-Todos ganaron con la marcha... según ellos
-Rinde cuentas el SPAUACH en Asamblea -Casi en tapias, Junta Federal de ConciliaciónEn casi una década, 16 municipios de los 67 que tiene el estado se han quedado sin policía local, lo que obliga a un gasto extra de la Secretaría de Seguridad Pública, pero eso no lo compensan los ayuntamientos, que mantienen hasta sueldos VIP de los alcaldes incumplidos en esta tarea básica.
No son ciudades grandes, complejas o altamente industrializadas sino pequeñas comunidades donde las corporaciones municipales simplemente colapsaron, desaparecieron, reprobaron controles o quedaron infiltradas en su totalidad, por incompetencia o complicidad gubernamental. Mientras eso ocurre, varios presidentes municipales cobran salarios que harían voltear incluso a alcaldes de las principales ciudades del estado. La radiografía actual que presentamos en El Diario muestra esa realidad que padecen más que nada los habitantes de los municipios donde hay alcaldes con sueldazos, pero que incumplen su labor esencial de garantizar la seguridad en sus localidades. En Gran Morelos, con apenas alrededor de tres mil habitantes, su alcalde Óscar Luis Miramontes gana 118 mil pesos mensuales; Galeana, con poco más de siete mil habitantes, destina 117 mil para Terry LeBaron; y en Guadalupe D.B, Lorenzo Tarango supera los 110 mil pesos al mes. Todos ellos tienen algo más en común que el tamaño reducido de sus municipios: garantizan seguridad pública por cuenta propia porque no tienen policías, pero sí muchos privilegios. Una vil caricatura político-administrativa. En similares circunstancias, salvo por la variaciones en los sueldazos políticos, están Bachíniva, Nuevo Casas Grandes, Praxedis G. Guerrero, Urique, Nonoava, Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Bocoyna, Valle de Zaragoza (donde fue el más reciente baño de sangre), Coyame, Satevó, Coronado y Gómez Farías. El problema va más allá del monto de los salarios o el gasto que se “ahorran” sin tener policías. El verdadero fondo es el mensaje político y moral que transmite esa desproporción. Porque mientras el Gobierno del Estado envía elementos, patrullas, armamento, combustible y estructura operativa para suplir la incapacidad municipal, los ayuntamientos continúan como si nada hubiera pasado. Estos casos, casi un tercio del total de municipios de Chihuahua, exhibe uno de los grandes fracasos del sistema municipalista y su ficción de la autonomía. Lo extraordinario de una intervención estatal o federal para sustituir funciones municipales ya se volvió rutina. Increíble que con realidades así, las discusiones en torno a la seguridad pública sean por abstractos conceptos de soberanía nacional o por meras disputas políticas que dejan al garete este tema, que debería ser el más importante del estado y del país, pero sobre todo debería estar blindado de los vaivenes políticos.***
La autocrítica fue la gran ausente en el interesante fenómeno político que vivió Chihuahua el fin de semana, con la movilización, exitosa a medias, a la que convocó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Prianistas y morenistas hicieron una muy superficial evaluación de la protesta del sábado para exigir el juicio político de la gobernadora Maru Campos, dándose ambos bandos por ganadores a pesar de los evidentes huecos expuestos. Los líderes del PRI y el PAN, Alejandro Domínguez y Daniela Álvarez, salieron a criticar la reducida marcha morenista, sin reconocer las acciones a las que recurrieron -algunas desesperadas- para bloquear la movilización, como si con ello lograran garantizar un arrastre electoral. Los liderazgos morenistas trataron de evitar por todos los medios que prendieran las versiones sobre la evidente molestia de Montiel y Andy López Beltrán, al verse reducidos desde su llegada al aeropuerto y recibir excusas, siempre para culpar al PAN y al Gobierno del Estado, sobre la protesta que habían prometido como apoteósica, pero resultó bastante menos que eso. Si no ven los huecos que tienen enfrente y que evidencian su debilitamiento, ante un electorado que le hace el feo a la polarización y al golpeteo, es imposible esperar una contienda electoral que abone a la democracia y al desarrollo del estado.***
Tendrá reunión el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) hoy para presentar un informe financiero -entre otros asuntos- que se observa muy bien en términos generales.
