractura interna que quedó en evidencia con la masacre de Carretas de septiembre del año pasado.

Las consecuencias de aquella matazón siguen sin contenerse desde hace casi ocho meses. “(...) las venganzas que pueden orientarse a borrar todo rastro de los Gutiérrez de Carretas no es lo peor que puede pasar, sino la consolidación a perpetuidad de poderes ilegítimos sobre la unidad básica territorial del país: los municipios”, advertíamos en una entrega pasada de GPS.

Así, lo preocupante no es cuál de los grupos puede ganar, sino que los verdaderos perdedores, por mucho, son los pobladores y las actividades productivas, sociales y culturales en una región azotada no nada más por la sequía, sino por la indolencia y la incapacidad oficial para garantizar la seguridad.

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El primer discurso de Ariadna Montiel, como dirigente nacional de Morena, estuvo sin duda dirigido a fortalecer su relación con las bases, un nosotros los buenos y ellos los malos, con más de 60 adjetivos, torpedos contra la oposición.

No los bajó Ariadna de neoliberales, privatizadores, entreguistas, apátridas, corruptos, traidores, hipócritas, injerencistas.

Fueron 42 minutos interrumpidos por ovaciones y en algunos casos, pausas para recordar estatutos y compromisos de naturaleza moral.

Consignas y porras como "¡Unidad!", "¡No está sola!" o "¡Es un honor estar con Obrador/Claudia!", ocupan parte sustancial del mensaje, con refuerzo emotivo y de ataque.

Dedicó 8 minutos para la historia del movimiento, fundación del mismo y reiterar la revolución de las conciencias; otros 8 minutos fueron pintados de populismo, defensa del pueblo, los 13.5 millones que salieron de la pobreza y el lema "primero los pobres".

Luego el ataque durante siete minutos: denuncia a los expresidentes neoliberales, ofensivas permanentes, consignas de unidad frente a la derecha; en igual tono, 6 minutos dedicó al nacionalismo, defensa de la soberanía frente a injerencia extranjera, apoyo a Cuba, “cooperación sí, subordinación, no”.

Finalmente, dedicó 13 minutos a reforzar reglas éticas para 2027 (nada de Rocha Moya), cero tolerancia a la corrupción y la meta organizativa de llegar a 30 millones de hogares, con 60 mil “operadores de campo” en territorio y casi 3 mil asambleas municipales del partido.

Discurso para la base militante y dirigente, moralizante, mística populista revolucionaria, llamado a la unidad para el ataque/defensa y línea de acción del partido/gobierno, gobernadores, presidencia, servidores de la nación, asambleas, etc.

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Fue publicada la semana pasada una convocatoria a remate de bienes inmuebles por parte de la Comisión Estatal de Vivienda COESVI por sus siglas, que casi casi es una venta a ciegas para el comprador, independientemente de que se trata de viviendas deterioradas e invadidas desde hace años.

Deberán los postores, para empezar, soltar el 10 por ciento del valor de los lotes; por el de Delicias, con 19 mil metros cuadrados de terreno y casi 4 mil de construcción, unos tres millones y medio de pesos; otro inmueble, con 7 mil de terreno y casi 3 mil de construcción, tres millones y finalmente, por el de Cuauhtémoc, cuatro millones y medio, por 22 mil metros cuadrados de terreno y poco más de 8 mil de construcción.

No es una ganga, porque en promedio son 7 mil pesos por metro cuadrado de construcción lo que se pide de inicio, cuando en el mercado andan a lo más en ese tipo de vivienda, entre 10 y 12 mil pesos el metro cuadrado, unos 720 mil pesos, a precio de contado. Es vivienda popular, con no más de 60 metros cuadrados de construcción y 120 de terreno.

Agréguese a ello el pequeño detalle de que los inmuebles serán enajenados sin la posesión física, ya que están invadidos y ocupados de forma irregular por terceros, por lo que el ganador de la subasta debe asumir íntegramente la responsabilidad, los riesgos y los costos totales de los procesos legales necesarios para el desalojo y la recuperación de la posesión material.

Veremos quién se anima en estas condiciones a ojo tapado -no creemos que los dejen entrar a hacer avalúos que siquiera costearían- y asista el 15 de mayo de 2026 a las 12:00 horas a las oficinas de COESVI en la ciudad de Chihuahua, donde tendrá lugar la subasta atípica, pero probablemente necesaria.

Es un problemón heredado a la actual administración que no tiene por dónde resolverse.

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Abril dejó una reducción importante en homicidios para la capital: 19 víctimas frente a 34 registradas en el mismo mes del año pasado. Una diferencia que no es menor y que habla de un trabajo operativo y coordinado entre las dependencias de seguridad.

En ese contexto, también destacan cinco detenciones por homicidio doloso realizadas por la Policía Municipal, casos que no solo implican reacción, sino capacidad de investigación y seguimiento.

Pero quizá el dato más revelador está en otro frente: de las 370 personas detenidas por la Policía Municipal por distintos delitos durante el mes, 201 fueron por narcomenudeo.

El combate al narcomenudeo no siempre luce, pero es estratégico. Es el terreno donde se gestan muchas de las violencias que después escalan a delitos mayores.

Sin embargo, en seguridad no debe haber espacio para triunfalismos. Los avances existen, sí, pero también las condiciones que generan violencia, por lo pronto abril fue un buen mes, esperemos siga así la tendencia por el bien de todos.