En los últimos años se ha vuelto frecuente que los gobiernos respondan más a las percepciones que a los diagnósticos. Las redes sociales amplifican esa tendencia. Un tema se vuelve viral, genera indignación colectiva y casi de inmediato aparecen propuestas, programas o promesas para resolverlo. Sin embargo, existe un problema elemental: una percepción, por extendida que sea, no constituye necesariamente un problema público real.

Las personas interpretamos la realidad a partir de nuestras experiencias, creencias y emociones. Es inevitable. Pero precisamente por ello las sociedades modernas desarrollaron instrumentos para distinguir entre lo que creemos y lo que realmente ocurre. La estadística, la epidemiología, la economía, la sociología o la criminología no fueron creadas para sustituir el sentido común, sino para verificarlo.

Toda política pública eficaz exige partir de un diagnóstico objetivo. Antes de definir metas o asignar recursos, es indispensable responder preguntas básicas, tales como: ¿cuál es el problema?, ¿qué tan grande es?, ¿a quién afecta?, ¿cuáles son sus causas?, ¿en qué modalidad territorial se presenta?, ¿qué factores contribuyen a reproducirlo?

Sin respuestas razonablemente precisas, las políticas terminan convirtiéndose en ejercicios de retórica administrativa. Se anuncian soluciones para problemas insuficientemente comprendidos y, como consecuencia, los resultados rara vez corresponden a las expectativas.

Este principio es válido para cualquier asunto público, pero adquiere especial relevancia cuando se trata de derechos humanos cuya protección corresponde de manera irrenunciable al Estado.

La seguridad pública es uno de ellos. La protección de la salud es otro.

No estamos hablando de servicios opcionales ni de concesiones gubernamentales sujetas a criterios ideológicos. Se trata de derechos reconocidos por el orden constitucional mexicano. Su garantía no depende de la popularidad de un gobierno ni de las preferencias de una mayoría circunstancial. Constituye una obligación jurídica permanente.

Precisamente por ello resulta preocupante lo que ocurre hoy en amplios sectores de la salud pública.

Durante años los derechohabientes han denunciado dificultades para acceder a consultas, estudios especializados, cirugías, medicamentos o tratamientos oportunos. Cada caso podría interpretarse como una experiencia individual desafortunada. Incluso podría atribuirse a una percepción subjetiva.

Pero el problema rebasa hace mucho ese terreno.

Cuando los propios trabajadores del sistema salen a las calles para exigir mejores condiciones laborales, insumos suficientes, equipamiento básico y recursos indispensables para desempeñar sus funciones, entonces estamos frente a un síntoma de otra naturaleza. Ya no se trata solamente de usuarios inconformes. Son los propios operadores del sistema quienes advierten la existencia de obstáculos estructurales para cumplir adecuadamente con su responsabilidad.

Es difícil encontrar un indicador más revelador.

Si médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo consideran que las condiciones

existentes limitan su capacidad para prestar los servicios encomendados, el debate deja de centrarse en percepciones para trasladarse al terreno de los hechos.

Lo que aparece entonces es una brecha entre el derecho reconocido por la ley y la capacidad institucional para hacerlo efectivo. Esa debiera ser la cuestión central.

Antes de discutir presupuestos, reorganizaciones administrativas o nuevos programas, resulta indispensable construir un diagnóstico objetivo sobre el estado real de las instituciones encargadas de proteger la salud de los mexicanos. La pregunta fundamental no es si existe un problema. Las evidencias muestran que sí. Ante ello, surgen preguntas relevantes: ¿cuáles son sus causas?, ¿cuál es su magnitud? y ¿qué mecanismos lo mantienen en vigor como problema?.

Sólo a partir de ese conocimiento será posible diseñar soluciones racionales.

Las sociedades suelen fracasar cuando intentan resolver problemas imaginarios. Los gobiernos fracasan cuando intentan resolver problemas reales mediante diagnósticos imaginarios.

Por ello, la primera obligación de un Estado responsable no consiste en prometer más. Consiste en conocer mejor la realidad que está obligado a transformar. Porque los derechos no se garantizan mediante discursos ni declaraciones. Se garantizan cuando las instituciones poseen la capacidad material para convertir las normas jurídicas en experiencias concretas para las personas.

Y cuando la capacidad material comienza a fallar, el problema ya no es una percepción. Es una advertencia que el Estado no puede darse el lujo de ignorar.