La caja fuerte aparecida en el cateo a un despacho de Zuany, con documentos y evidencia abundante de la traición a la patria por parte de Maru Campos, fue una de las historietas construidas en medio del conflicto jurídico y político que mantiene a Chihuahua en el centro de la discusión nacional.

Supuestamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría dirigido y operado la diligencia judicial contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas y exjefe de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo, con un hallazgo espectacular puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las primeras imputaciones penales.

Mientras se organizaba la marcha de Morena convocada por Ariadna Montiel para exigir juicio político contra la gobernadora, en redes y plataformas digitales de nula credibilidad comenzaron a circular, a manera de dizque filtraciones, relatos casi cinematográficos sobre el falso cateo federal.

Era una historia que incluía bóvedas ocultas, servidores encriptados, memorandos secretos y hasta una presunta conexión directa entre Campos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en medio de una guerra propagandística producto de las posturas radicalizadas surgidas a partir de la muerte de dos agentes extranjeros, luego del operativo para desmantelar un narcolaboratorio en las profundidades de Morelos.

La ola de versiones, ataques, interpretaciones y suposiciones no ha menguado; han salido desde la Presidencia de la República, Morena, la FGR y los medios o influencers afines a la 4T, que han funcionado como máquina bien aceitada para la batalla.

Pero este sábado el conflicto aterrizó en Palacio de Gobierno. Agentes federales entregaron personalmente a la gobernadora un citatorio de la FGR para comparecer el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana.

La escena, en los pasillos de la sede del Ejecutivo del Estado, terminó convirtiéndose en una foto del quebranto total de la institucionalidad, con Maru Campos siendo citada por el Ministerio Público Federal a pesar de su fuero; y a pesar de que un gobernador acusado abiertamente de narco, Rubén Rocha Moya, no ha sido tocado ni con el pétalo de una notificación de la justicia mexicana.

La FGR matizó horas después del arrimón mediático: aseguró que Maru era llamada en calidad de testigo junto con el exfiscal general, César Jáuregui; y en el mismo boletín adelantó que, por fin, también había citado al morenista de Sinaloa y sus allegados solicitados por la justicia de Estados Unidos.

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Esta semana, Chihuahua dejó de parecer el escenario de una disputa partidista ordinaria local para convertirse en una pieza de relevancia nacional en la que igual se mezclaron la marcha, invenciones malintencionadas, comunicados oficiales encriptados, videos delirantes de internet, acusaciones, entrevistas en horario estelar… y ahora también citatorios federales entregados en mano dentro de Palacio.

En medio de eso apareció como protagonista la gobernadora Maru Campos, quien no irá en las boletas de 2027 (al menos no en las estatales), pero es la conductora de un proceso de sucesión complejo. La situación interna de Acción Nacional quedó de lado ante el caso CIA-Chihuahua, en el que la mandataria quedó sin espacio para la neutralidad y sin margen para la mesura.

Hasta hace poco, Campos apostó a la contención, con decisiones político-institucionales lógicas, como las renuncias de César Jáuregui y de Zuany; la designación de Wendy Chávez como fiscal especial; la comunicación cuidada, a través de canales controlados y silencios extendidos; y la vía diplomática con la Federación.

Su línea parecía la de administrar el conflicto, no confrontar directamente a Palacio Nacional, sino resistir desde el discurso y la acción institucional. Pero la ofensiva política de Morena modificó completamente el tablero y, sin opción, recurrió a eso de que el ataque es la mejor defensa.

La lógica de la cabeza del poder estatal cambió: si el golpe ya era nacional, la defensa también debía ser así. Suponemos que, por eso y con algún as bajo la manga, la vimos esta semana sentada con Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Río, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Luis Cárdenas y Javier Alatorre, entre otros, representantes de las empresas a las que la 4T no ve como medios de comunicación, sino como rivales políticos.

No fueron entrevistas casuales. En conjunto fue una contraofensiva mediática diseñada para mandar mensajes simultáneos, ya agotada, en apariencia, la vía de la conciliación.

Y justo cuando esa ofensiva mediática parecía llegar a su punto máximo, la FGR decidió elevar la presión con una comparecencia contra la mandataria estatal, hecho sin precedentes. Así, el día que la FGR llegó por una gobernadora en funciones quedará marcado en la historia política de la entidad, no precisamente para bien.

