Hace unos días, durante un encuentro con profesionales de la medicina, compartí una experiencia que me hizo reflexionar sobre nuestro sistema de salud. Como es público, hace unas semanas sufrí una parálisis facial de Bell. Aunque he recibido atención y estoy en recuperación, esta experiencia me recordó la incertidumbre que acompaña a una enfermedad y el valor de contar con médicos capaces de atendernos.

También pensé en quienes no tienen esa posibilidad: las familias que esperan meses por una consulta, los pacientes que buscan medicamentos de hospital en hospital y quienes deben elegir entre pagar un tratamiento o cubrir las necesidades de su hogar.

Hace unos días se publicó “Salud quebrada”, un estudio elaborado por investigadores de El Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública. Su diagnóstico es alarmante: hoy, 40 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud y seis millones de familias han enfrentado gastos médicos difíciles o imposibles de pagar, lo que ha llevado a muchas de ellas a caer en la pobreza. Mientras tanto, la inversión pública en salud permanece por debajo del 3% del producto interno bruto, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La crisis también golpea a quienes sostienen hospitales y consultorios. Según la investigación, tres de cada cuatro integrantes del personal médico trabajan en condiciones de precariedad, que pueden incluir bajos salarios, falta de contrato o jornadas excesivas. Entre el personal de enfermería, la cifra alcanza 67%. A ello se suman la escasez de medicamentos, equipos e insumos. Las protestas recientes del personal del IMSS se entienden en este contexto.

Es inadmisible que quienes cuidan nuestra salud trabajen en esas condiciones y que, pese a su esfuerzo, millones de mexicanos sigan sin atención.

México arrastra desde hace décadas insuficiencia presupuestal e infraestructura limitada. Pero las decisiones del sexenio anterior agravaron los problemas. La desaparición del Seguro Popular, su sustitución por el Insabi y la posterior transferencia de responsabilidades al IMSS-Bienestar encadenaron reformas sin garantizar la continuidad de los servicios. En lugar de corregir las deficiencias de las instituciones existentes, el Gobierno federal decidió reconstruir el sistema sobre la marcha.

Los resultados están a la vista. Entre 2018 y 2024, según el estudio, la proporción de hogares sin aseguramiento médico en los municipios de mayor rezago pasó del 6% al 62%. Es una cifra que obliga a cuestionar esas decisiones. También revela una contradicción: un gobierno que hizo del apoyo a los más pobres su principal bandera dejó que esas comunidades perdieran buena parte de la protección sanitaria alcanzada. El costo de la incompetencia.

Ante este panorama, los gobiernos estatales y municipales tienen la responsabilidad de construir alternativas.

En Chihuahua, el Gobierno del Estado ha impulsado MediChihuahua para atender a personas sin seguridad social. Al cierre de marzo de 2026, el programa había afiliado a cerca de 560 mil personas. Es una respuesta concreta a las carencias que enfrentan miles de familias.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Chihuahua también se ha hecho lo propio. Hasta este año, a través del IMPAS, se habían otorgado 86,642 consultas de salud mental, 43,056 consultas médicas, 9,990 consultas dentales y 120,827 servicios de rehabilitación. La Clínica Metabólica brindó 684 consultas especializadas y la Clínica Punta Oriente más de ocho mil.

Estos resultados muestran que es posible ampliar la atención desde lo local. Son una base que se debe defender y fortalecer, con más prevención, diagnósticos oportunos, mejores condiciones para el personal sanitario y servicios cercanos a las familias.

La discusión es también sobre el rumbo que queremos para nuestro estado. De cara al próximo año, sería bueno contrastar alternativas: por una parte, los servicios de salud operados por gobierno del estado de Chihuahua ofrecen atención preventiva, servicios de primer nivel, consultas de especialidad, atención hospitalaria de segundo nivel y medicamentos para más de medio millón de chihuahuenses que no tenían ninguna cobertura. Por la otra, está lo que Morena ya ha hecho con la salud en los estados donde gobierna: incorporar los servicios estatales al IMSS-Bienestar mediante convenios, transferir a la federación los recursos, hospitales y programas y, en pocas palabras, entregar los sistemas de salud locales, con todo lo que implica. No es un tema menor.

Por eso, defender nuestra salud significa pensar en lo que sigue. Necesitamos construir una agenda estatal de salud con la participación de médicos, enfermeras, especialistas y ciudadanos. Una agenda que parta de las necesidades reales de Chihuahua, fortalezca nuestras instituciones y coloque la prevención, la atención oportuna y la dignidad de los pacientes en el centro de las decisiones. Una agenda que garantice la salud para cientos de miles de chihuahuenses.

Mi experiencia reciente me recordó que cualquiera puede convertirse en paciente de un día para otro. Por eso sé que detrás de cada cifra hay personas que necesitan respuestas, no excusas.

La salud de los chihuahuenses es demasiado importante para dejarla a merced de ocurrencias. No podemos permitir que el fracaso de un modelo nacional se convierta en el futuro de nuestro estado. Chihuahua debe defender sus instituciones, exigir los recursos que le corresponden y decidir su propio rumbo en materia de salud.

Porque lo que está en juego no es un programa de gobierno. Es la salud y la vida de nuestras familias.