-Jáuregui y Sara Bruna, la justicia selectiva

-Los tres juicios de Corral

-Estrategia guinda fallida

Aunque la versión oficial ha sido prudente y mesurada por parte del fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, resulta que el peritaje por el incendio de las oficias de la Fiscalía del Estado en Ojinaga, registrado el pasado 19 de mayo, apunta a un hecho intencional.

Nos quedamos, hace unos días, con la idea de que no existían elementos concluyentes para determinar si el fuego fue accidental o provocado. El mensaje oficial fue el correcto: esperar el peritaje, no adelantar conclusiones y mantener abierta cualquier hipótesis.

Sin embargo, en los círculos ministeriales ya comenzó a circular la versión, sustentada con las debidas evidencias, de que el análisis pericial preliminar apunta a que el incendio habría sido intencional. No un corto circuito, no un accidente derivado del calor ni una falla eléctrica o una quemazón de pasto descontrolada.

El dato más delicado es el origen del fuego. Según las versiones adelantadas, la intención habría sido incendiar una de las unidades aseguradas recientemente en un operativo y resguardadas dentro del corralón adjunto a la Fiscalía, ubicada en una región clave del cruento choque que mantienen “La Línea” y “Los Cabrera”.

Los indicios periciales apuntarían a que se utilizó algún tipo de combustible para iniciar el fuego sobre ese vehículo específico, pero el incendio se salió de control.

Las llamas alcanzaron otras unidades, consumieron vehículos completos y terminaron por extenderse -tal vez convenientemente para algún grupo criminal- a otras áreas sensibles del inmueble: archivos, sala de evidencia y oficinas administrativas, como muestran las imágenes de las que disponemos en GPS edición digital.

¿Pues de quién sería el trocón asegurado? ¿Por qué y quién querría destruirlo? La intencionalidad del fuego abre más interrogantes que esas, pues no cualquiera debe tener, al menos en teoría, acceso a una instalación de esas, para rociar combustible y encenderlo, sin temor a ser detenido.

Si alguien fue capaz de ingresar o acercarse lo suficiente para prender fuego deliberadamente a una unidad bajo resguardo ministerial, el problema resulta en una vulneración severa a la seguridad de la Fiscalía... o en algún tipo de complicidad.

Lamentable, pues, si acaba por confirmarse el peritaje, como debe ser en las próximas horas.

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Entre el montón de detalles que evidencian la justicia selectiva de la Fiscalía General de la República (FGR) aparece el nombre de la exfiscal estatal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, quien debió renunciar al cargo durante la gestión del morenista Rubén Rocha Moya, en agosto de 2024.

La señora cayó después de la extracción de México a Estados Unidos del capo Ismael “El Mayo” Zambada, en un hecho que jamás terminó de esclarecerse, a pesar de que la FGR atrajo el caso con el fin de investigar y sancionar a quienes pudieran estar involucrados en lo que fue un posible secuestro y una intervención ilegal de fuerzas norteamericanas en territorio nacional.

La exfiscal se separó del cargo de forma voluntaria, después de que quedara probado que el entonces rector de Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, rival político interno de Rocha Moya, fuera asesinado en el rancho donde habría de reunirse con “El Mayo” y el gobernador sinaloense, pero la Fiscalía Estatal, a cargo de ella, montó una escena de presunto asalto en una gasolinera.

Por ese motivo nadie ha sido procesado por la FGR, hasta ahora que la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidieron la extradición de Rocha Moya y nueve de sus allegados, aunque más parece actuar la instancia investigadora como defensoría de los imputados morenistas.

El caso cobra relevancia en Chihuahua porque al exfiscal general del Estado, César Jáuregui, la FGR le tiene marcaje personal por la intervención de fuerzas norteamericanas en el desmantelamiento del narcolaboratorio del municipio de Morelos, pero de Sara Bruna ni se acuerda el Ministerio Público Federal.

Antier, el exfiscal acudió a la FGR de Juárez conforme al citatorio; la exfiscal de Sinaloa desapareció del mapa, previo acuerdo político con Rocha Moya y el morenismo de su estado. Así la ley en tiempos de la 4T.

