La crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en general, los cuestionamientos contra los organismos electorales no comenzaron con los señalamientos contra la expresidenta Guadalupe Taddei y los presuntos actos de corrupción durante su gestión; son el resultado de una larga disputa entre el poder político y la autonomía de las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres.

Recuperar la confianza exige transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, devolverle a la ciudadanía su papel como vigilante de la democracia, algo que hoy parece difícil de alcanzar.

La democracia en nuestro país enfrenta una de sus contradicciones más delicadas: las instituciones creadas para garantizar elecciones libres, imparciales y transparentes hoy tienen que demostrar que son capaces de cumplir con los principios que justificaron su nacimiento.

El Instituto Nacional Electoral, heredero de una de las transformaciones institucionales más importantes de la historia política contemporánea del país, atraviesa una crisis de credibilidad que va mucho más allá de los cuestionamientos administrativos. Los señalamientos sobre posibles actos de corrupción, conflictos de interés y contrataciones presuntamente irregulares durante la gestión de su anterior consejera presidenta, Guadalupe Taddei, han colocado nuevamente al organismo en el centro de una discusión nacional: la independencia de las autoridades electorales frente al poder político y económico.

El problema no es menor. Durante décadas, México construyó un sistema electoral cuyo principal propósito fue evitar que el gobierno en turno organizara, calificara y controlara las elecciones de acuerdo con sus propios intereses. Hoy, cuando el árbitro electoral enfrenta acusaciones sobre posibles relaciones privilegiadas con proveedores, la discusión adquiere una dimensión institucional: ¿cómo exigir imparcialidad a una autoridad que tiene dificultades para garantizar la transparencia en su propia administración?

¿Con qué autoridad moral puede defenderse la autonomía electoral si quienes tienen la responsabilidad de protegerla no son capaces de salvaguardar la integridad de la institución?

Ya existen denuncias, indicios e investigaciones. Si bien hasta el momento no hay una resolución judicial, eso no significa que la institución pueda desentenderse de su responsabilidad política y administrativa de esclarecer los hechos.

El daño institucional ya existe: la autoridad que debe vigilar la legalidad de las elecciones está obligada ahora a demostrar que sus propios procedimientos de contratación se apegaron a la legalidad.

Para entender la dimensión de esta crisis es necesario regresar al origen del sistema electoral contemporáneo.

La desconfianza en las autoridades gubernamentales fue precisamente la razón que impulsó la construcción de organismos electorales con mayores niveles de independencia.

La elección presidencial de 1988 representó uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana. La caída del sistema de cómputo, las acusaciones de fraude y la falta de credibilidad en los resultados evidenciaron la necesidad de modificar profundamente las reglas de organización electoral.

El verdadero parteaguas llegó en 1996, cuando una nueva reforma constitucional otorgó autonomía plena al Instituto Federal Electoral (IFE) y retiró al Poder Ejecutivo de su integración.

Aquella transformación permitió construir las condiciones para la alternancia presidencial de 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República, después de más de siete décadas de predominio político.

Posteriormente, las reformas de 2007-2008 modificaron las reglas de acceso a radio y televisión, el financiamiento de los partidos y los mecanismos de competencia electoral.

En 2014, una nueva reforma transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral. La modificación creó un sistema nacional de elecciones, otorgó al INE facultades de coordinación y supervisión sobre los organismos públicos locales electorales y amplió su intervención en la organización de comicios estatales.

Cada transformación respondió a problemas específicos: falta de imparcialidad, inequidad en las campañas, financiamiento irregular, conflictos postelectorales y desconfianza en los resultados.

Sin embargo, existe una constante en estos 36 años de evolución institucional: los gobiernos en turno nunca han dejado de intentar influir en las reglas electorales. Aunque la autonomía constitucional no significa aislamiento del poder político, las decisiones electorales deberían tomarse conforme a la Constitución y las leyes, sin subordinación a los intereses de quienes gobiernan.

Y precisamente ahí se encuentra una de las principales debilidades del sistema: la autonomía puede estar reconocida en el texto constitucional, pero necesita condiciones políticas, presupuestales y administrativas para hacerse efectiva.

La llegada de Morena al gobierno federal en 2018 modificó el equilibrio político nacional y reabrió una discusión que parecía superada: el papel y las dimensiones de la autoridad electoral.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impulsó una reforma electoral que buscaba transformar al INE, modificar el procedimiento de elección de sus consejeros, reducir su estructura administrativa y desaparecer los organismos públicos locales electorales.

Con Claudia Sheinbaum, la discusión no desapareció. De hecho, anunció que retomará su propuesta de reforma electoral una vez concluido el proceso electoral de 2026-2027.

Debe entenderse que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos, pero esa característica no surgió de la nada: es consecuencia de una historia de desconfianza que obligó a construir numerosos mecanismos de seguridad, supervisión y verificación.

La credencial para votar con fotografía, el padrón electoral, la lista nominal, la capacitación de ciudadanos, la instalación de casillas, los materiales electorales, los sistemas de resultados preliminares, los conteos rápidos, la fiscalización de partidos y las estructuras territoriales representan costos necesarios para garantizar certeza.

Recuperar la credibilidad del INE no significa defender a sus actuales o anteriores autoridades; significa impedir que la desconfianza que alguna vez justificó su creación termine convirtiéndose en el argumento para que el poder político vuelva a controlar las elecciones.