“El principio de democracia deliberativa tiene como presupuesto el conocimiento, es decir, la noción o noticia elemental de aquello que será objeto de estudio, reflexión, debate y posterior votación”
Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, 2023
Ciudad de México.- Sin discusión, sin considerar las consecuencias y por unanimidad, los nuevos ministros de la Corte han cambiado un criterio jurídico fundamental y han borrado los derechos de las minorías en los procesos parlamentarios. El fallo de este 19 de mayo permite a la mayoría en el Congreso obviar los procedimientos parlamentarios a discreción. La decisión evidencia cómo la Suprema Corte ha abandonado los principios de una democracia deliberativa y adoptado los de una dictadura.
La Suprema Corte empezó desde 2006 a estudiar el proceso legislativo en los casos que llegaban a su consideración ya que en ese año se presentó por primera vez el tema en una acción de inconstitucionalidad. La Corte determinó que, como el artículo 65 de la Constitución establece que "el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten", el proceso debería cumplir con las normas mínimas de estudio y discusión que se establecen en los propios reglamentos de las cámaras.
En el famoso "viernes negro" de la noche del 28 al 29 de abril de 2023, último día de sesiones del primer período legislativo de ese año, el gobierno de López Obrador y su mayoría en el Senado violaron todas esas condiciones. La mafia del poder tenía prisa. La mayoría oficialista aprobó 20 reformas en la sede alterna de Xicoténcatl dispensando todos los trámites. Catorce iniciativas no se publicaron en la Gaceta del Senado 24 horas antes como establecen los reglamentos. No hubo ninguna discusión. Se aprobó una nueva ley cada12 minutos. Fue una muestra clara de cómo México ha dejado de ser una democracia deliberativa.
Apenas el 13 de enero de 2025, cuando todavía teníamos una Corte independiente, la mayoría de los ministros determinó que las violaciones al procedimiento parlamentario habían viciado la aprobación de las leyes del viernes negro. El dictamen lo presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá; pero como faltaba un ministro, Luis María Aguilar Morales, que había terminado ya su encargo sin que se hubiera nombrado a un reemplazo, el voto a favor fue de solo siete ministros, por lo que no se alcanzó la mayoría de ocho para decretar la inconstitucionalidad. Las tres ministras de la 4T votaron, como era costumbre, todas en contra de la ponencia.
La Corte había respaldado varias veces el criterio de que para que una nueva ley fuera legítima debían respetarse los procesos legislativos. Fue el caso, por ejemplo, del llamado plan B de reforma electoral de López Obrador.
Este 19 de mayo el pleno de la nueva Corte retomó el tema y cambió de manera radical el criterio. No les importó a los ministros que se hubiesen violado los procedimientos del Senado y que no se hubiera permitido el estudio y discusión de las iniciativas. La ministra María Estela Ríos sostuvo, de hecho, que la Corte ni siquiera podía considerar los acuerdos internos del Senado porque ello violaría la división de poderes.
Esta decisión de la Corte nos deja a los mexicanos en estado de indefensión. Permite a la mayoría en el Congreso aprobar lo que se le antoje, o lo que se le ordene, sin respetar los procedimientos de ley, sin siquiera permitir el estudio y la discusión de las iniciativas. Es exactamente lo contrario a lo que podríamos esperar en una democracia. Pero supongo que a los líderes de la 4T ya ni siquiera les preocupa que México haya dejado de ser reconocido como una democracia.
Remesas
Una nueva andanada de Trump contra México. Ha anunciado que el Departamento del Tesoro tomará medidas para evitar el uso, por inmigrantes ilegales, del sistema financiero de Estados Unidos. Esto podría dificultar el envío de las remesas que son tan importantes para la economía nacional.
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