Las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas incorporadas al sistema educativo del Estado de Chihuahua, tienen la obligación de conocer y aplicar el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Chihuahua, el cual fue implementado en el año 2022.

Uno de los apartados que contempla este Protocolo es el de la prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que implica poner en práctica estrategias y medidas para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección.

Ahora bien, dentro de las acciones que están obligadas a realizar tanto las personas directoras como subdirectoras, se encuentran, por mencionar algunas, la estrecha supervisión sobre la forma en que se relaciona el personal docente con el alumnado; la realización de visitas periódicas de supervisión a las aulas; la identificación en el plantel de los espacios físicos de riesgo y el establecimiento de medidas de seguridad, como la constituir un grupo rotativo de docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal (baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, escaleras, estacionamientos, entre otras áreas identificadas como de riesgo).

Sin embargo, dichas obligaciones también deben ser supervisadas por la Subsecretaría de Educación Zona Norte, ya que tendría que verificar que todas las responsabilidades de los actores de la comunidad escolar que se desprenden dentro del Protocolo y que su cumplimiento se encuentre acreditado mediante evidencias documentadas. Por otro lado, la misma Subsecretaría tiene la obligación de brindar la capacitación y asesoría necesarias a las instituciones educativas para la implementación del Protocolo; contar con procesos de formación para docentes en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e implementar el Sistema de Información para el Registro de Casos de Abuso Sexual, Acoso escolar y Maltrato en niñas, niños y adolescentes, para contar con un registro de casos que permita obtener estadísticas locales para evaluar y mejorar las estrategias.

La pregunta obligada que debemos hacernos en un contexto en el que últimamente se han presentado agresiones sexuales contra niñas y niños en escuelas es si verdaderamente dicho Protocolo se aplica y si el personal docente y administrativo recibe cursos de capacitación sobre el tema de la violencia de género y construcción de espacios seguros libres de violencia.

Así tenemos una serie de respuestas de supervisores y supervisoras obtenidas a través del Portal de Transparencia de distintas zonas de la ciudad, por ejemplo el supervisor de la zona 34 precisó que sobre estos temas se realizan dos capacitaciones por año y las visitas de supervisión a cada escuela también son dos por año. Por otro lado, la supervisora de la zona 36 señaló que hace falta capacitación directamente al personal por parte del Programa de Convivencia Escolar, la cual se había solicitado durante el ciclo escolar sin obtener respuesta. Asimismo, la supervisora de la zona 39 señaló que los protocolos de actuación contra la violencia de género se encuentran en los acuerdos de convivencia escolar.

Además, la supervisora de educación especial de la zona 99 señaló que se cuenta con un protocolo de actuación para casos de violencia; sin embargo, no está enfocado específicamente en la violencia de género, sino en la violencia en general. Por otro lado, la supervisora de la zona 29 señaló que no cuenta con protocolo de actuación en casos de violencia de género. De igual modo, la supervisora de la zona escolar 38 de preescolar precisó que no cuenta con protocolo de violencia ni personal capacitado al respecto. En el mismo sentido señaló la inspectora escolar de la zona 107 de preescolar que no se cuenta con dicho protocolo.

El problema, entonces, parece encontrarse en dos dimensiones. Por un lado, las respuestas obtenidas nos permiten identificar que existe un Protocolo Único general para prevenir, detectar y actuar frente a distintas formas de violencia contra niñas y niños, incluido el abuso sexual. Pero no existe un protocolo especializado en violencia de género en el ámbito escolar. Por otro, existe una distancia preocupante entre lo que establece el Protocolo vigente y su aplicación cotidiana en las escuelas.

Tener un documento institucional no garantiza, por sí mismo, espacios seguros para niñas y niños. Se requiere capacitación permanente, supervisión efectiva, registros confiables y, sobre todo, autoridades educativas que verifiquen que cada plantel conozca y aplique realmente las medidas de prevención y actuación.

Cuando hablamos de agresiones sexuales contra niñas y niños, la prevención no puede depender de la voluntad de cada plantel, de cada directora o director, ni reducirse a un par de visitas de supervisión durante el ciclo escolar.

La obligación de proteger a la infancia es permanente.