En México, el pasado 4 de mayo se publicó el decreto para la autorización inmediata de inversiones, presentado como una medida para agilizar proyectos estratégicos y reducir tiempos burocráticos en sectores prioritarios para el desarrollo económico.

Entre los argumentos oficiales destacaron la necesidad de acelerar infraestructura, atraer capital y fortalecer la competitividad del país.

En materia ambiental, las autoridades señalaron que la simplificación administrativa podría facilitar inversiones en energías limpias, manejo de residuos y proyectos vinculados con la Economía Circular.

Sin embargo, organizaciones ambientales y especialistas advirtieron que una autorización acelerada podría reducir tiempos de evaluación ambiental y limitar la supervisión técnica sobre algunos proyectos. Entre las principales preocupaciones se encuentran posibles afectaciones a ecosistemas, recursos hídricos y comunidades cercanas a zonas industriales o energéticas.

Quienes estamos involucrados en temas ambientales y de circularidad vemos necesario que se clarifique la información relacionada con consumo de energía, agua, generación de residuos y emisiones en estas nuevas inversiones.

¿Y que hay de las MIAs Manifestaciones de Impacto Ambiental?, que son instrumentos técnicos y legales utilizados en México para evaluar los posibles efectos que una obra o proyecto puede generar en el medio ambiente.

Estos estudios son presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de autorizar proyectos como:

• carreteras,

• minas,

• gasoductos,

• parques industriales,

• desarrollos inmobiliarios,

• plantas energéticas.

Las MIAs analizan aspectos como:

• impacto en flora y fauna,

• uso de agua,

• emisiones,

• residuos,

• afectaciones al suelo,

• riesgos ambientales,

• medidas de mitigación.

El llamado es a que los proyectos no sean evaluados únicamente por el monto de inversión, sino también por su integración operativa, territorial y ambiental. Coincido en que se trata de un tema que requiere atención y vigilancia sobre su implementación.

Al mismo tiempo, será importante impulsar proyectos con verdadera responsabilidad ambiental y social, especialmente ante el crecimiento del nearshoring y la presión que ya comienza a observarse sobre la red eléctrica, la disponibilidad de agua y la gestión de residuos.

El propio decreto contempla que, además del monto de inversión, las empresas presenten información relacionada con recursos como agua, energía, residuos y proveeduría. Por ello, el debate merece analizarse con mayor profundidad, ya que existen múltiples matices entre el impulso económico y la sostenibilidad ambiental.

El programa ha ofrecido que el monto para autorizar será igual o superior a 2 mil millones de pesos en los sectores estratégicos: infraestructura tecnológica, centros de datos, textil y confección, semiconductores y microelectrónica, automotriz y autopartes, dispositivos médicos, farmacéutica y biofarmacéutica, aeroespacial, energética, química, y otros que determine el Comité de Inversiones.