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Entre los mensajes de la ofensiva de Maru resulta destacable el hecho de que no piensa replegarse ni quedarse callada; y piensa seguir en otra cancha, la nacional, un conflicto que en realidad nunca fue solamente estatal.

Pero, sobre todo, lo que Campos Galván trasmitió es que si Morena pretende construir la realidad jurídica de una gobernadora ligada a intereses extranjeros, ella responderá directo con la acusación de que Morena pacta políticamente con grupos criminales y los protege en amplias regiones del país y del estado.

Eso quedó todavía más claro este sábado, cuando al recibir el citatorio soltó una frase cargada de mensaje político: “A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad?”.

La referencia directa al gobernador sinaloense, Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, confirmó que la estrategia de defensa de Chihuahua será confrontar públicamente el doble rasero federal.

Así, el choque ya cruzó todos los límites habituales de la política local, generalmente domesticada o sometida desde el centro del país, pero en sexenios anteriores con operadores encargados de aplacar a mandatarios y poderes fácticos estatales con más herramientas -y personajes con el suficiente oficio- de las que dispone la 4T.

En este punto, poco parece importar lo que pueda probarse judicialmente o llevarse de forma estricta por el terreno jurídico, como pretende aparentar hacerlo la FGR, cuya titular, Ernestina Godoy, difícilmente puede ejercer su autonomía técnica de Palacio Nacional.

En este punto, lo que sí parece importar es lo que las fuerzas políticas en disputa logren sembrar en la opinión pública, con realidades alteradas polarizadas de forma tan extrema que quieren poner al PAN o a Campos como vendepatrias entregados a Estados Unidos y a todos los morenistas -de la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador para abajo- como viles narcotraficantes sin escrúpulos.

La comparecencia ordenada por la FGR alimenta precisamente esa narrativa de confrontación total, en detrimento de la institucionalidad.

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La verdad sigue inalterable, esa no ha cambiado: Estados Unidos entró a Chihuahua como está en todo el país, en una intervención de muchas que hipócritamente esconde la Federación en México. Y no de ahora, de siempre.

El asunto se tornó político y dejó de importar lo que puede probarse judicialmente; luego se radicalizó y contaminó un conflicto jurídico a causa de otra intromisión norteamericana, pero con algo más grave: la acusación de narcotráfico contra el morenista gobernador de Sinaloa y nueve de sus cercanos, entre ellos un senador y un alcalde. La narcopolítica mexicana otra vez evidenciada. Qué raro.

Aquí fue donde la 4T equivocó el rumbo, porque maximizó la violación a la soberanía nacional con capital en Chihuahua, y con enfoque especial contra Maru Campos, pero minimizó el narcoestado fotografiado en todo su esplendor en el vecino que da nombre al cártel calificado de terrorista por Seguridad Nacional de EU.

En esas honduras cayó Campos Galván, atrapada una pinza complicada, porque guardó silencio e intentó las vías institucionales de inicio, pero Morena llenó los vacíos con un discurso nacionalista y un juicio exprés que la declaró culpable, sin las debidas pruebas, exigibles, claro que sí, pero nomás en el caso de Rocha Moya.

Ahora el conflicto escaló un peldaño más delicado: ya no son únicamente filtraciones, discursos incendiarios o movilizaciones callejeras, sino actuaciones ministeriales directas contra una gobernadora en funciones.

Suponemos que, así, la mandataria sigue forzada a buscar una salida que tampoco es cómoda, porque confrontar a la Federación es algo arriesgado, en particular ahora que está por entrar al último año de su gestión.

Pero Maru parece haber decidido que el costo de callar es mucho mayor al costo de pelearse, apuesta compleja que puede llevar al estado, a su administración, a entrar en una etapa de confrontación permanente, sin salida, en la que bien puede resultar fortalecida y proyectada a nivel nacional... o aplastada por una maquinaria amenazante.

En ese juego de suma cero, nadie gana del todo. Ni Morena porque el boomerang se le está regresando vía EU y cada vez más mala opinión nacional, ni la gobernadora, por más proyección política nacional que tenga, por el desgaste diario de un choque que puede trasladarse a todas las áreas de gobierno.