Por ejemplo, tiene una operación con superávit contable, al obtener ingresos totales en 2025 del orden de los ocho millones de pesos y el pago de 7.8 millones en gastos, un incremento neto patrimonial de 230 mil pesos. La estructura de deuda está muy sana, sin créditos de largo plazo, hipotecas, líneas de financiamiento revolvente ni pago de intereses; inclusive, hay ejercicio de transparencia con desglose mensual del manejo financiero, y un equipamiento con parque vehicular de modelo reciente. Pero, siempre hay un pero, el caso está en unos pasivos directamente de rectoría, casi cuatro millones en cuentas por cobrar, derivados de retenciones en nómina y subsidios, que el sindicato ha tenido qué absorber desde el 2025. Pero donde aparece el tema más delicado, es en el adeudo histórico de más de siete millones con el Fideicomiso de Pensionados. Son estos compromisos, que han sido atendidos, el único foco en luz ámbar. Hay buena relación y entendimiento entre el sindicato y la misma rectoría, para ir sacando las cosas adelante, en un entorno financiero complicado, por el maltrato federal a las finanzas no sólo de la UACH, sino de todas las universidades en el país. Está entonces el SPAUACH en condición óptima, muy por el contrario de lo que vive el STSUACH, el otro sindicato existente en la máxima casa de estudios, en verdadera crisis financiera y judicial -el pleito por el terreno, en audiencias, amparos, cuentas embargadas, es un suplicio-, que sumado al diálogo ríspido con rectoría, complica con mucho su situación.***
Desde siempre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, permanece olvidada de la mano de Dios, con mobiliario viejo, poco equipo y también añejo, con instalaciones que dan pena ajena, pero de dos o tres años a la fecha, las condiciones son aún peores.
Como que hay una orden de restricción en el gasto verdaderamente severa, deteniendo por consecuencia los asuntos jurídicos en trámite a más no poder. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas elementales, como las copias de traslado, o la impresión de acuerdos, ya no se diga copias certificadas. La política es no imprimir ningún documento a costa de la Junta, y aunque quisieran, la mayoría de las veces no hay tóner, el equipo se ha venido haciendo viejo y por supuesto, no hay hojas. Si alguien quiere unas copias certificadas debe pagarlas en algún establecimiento de fotocopias cercano. Cuando es un expediente pequeño, no hay problema, pero cuando es un expediente grande, el costo es muy elevado para los trabajadores, que la mayoría de las ocasiones, despedidos, carecen de los recursos económicos para continuar sus juicios en amparo. Si se trata de un acuerdo, se imprime únicamente el original y las demás copias, deben correr a cargo del trabajador o de la parte patronal. Estamos de acuerdo con la austeridad y el cuidado de los recursos del Estado, pero se le está enviando la carga al trabajador, que es la parte más débil en cualquier asunto laboral.***
A nivel nacional se cuestiona la utilidad de los organismos autónomos y se centralizan cada vez más las decisiones públicas, acá en Chihuahua hay todavía una voluntad distinta: abrir el gobierno y acercarlo a la ciudadanía.
La inauguración de la quinta Semana Internacional de Gobierno Abierto por parte del alcalde, Marco Bonilla, sirvió también para sostener una postura política a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Bonilla hizo hincapié que durante años se ha trabajado en construir instituciones y mecanismos para cuidar el dinero público, y que hoy existen tendencias que buscan desvirtuar esos esfuerzos. Frente a ello, en Chihuahua se apuesta por fortalecer gobiernos abiertos y cercanos. Durante esta semana se presentarán herramientas como la Línea de Denuncia Ciudadana vía WhatsApp y el chatbot “Impulsa CUU”, proyectos que buscan facilitar la interacción entre gobierno y ciudadanía mediante soluciones digitales más accesibles. La participación de especialistas internacionales y organismos ciudadanos también refleja que Chihuahua busca consolidarse como referente nacional en prácticas de gobierno abierto.