La semana que concluyó dejó muy claro el camino que le espera a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos: la proyección política a nivel nacional o la imputación de un delito grave contra la seguridad nacional y la soberanía del Estado. Así son los avatares de la política, que hoy la colocan en una ruta complicada y riesgosa… pero en política no hay otra opción.

Ciertamente, la carrera política de María Eugenia Campos no ha sido sencilla. De hecho, su actual posición como gobernadora tuvo que construirla y ganarla a contracorriente: frente a un gobernador de su mismo partido en ese momento, Javier Corral, quien intentó también meterla a la cárcel, y frente a un sistema avasallador que hizo lo imposible —incluso pactar y proteger posteriormente a Corral— con la única intención de ganar la elección de 2021.

No estamos tratando de descubrir el hilo negro. Como lo detalla La Columna de El Diario del 23 de mayo: “Los detractores de la gobernadora Maru Campos dentro del PAN —que los tiene, porque no es monedita de oro— vieron en su jugada de extender la serie de entrevistas en la Ciudad de México una suerte de estrategia para posicionarse a nivel nacional a partir de la crisis política del caso CIA-Chihuahua”.

Su presencia ante los medios de comunicación no deja lugar a dudas de que está dispuesta a enfrentar al sistema, porque no puede darse el lujo de dejar que las cosas simplemente pasen. Está en juego su tranquilidad y, más aún, su libertad.

Si bien la intensa gira mediática nacional y local se centró principalmente en la crisis política derivada del operativo en la Sierra Tarahumara, donde participaron presuntos agentes estadounidenses, así como en las acusaciones de violación a la soberanía nacional y posibles responsabilidades políticas, también fue una muestra de que está dispuesta a “entrarle” y no quedarse callada, luego de casi un mes en el que prefirió apegarse a un proceso de investigación; tiempo durante el cual sus contrarios aprovecharon el vacío de información.

En distintos espacios mediáticos comenzó a posicionar la idea de que existe una “campaña política” impulsada desde sectores de Morena para responsabilizarla personalmente del caso. Sin embargo, la mandataria endureció su narrativa política al afirmar públicamente que Chihuahua “no se entregará” y acusó a actores de la llamada Cuarta Transformación de intentar convertirla en un “chivo expiatorio” por la crisis de seguridad y por la presencia de agentes estadounidenses.

El tema de fondo —y que muchos se niegan a debatir— es la necesidad de colaboración con Estados Unidos y la dimensión del combate al narcotráfico.

El momento más relevante de la gira ocurrió con una entrevista publicada por el diario El País, donde la gobernadora ofreció su posicionamiento más amplio sobre la crisis: aseguró que Chihuahua “necesita forzosamente la colaboración de Estados Unidos” para enfrentar al crimen organizado; señaló que el gobierno federal y Morena han utilizado el caso para atacarla políticamente y rechazó cualquier posibilidad de juicio político justificado.

El principal componente político que enfrenta la mandataria es que el caso Chihuahua-CIA se entrelaza con la solicitud estadounidense de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Es importante señalarlo: el caso de Sinaloa tiene una gravedad política y diplomática mucho mayor. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que todavía no existe una extradición formal, sino una solicitud preliminar de detención, el impacto político ya es devastador. La diferencia fundamental con Chihuahua es que aquí no se acusa a un gobierno estatal de permitir cooperación extranjera, sino de presunta colusión con organizaciones criminales.

Paradójicamente, ambos casos terminan conectándose, porque el avance de las agencias estadounidenses dentro de México ocurre precisamente debido a la percepción en Washington de que amplias estructuras políticas mexicanas están infiltradas por el narcotráfico.

La controversia de Chihuahua y el caso Rocha Moya representan dos caras de la misma crisis nacional: la incapacidad histórica del Estado mexicano para contener el poder del narcotráfico sin depender, en mayor o menor medida, de Estados Unidos.

En Chihuahua, la discusión es si se permitió demasiado poder a agencias extranjeras; en Sinaloa, la discusión es si el crimen organizado penetró demasiado en el poder político mexicano.

Así es el camino que hoy enfrenta Maru Campos. Habrá que ver qué actores políticos locales, nacionales e internacionales la acompañan.