“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Se dice que Benito Juárez acuñó esta frase, aunque en realidad no existen registros históricos de que así haya sido. Independientemente de desconocer el origen de la misma, esta frase viene a reflejar lo que ha sido una constante en México a partir de la procuración e impartición de justicia.
El principal problema de México, es decir, la raíz de la que emanan todos los flagelos que tenemos, es la falta de Estado de Derecho. La corrupción, la opacidad, la falta de educación surgen a partir de que no hay un respeto a la ley, ni instituciones encargadas de aplicarla. En México, la procuración de justicia siempre se ha usado como un ariete político. En 2015 se reformó la Constitución para dotar a la Fiscalía General de la República de cierta autonomía para evitar esto, pero en realidad no ha servido de nada. Si a esto le sumamos que ahora los jueces se eligen mediante el voto popular, concluimos que no hay Estado de Derecho en el país. Para muestra, basta ver que en el momento de más tensión desde que inició el gobierno de Sheinbaum, ese mismo gobierno se dedica a perseguir opositores en vez de atender problemas muy graves. En cualquier conferencia mañanera, siempre que se toca algún tema que vincula al actual gobierno con el crimen organizado, la respuesta es la misma: ¿Por qué no dicen nada de García Luna? La presidenta olvida que de García Luna se dijo todo, y ahora está pagando su deuda con la sociedad. Está preso y condenado. Olvida Sheinbaum que durante su gobierno y el de su antecesor, durante esas mismas conferencias mañaneras, se exhibieron datos sensibles, mismos que el gobierno tenía la obligación de mantener en sigilo; en cambio, pide que en el caso de Rocha Moya, las pruebas del asunto no sean publicadas, al mismo tiempo que exige pruebas para detener a Rocha y extraditarlo. En este caso, como hemos venido viendo en las últimas semanas, hay dos temas de procuración de justicia que han sido tratados con la distinción a que hace referencia la primera parte de este artículo: las causas penales de Rocha Moya, gobernador oficialista de Sinaloa, y de María Eugenia Campos, gobernadora opositora de Chihuahua. En el caso de las acusaciones vertidas en contra de Rocha Moya en Estados Unidos, el gobierno mexicano se ha puesto a la defensiva. Dice que no hay pruebas suficientes para extraditarlo, a pesar de que el gobierno americano pidió su detención provisional para formular la solicitud de extradición y entonces enviar las pruebas. El problema es que, a priori, el gobierno mexicano ya dijo que se trata de infundios. No fue la misma postura que asumió ese mismo gobierno quien ha estado enviando a Estados Unidos a mexicanos que se encontraban en prisiones mexicanas, sin ningún tipo de procedimiento, apelando únicamente a un tema de “seguridad nacional”. Es decir, el gobierno mexicano ha desterrado a ciudadanos mexicanos bajo el pretexto de que son un riesgo para la seguridad del país. Pero cuando se trata de Rocha Moya, casi piden que se le juzgue en ausencia y solamente entonces lo enviarían a Estados Unidos. Junto con Rocha, se le acusa también al Senador Enrique Inzunza, y a otras ocho personas, tres de las cuales ya se entregaron a Estados Unidos. Las conductas de las que se les acusa a los políticos de Morena son de vinculación con el narcotráfico. Son acusaciones gravísimas pues esto viene a evidenciar el pacto criminal entre Morena y el crimen organizado, algo que se ha venido denunciando desde hace años. No creo que haya nada más grave que un gobierno, que se supone debe proteger a los ciudadanos, sea socio o cómplice de organizaciones criminales que aterrorizan a los ciudadanos. Por lo pronto, tres personas acusadas ya están en custodia de Estados Unidos y seguramente declararán cosas que tendrán repercusiones en México. Por otro lado, está la Gobernadora de Chihuahua, quien ha sido acusada por el gobierno federal como una “traidora a la patria”. Esto por la presunta actuación de agentes de la CIA en territorio del Estado. Como si Chihuahua no fuera parte de la Unión, como si no hubiera responsabilidad del gobierno que controla el Instituto Nacional de Migración y que es el principal nivel de gobierno que tiene el deber de erradicar los narcolaboratorios. Lo que se advierte es que el gobierno federal quiere empatar cartones al subirle a la temperatura a la acusación en contra de Maru Campos. Si bien esta es una decisión del gobierno federal, lo cierto es que quien azuza e intriga en las más altas esferas de la procuración de justicia en México es Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. Siempre he dicho que era un error que Maru Campos le perdonara a Corral todas las fechorías que cometió siendo gobernador. En este mismo espacio dije que Corral, una vez con poder, haría todo lo que estuviera a su alcance para golpear a Maru Campos. La Gobernadora nunca quiso creerlo y ahora puede ver que quien más intriga en su contra es Corral. Ahora le toca a la Gobernadora defenderse, cuando pudo haber procesado a Corral para que pagara por sus delitos, y para sacarlo del camino político. La Gobernadora se dedicó a responder con bromas y risas cuando le preguntaban por Corral, esas que ahora ya no están presentes porque tiene el problema más grande de su administración. Asumo que hoy, la gobernadora se arrepiente de no haber procesado a Corral. Seguramente con Corral en la cárcel el problema de todos modos hubiera llegado, pero quizá no hubiera sido tan agudo como lo es ahora. En ambos casos, vemos una actuación política parcial por parte del gobierno federal. Un trato desigual. A Rocha, a Inzunza y a Maru Campos los citaron el mismo día para que comparecieran a la FGR a declarar. Con Rocha y con Inzunza fueron indulgentes, fue prácticamente un café para conocer su opinión de los hechos. Con Campos, en cambio, se le dio un trato como si se tratara de una persona penalmente responsable de lo que se le acusa. Incluso se ha especulado que en el caso de Campos, se le pudiera iniciar un juicio político para inhabilitarla y sacarla de la gubernatura de Chihuahua. La diferencia radica en que, sin ser malinchista, pero el sistema judicial en Estados Unidos no ha sido capturado por el gobierno. Si existe una indagatoria en Estados Unidos contra Rocha, Inzunza y otros, es porque ya pasó por varias etapas y varias personas. Aquí en México donde todo se politiza (incluida la justicia) las motivaciones de las investigaciones contra Maru Campos son enteramente políticas. El trato, como lo decía, es desigual. Cuando se detuvo y procesó a García Luna en Estados Unidos, el oficialismo celebró, pero cuando se intenta detener y procesar a Rocha y a Inzunza, se piden toda clase de pruebas. Cuando se expulsó a casi cien mexicanos a Estados Unidos para ser procesados allá, no se respetó el tratado de extradición, pero cuando en función del tratado de extradición se pide la detención de diez personas (incluido Rocha e Inzunza) el gobierno pide pruebas y se asume una pose muy procesalista. Cuando se cita a declarar a Rocha y a Inzunza, se les da el trato más decoroso y digno, mientras que a Maru Campos se le exhibe y se le golpea en la mañanera, y hasta se le amenaza con llevarla a juicio político. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas.