En tanto el país entero se indigna ante la avalancha de evidencias de la corrupción en el INE, a la cabeza de la cual se encontraba su ex presidenta, Guadalupe Taddei, el gobierno federal efectúa todas las maniobras necesarias para hacerle creer a la sociedad que las corruptelas de Taddei y su equipo no se cometieron con ellos al mando de la administración federal y que, en todo caso, no empezaron con ella.

Hacen de todo.

La presidenta, todos los días, en los últimos de la semana anterior y la actual, efectuó mil y un esfuerzos para plantar en la mente de los mexicanos que la corrupción y Taddei no son de Morena; a su vez, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, anunció que va a presentar la denuncia correspondiente en la FGR:

«Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de “a quien corresponda”, expresó en conferencia de prensa». (Nota de Erika Hernández, Reforma, 4/11/26).

Por otra parte, quien había exigido a voz en cuello que la expresidenta Taddei fuera encarcelada, el vicecoordinador de los diputados federales, Alfonso Ramirez Cuéllar, en lugar de presentar la denuncia ante la FGR, prefirió presentar una, ¡pero en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García!

A su vez, el otro ‘autónomo’ funcionario federal, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, en plena consonancia con la presidenta Sheinbaum, anunció que ha iniciado una investigación ‘de oficio’ sobre las irregularidades «en la asignación de contratos en el INE por un monto que alcanza los 9 mil millones de pesos», que alcanza a «todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos». (Nota de Antonio López Cruz, El Universal, 4/11/26).

Pero, además, en lugar de enfatizar en lo que es el escándalo —hasta ahora— de la mayor corruptela del sexenio, igual que la presidenta, anunció que las investigaciones se efectuarán sobre el período 2014 al 2026, que incluye el de «Lorenzo Córdova», en el que tanto ha insistido Sheinbaum.

Además, anunció la celebración de un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLES, de 2000 a 2025, «para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos». (Ibídem).

Ya puestos, que investiguen si las velas de la Pinta, la carabela de Colón, costaron lo que dijeron…

El escándalo llegará a Chihuahua pues ayer, sin especificar nombres, luego de que varias personas ocuparon ese cargo a lo largo de los últimos años, entre ellas Claudia Arlett "Cata" Espino, la ex titular del IEE, quien se desempeñó como titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE con Taddei, el segundo cargo más importante del organismo electoral, la actual presidenta informó que serán investigadas:

«-¿Ello implica a la consejera presidenta?, se le insistió».

«Sí, desde la ex consejera hasta quien ha ocupado la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en direcciones o alguna subdirección, cualquier persona que, en atribución de la Fiscalía, derive que es sancionable porque cometió alguna conducta que esté tipificada como delito». (Ibídem).

Pero en lugar de presentar una denuncia ante la FGR, o que ésta lo haga —de oficio— unas y otras posponen la acción que más están demandando distintos actores políticos y sociales (además de que en las redes sociales es el tema más abordado), lo que lleva a una sola conclusión: No quieren hacerlo para evitar que, a unos meses de las elecciones los mexicanos tengan más elementos para ligar a Morena con la corrupción.

Y eso es imposible que lo logren.

Taddei y sus secuaces hicieron todo lo necesario para, primero, tolerar la salvaje e ilegal campaña de las corcholatas presidenciales del 2023-2024 en las que el derroche de recursos económicos fue insultante, incluso denunciados por uno de ellas, Marcelo Ebrard, quien acusó a la actual presidenta y al ahora senador Adán Augusto López Hernández de ello.

Luego, ese INE, el de Taddei, toleró el cochinero de la elección judicial y ahora que el corcholaterío del morenaje, de las 17 entidades en las que habrá elecciones hiciera, a su vez, un salvaje derroche de dinero, además de que abiertamente violaron la ley electoral.

¿Será que por todo eso no quieren denunciarla?

¿O que, si lo hacen, se tardaron el tiempo necesario para que, tanto ella, como su proveedor favorito, José Alfredo Hernández, pudieran huir del país?

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