Tal vez Jáuregui y Quiñónez son elementos menores en este terremoto político con epicentro en Chihuahua, pero sus casos son de esos detallitos que impiden confiar plenamente en la procuración de justicia federal.

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Transcurrió un mes del incidente del 20 de abril, donde varios pasajeros de Viva Aerobús con destino a Monterrey fueron dejados en tierra por sobreventa de boletos, situación que publicamos en este espacio el 6 de mayo.

Ha traído la línea aérea de un lado a otro a los afectados, hasta que por fin recibieron una llamada, diciéndoles que les sería devuelto lo pagado por concepto de TUA, la famosa Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Les ofrecieron entonces el reembolso de mil 500 pesos por pasajero, de los casi cinco mil pesos pagados por el viaje redondo CUU-MTY.

No entienden los afectados cómo es posible que solo reembolsen esa cantidad, cuando quedó muy bien establecido que no subieron al avión por causa imputable a la línea aérea y no a los pasajeros, quienes llegaron más de dos horas antes del vuelo.

En términos llanos, no subieron al avión porque estaba sobrevendido, situación que afectó gravemente a los viajeros, quienes tenían compromisos que cumplir en la ciudad regia ese mismo día que se disponían a volar.

No les quedará otra a los afectados que iniciar un procedimiento, no tanto para recuperar el dinero, sino para no dejar pasar el abuso, que volvió a repetirse el 30 de abril, pero ahora con casi 50 pasajeros.

Es demasiada la voracidad por asegurar llenos completos, aderezada con un total descontrol en los sistemas informáticos con que administran la línea aérea.

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Tres juicios políticos enfrentó Javier Corral en el Congreso del Estado en los estertores de su fallida gestión.

En el 2022 la Comisión jurisdiccional libró dos de dichos juicios, el del magistrado Gabriel Sepúlveda, quien fue separado del cargo y debió ser reinstalado por orden de la justicia federal, y el otro por Gerardo Cortinas Murra.

Consideraron los entonces legisladores locales que no había un "daño irreparable" que restaurar políticamente, por haberse restaurado el orden constitucional, como si la intromisión en otro poder no fuera suficiente.

Ese asunto de Sepúlveda quedó sepultado, pero el de Gerardo Cortinas no, porque fue revivido por resolución de un tribunal federal, que ordenó a la Comisión Jurisdiccional volver a resolver.

Igual suerte tuvo el juicio político de Otto Valles, pese a los elementos de traición a la patria, falsificación de documentos y otras pruebas que presentó el quejoso desde el 2021, por la supuesta renuncia y uso discrecional e ilegal de actas de nacimiento.

Poca utilidad tendrá resolver juicios pendientes de legislaturas pasadas, porque Corral ya no ocupa cargo estatal, sino federal.

Pero ahí están como antecedente y pendientes en limbo que aunque sólo sea para hacer ruido podrían ser resucitados los no resueltos. Sólo para incomodar al que le gusta incomodar.

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La sesión del Congreso local dejó una escena reveladora. Morena llegó ayer dispuesto a imponer presión política, pero terminó encontrándose con una mayoría que decidió responder con reglamentos, procedimientos y Ley Orgánica en mano.

El episodio tuvo como protagonista inesperado al presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, quien soportó acusaciones, descalificaciones y señalamientos de la bancada morenista.

Lo acusaron de actuar para el PAN y hasta le anticiparon un supuesto "basurero de la historia" electoral. Sin embargo, al final la conducción de la sesión permaneció dentro de los cauces parlamentarios.

Detrás del choque existe algo más profundo que el debate sobre matrimonio igualitario. Lo que realmente quedó expuesto fue una estrategia política de Morena orientada a construir un conflicto que le permitiera presentarse como defensor exclusivo de una causa social.

La fórmula ya había sido ensayada en Ciudad Juárez. Primero se genera presión, después se construye una narrativa de resistencia institucional y finalmente se busca colocar al partido como víctima de un sistema que presuntamente bloquea derechos.

La jugada no salió como estaba prevista. La mayoría legislativa decidió no entrar al terreno de la confrontación y apostó por defender los tiempos y procedimientos del Congreso.